NO LES PERDONARÉ...

 (No les perdonaré, a los separatistas catalanistas, el enorme tiempo y energía que nos han hecho perder. Aparte de los insultos, victimismos y chantajes que hemos tenido que soportar.)

DIEZ RAZONES DE PESO.

ESPAÑA: A FONDO
Ayer se consumó el primer paso en el intento de ruptura de la unidad de España. En total, 85 parlamentarios (todos los de CiU, los de ERC y los de ICV, además de uno de CUP), que representan a menos del 40% del censo electoral, han decidido dar un salto en el vacío que tendrá consecuencias muy negativas, en primer lugar, para los ciudadanos de Cataluña.

A esa votación se llega con una fuerte división interna de la coalición gobernante (parcheada in extremis por sus líderes Mas y Duran), y con la amenaza de ruptura del PSC. Claramente, el vencedor de este viaje hacia ninguna parte es Oriol Junqueras, líder de ERC.

La declaración aprobada establece «la soberanía democrática del pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico», así como el «derecho a decidir».

¿Y ahora qué? ¿Qué consecuencias tendrá esta exhibición de irresponsabilidad?

Como respuesta, resumo los 10 puntos esenciales del informe del Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional, José Martín y Pérez de Nanclares, remitido al Gobierno el 20 de diciembre.

1º El derecho de autodeterminación no es aplicable a Cataluña ya que no se encuadra en un proceso descolonizador, ni es un caso de pueblo anexionado por consquista, dominación, ni es un pueblo oprimido por violación masiva de derechos humanos.

2º Ninguna constitución federal reconoce el derecho de secesión. Cualquier aspiración secesionista debe basarse en el pacto y requiere una reforma constitucional previa.

3º La UE es una unión de Estados. La Unión debe respetar «especialmente» las funciones que garantizan la integridad territorial de sus miembros.

4º Una eventual independencia, colocaría a Cataluña fuera de la UE, que habría de someterse al procedimiento de adhesión.

5º La ciudadanía europea no es originaria, sino que deriva del hecho de gozar de la nacionalidad de un Estado miembro. Cualquier aspiración democrática de una comunidad autónoma debe canalizarse dentro del respeto al ordenamiento jurídico interno.

6º El principio de integridad territorial del Estado constituye un elemento básico del Derecho Internacional.

7º No existe el derecho de secesión en las constituciones democráticas. La secesión de Quebec sólo sería factible tras la reforma de la Constitución, según resolución del Tribunal Supremo de Canadá.

8º El Congreso rechazó por 286 votos contra 5 y 11 abstenciones el reconocimiento del derecho de autodeterminación que pretendió el diputado vasco Francisco Letamendía.

9º Una Cataluña independiente quedaría ipso facto fuera de la UE.

10º Una Cataluña independiente quedaría fuera del euro.
Son razones de peso para que la sociedad catalana perciba los peligros que conlleva la declaración aprobada ayer.

Probablemente, en el corto plazo, no tendrá consecuencias jurídicas, pero abre la vía a un proceso de secesión ilegal. (Casimiro Garcia-Abadillo/El Mundo/Caffe Reggio.).

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CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN

Ante la pirueta secesionista de Oriol Junqueras y su marioneta Arturo Mas la respuesta de Mariano Rajoy y de Alfredo Pérez Rubalcaba no puede ser otra que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Eso es lo que juraron o prometieron ante el Rey al tomar posesión de los cargos que jalonaron su vida.

La Constitución abre cauces en el Título X para que Junqueras y su títere Mas planteen dentro de la legalidad sus aspiraciones secesionistas. Si no lo hacen así, la maquinaria del Estado de Derecho debe entrar en funcionamiento para descargar sobre los rebeldes todo el peso de la ley.

La respuesta de Rajoy no puede consistir en no hacer nada. El desafío de Junqueras y su muñeco Mas tiene alcance mucho mayor que el de Ibarreche. Tal vez sea prudente esperar a que la Generalidad mueva ficha para responder con los argumentos constitucionales precisos. Pero mantenerse de brazos caídos es un error. Un error más de los muchos que en Moncloa se han cometido y ahí está el resultado: el agrio desafío de Junqueras y Mas a la unidad de España. La gran política consiste en prevenir no en curar.

Con la mesura necesaria, con la prudencia del gobernante serio, sin aspavientos ni vehemencias, el Gobierno español tiene la obligación de salir al paso de la insolencia del secesionismo catalán. Tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. (Luis Maria Ansón/El Imparcial).

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¿QUÉ HACER CON EL PROBLEMA CATALÁN?

La novena –o décima, que ya nadie sabe cuántas van– cháchara retórica de la Cámara autonómica catalana anunciando su afán soberanista posee el mismo valor jurídico que las diez –u once– anteriores: ninguno. De hecho, y aunque nadie se acuerde a estas horas, a finales de septiembre, justo antes de disolverse, el Parlament depuso otra muy solemne nadería apocalíptica frente a la indiferencia general de crítica y público. Precedentes todos ellos llamados a adornar con un par de incongruencias lógicas la eventual interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo.

La primera, digna del mismísimo Perogrullo. Porque si el Hemiciclo local hubiera declarado la soberanía de Cataluña el otro día, ¿para qué iba Mas a querer convocar un referéndum con el propósito de volver a proclamarla por segunda vez consecutiva? La otra, en fin, sería de orden diacrónico. Pues o recurre ahora el Gobierno las once –o doce– previas, o no tendría sentido alguno pretender anular exclusivamente la última. La doctrina, por lo demás respetable, de Espartero, que como es sabido postulaba bombardear Barcelona cada cincuenta años a modo de terapia para los males de la región, subyace hoy en los afanes de alguna España exaltada. La imagen del buque Uruguay alojando de nuevo al Gobierno de la Generalitat en sus bodegas resulta grata a ciertas fantasías.

Sin embargo, conviene aprender del pasado. Y no, por cierto, del más remoto. Así, cuando el Plan Ibarretxe, el entonces ministro de Justicia, Michavila, incurrió en la torpeza de apelar antes de tiempo al Constitucional. La consecuencia de tantas premuras no sería otra que una patada al Gobierno en el culo de Aznar: el Tribunal desestimó el recurso. Aún no había llegado el momento procesal oportuno. 

Como ahora. Artur Mas firmará su sentencia de muerte política en el instante mismo en que convoque su plebiscito. En ese momento, la Fiscalía General del Estado podrá acusarlo de un delito de prevaricación. Amén de otro de desobediencia si persistiera en su actitud. Figuras ambas tipificadas y que llevan asociada la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. En ese momento, pues, pero no antes. Mientras tanto, mejor recurrir la Declaración, aunque no en el Constitucional sino ante la Academia de la Historia. ¡Cuánta trola! (José Garcia Domínguez/ld)