UN EURO NO ES NADA PERO LA INJUSTICIA, MUCHO.
LA SALA de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de
condenar a Unidad Editorial y a Pedro J. Ramírez, director de EL MUNDO, a pagar
un euro a Baltasar Garzón por lesionar su honor con una serie de comentarios y
opiniones a raíz de su actuación en el caso del ácido bórico en 2006.
Un euro es una suma insignificante, pero evidentemente lo de menos es la cuantía de la sanción, que tiene un valor simbólico. Lo sustancial es que el Supremo considera que este periódico se ha excedido en sus juicios sobre Garzón, lo cual rechazamos de plano.
Todas y cada una de las expresiones de los titulares, editoriales, artículos del director y de los columnistas por las que nos han condenado entran dentro de la legítima libertad de expresión y valoración de los hechos, reconocida en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y del propio Supremo.
Para que los lectores puedan juzgar, las expresiones contenidas en la demanda que Garzón considera injuriosas son: que sus decisiones fueron un «montaje judicial», que puso «una trampa a los peritos», que «actuó con mala fe procesal», que «linchó a tres víctimas inocentes» y que maniobró para «esconder una caza de brujas desatada en Interior» por el 11-M. En sendos artículos de opinión, Jiménez Losantos calificaba su proceder de «barbaridad legal» y Erasmo -seudónimo del difunto José Luis Gutiérrez- decía que el juez «interroga como un nazi».
Todos esos juicios de valor estaban justificados por la narración de unos hechos que la propia sentencia califica de «veraces» y que para nada se referían a la vida privada de Garzón ni le atribuían conductas delictivas o reprobables, más allá de las legítimas críticas a su actuación como juez.
Pues bien, si el Supremo condena a Unidad Editorial a pagar un euro, también debería autocondenarse a una suma tal vez superior por las expresiones que sus propios magistrados de la Sala de lo Penal utilizan en las resoluciones contra Garzón. Así en el auto de absolución sobre su investigación de los crímenes del franquismo, los magistrados le reprochan «un abuso de sus facultades jurisdiccionales» y de recurrir a «construcciones formales que no existen en el Derecho».
En el escrito del juez que archiva la causa del Santander y considera probado un delito de cohecho que ha prescrito, se dice que «actuó por gratitud hacia las dádivas» de Botín y que puso en marcha «una metodología recaudatoria en su propio beneficio». Y en su condena por las escuchas ilegales, que «sus prácticas eran propias de regímenes totalitarios» -como el nazi, ¿no?- y que «buscaba la verdad a cualquier precio», entre otras lindezas.
La sentencia contra EL MUNDO contradice también los criterios del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que absolvió a Otegi por llamar «torturador» al Rey y al proetarra Castells por decir que el Gobierno de González y el PSOE instigaban la comisión de actos terroristas y «la eliminación física» de los disidentes.
El MUNDO ha sido medido con otro rasero, tal vez porque era fácil condenarle por un euro. Pero como la injusticia es un precio inaceptable para un periódico que se ha distinguido por hablar claro y llamar a las cosas por su nombre dentro de un estricto respeto a la ley, recurriremos en amparo ante el Tribunal Constitucional. (e-Pésimo.Auxiliar 1/El Mundo)
Un euro es una suma insignificante, pero evidentemente lo de menos es la cuantía de la sanción, que tiene un valor simbólico. Lo sustancial es que el Supremo considera que este periódico se ha excedido en sus juicios sobre Garzón, lo cual rechazamos de plano.
Todas y cada una de las expresiones de los titulares, editoriales, artículos del director y de los columnistas por las que nos han condenado entran dentro de la legítima libertad de expresión y valoración de los hechos, reconocida en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y del propio Supremo.
Para que los lectores puedan juzgar, las expresiones contenidas en la demanda que Garzón considera injuriosas son: que sus decisiones fueron un «montaje judicial», que puso «una trampa a los peritos», que «actuó con mala fe procesal», que «linchó a tres víctimas inocentes» y que maniobró para «esconder una caza de brujas desatada en Interior» por el 11-M. En sendos artículos de opinión, Jiménez Losantos calificaba su proceder de «barbaridad legal» y Erasmo -seudónimo del difunto José Luis Gutiérrez- decía que el juez «interroga como un nazi».
Todos esos juicios de valor estaban justificados por la narración de unos hechos que la propia sentencia califica de «veraces» y que para nada se referían a la vida privada de Garzón ni le atribuían conductas delictivas o reprobables, más allá de las legítimas críticas a su actuación como juez.
Pues bien, si el Supremo condena a Unidad Editorial a pagar un euro, también debería autocondenarse a una suma tal vez superior por las expresiones que sus propios magistrados de la Sala de lo Penal utilizan en las resoluciones contra Garzón. Así en el auto de absolución sobre su investigación de los crímenes del franquismo, los magistrados le reprochan «un abuso de sus facultades jurisdiccionales» y de recurrir a «construcciones formales que no existen en el Derecho».
En el escrito del juez que archiva la causa del Santander y considera probado un delito de cohecho que ha prescrito, se dice que «actuó por gratitud hacia las dádivas» de Botín y que puso en marcha «una metodología recaudatoria en su propio beneficio». Y en su condena por las escuchas ilegales, que «sus prácticas eran propias de regímenes totalitarios» -como el nazi, ¿no?- y que «buscaba la verdad a cualquier precio», entre otras lindezas.
La sentencia contra EL MUNDO contradice también los criterios del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que absolvió a Otegi por llamar «torturador» al Rey y al proetarra Castells por decir que el Gobierno de González y el PSOE instigaban la comisión de actos terroristas y «la eliminación física» de los disidentes.
El MUNDO ha sido medido con otro rasero, tal vez porque era fácil condenarle por un euro. Pero como la injusticia es un precio inaceptable para un periódico que se ha distinguido por hablar claro y llamar a las cosas por su nombre dentro de un estricto respeto a la ley, recurriremos en amparo ante el Tribunal Constitucional. (e-Pésimo.Auxiliar 1/El Mundo)
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