(Los chorizos catalanistas-separatistas actúan fuera de la legalidad vigente. Son, por tanto, unos delincuentes políticos que, además, insultan a todos los españoles decentes.
¿Esperan que tanto desprecio a España y a los españoles les salga gratis? Lo dudo. Incluso a pesar del alelado Mariano. ¡Cuidado Mariano! No sólo ellos juegan con fuego.)
EL GOBIERNO DEBE RECURRIR ANTE EL
CONSTITUCIONAL.
EL PARLAMENTO catalán cometió ayer un
flagrante acto de ilegalidad, vulnerando «el abc de la democracia» como
argumentó el diputado Albert Rivera, al aprobar una declaración de soberanía
que proclama que «Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática,
carácter de sujeto político y jurídico soberano». Ello contradice frontalmente
el artículo 1 de la Constitución que señala que «la soberanía nacional reside
en el pueblo español».
Esa declaración, dejando al margen la polémica de si tiene o no efectos jurídicos, se inscribe en el comienzo de un proceso cuya finalidad es la creación de un Estado propio catalán tras la celebración de una consulta, como está escrito en el pacto de legislatura entre CiU y ERC y han dejado muy claro Artur Mas y Oriol Junqueras en repetidas ocasiones.
Por ello, lo que sucedió ayer en el Parlamento catalán es que 85 diputados de los partidos soberanistas usurparon la voluntad de toda la nación española. Esos diputados representan a un 37% del censo electoral de la población catalana y sus votantes suponen el 5,6% del censo electoral de toda España. Por tanto, una pequeña minoría se está arrogando el derecho a decidir de todos.
No faltara quien argumente que con mayorías similares se aprueban las leyes en muchos Parlamentos. Pero la diferencia es que estamos ante una cuestión que afecta al futuro de la nación. El propio Artur Mas pidió «una mayoría excepcional» para iniciar el camino hacia la independencia. ¿Considera que ese 37% cumple ese requisito?
Lo que pudimos contemplar ayer en el Parlament fue la profunda división de la sociedad catalana con tres partidos como el PSC -a pesar de los cinco diputados que no votaron-, el PP y Ciutadans, que se negaron a aceptar esta moción unilateral e ilegal.
Sería un acto de autismo político ignorar que estamos ante una hoja de ruta hacia la independencia y un abierto desafío al Estado. Ello debería tener una respuesta inequívoca e inmediata del Gobierno de Rajoy, que sólo se puede plasmar en términos jurídicos en la impugnación de esa resolución.
El Ejecutivo debería dar órdenes hoy mismo a la abogacía del Estado para recurrir ante el Constitucional la declaración en base a lo que establece el artículo 161.2 de la Carta Magna, que permite «impugnar las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas».
Hay sobrados argumentos para hacerlo y algunos de ellos aparecen en un reciente informe del Ministerio de Exteriores, que hoy publicamos, que concluye que Cataluña carece de soberanía y no puede autodeterminarse, según los Tratados de la Unión Europea, el derecho internacional y las disposiciones de la ONU.
Lo de ayer fue sencillamente una farsa que menoscaba la propia dignidad del Parlamento catalán, que, en lugar de defender la legalidad constitucional, se ha prestado a un aventurerismo que sólo puede acabar mal y que, de momento, ya ha sembrado la semilla de la discordia entre los catalanes. (El Mundo/ E-Pésimo Auxiliar1)
Esa declaración, dejando al margen la polémica de si tiene o no efectos jurídicos, se inscribe en el comienzo de un proceso cuya finalidad es la creación de un Estado propio catalán tras la celebración de una consulta, como está escrito en el pacto de legislatura entre CiU y ERC y han dejado muy claro Artur Mas y Oriol Junqueras en repetidas ocasiones.
Por ello, lo que sucedió ayer en el Parlamento catalán es que 85 diputados de los partidos soberanistas usurparon la voluntad de toda la nación española. Esos diputados representan a un 37% del censo electoral de la población catalana y sus votantes suponen el 5,6% del censo electoral de toda España. Por tanto, una pequeña minoría se está arrogando el derecho a decidir de todos.
No faltara quien argumente que con mayorías similares se aprueban las leyes en muchos Parlamentos. Pero la diferencia es que estamos ante una cuestión que afecta al futuro de la nación. El propio Artur Mas pidió «una mayoría excepcional» para iniciar el camino hacia la independencia. ¿Considera que ese 37% cumple ese requisito?
Lo que pudimos contemplar ayer en el Parlament fue la profunda división de la sociedad catalana con tres partidos como el PSC -a pesar de los cinco diputados que no votaron-, el PP y Ciutadans, que se negaron a aceptar esta moción unilateral e ilegal.
Sería un acto de autismo político ignorar que estamos ante una hoja de ruta hacia la independencia y un abierto desafío al Estado. Ello debería tener una respuesta inequívoca e inmediata del Gobierno de Rajoy, que sólo se puede plasmar en términos jurídicos en la impugnación de esa resolución.
El Ejecutivo debería dar órdenes hoy mismo a la abogacía del Estado para recurrir ante el Constitucional la declaración en base a lo que establece el artículo 161.2 de la Carta Magna, que permite «impugnar las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas».
Hay sobrados argumentos para hacerlo y algunos de ellos aparecen en un reciente informe del Ministerio de Exteriores, que hoy publicamos, que concluye que Cataluña carece de soberanía y no puede autodeterminarse, según los Tratados de la Unión Europea, el derecho internacional y las disposiciones de la ONU.
Lo de ayer fue sencillamente una farsa que menoscaba la propia dignidad del Parlamento catalán, que, en lugar de defender la legalidad constitucional, se ha prestado a un aventurerismo que sólo puede acabar mal y que, de momento, ya ha sembrado la semilla de la discordia entre los catalanes. (El Mundo/ E-Pésimo Auxiliar1)
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