CASO PRETORIA

 (¿Será la pared que frenará el 'caso Pujol', o solamente el principio de la extendida corrupción política catalana?)

 CASO PRETORIA.

Los imputados por el caso Pretoria, de presunta corrupción entorno al ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y otros municipios barceloneses, están cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados, después de que la Audiencia Nacional haya llegado ya al final de la instrucción del caso y haya propuesto a las acusaciones que se lleve a juicio a 11 imputados. Incluyendo a dos nombres clásicos -y controvertidos- del pujolismo y de la CDC de los negocios, Alavedra y Prenafeta, y a dos ex dirigentes del PSC, el ex diputado autonómico Luis García y el ex alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz.

En un auto dado a conocer este jueves, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz convierte en procedimiento abreviado las actuaciones abiertas en la instrucción del caso Pretoria, y propone abrir juicio oral, por un delito continuado de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, contra 11 de las personas que quedaban imputadas, de una lista inicial de 20, de la cual han caído, por sobreseimiento, otras nueve.

Entre estos 11 imputados, destacan cinco nombres fundamentales. Se trata del ex consejero de Gobernación y de Economía en época de los Gobiernos autonómicos de Jordi Pujol Macià Alavedra; el ex secretario general de Presidencia, también en época de Pujol, Lluís Prenafeta; el ex alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el ex concejal de Urbanismo del municipio, el también socialista Manuel Dobarco, y el considerado como líder de la trama, el ex diputado autonómico del PSC Luis García, más conocido como Luigi.

El resto de imputados son los empresarios Josep Singla y Manuel Carrillo, los presuntos testaferros Manuel Valera y Philip McMahann; Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra; y Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta.

Solo dos pasos hasta el juicio oral.

Tras este auto, el único paso que separa a los imputados del banquillo de los acusados es que el Fiscal y las acusaciones formulen su escrito de acusación solicitando el juicio, -algo que ocurrirá con casi total seguridad-, o bien pidan el sobreseimiento de la causa, para lo cual tienen 10 días de plazo.

El caso Pretoria estalló hace ya más de cinco años, en octubre de 2009, cuando una gran operación policial ordenada por el entonces juez estrella de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres acabó con una veintena de detenciones. Tras esta actuación, los cinco principales imputados, Alavedra, Prenafeta, Muñoz y Luigi, fueron encarcelados durante unos días, hasta que abonaron una fianza millonaria impuesta por el propio Garzón.

Según cree "indiciariamente acreditado" el juez, los imputados formaban parte de una trama de corrupción urbanística con epicentro en Santa Coloma, que habría operado desde el año 2000 hasta el momento de las detenciones, en 2009. La trama habría llevado a cabo "labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal" de Barcelona. En estas operaciones, la "intervención principal" la habría llevado a cabo el ex diputado autonómico socialista Luis García.

El método de la trama corrupta.

El modus operandi de la presunta trama corrupta, según cree el juez, habría sido el clásico en otros casos similares: conseguir adjudicaciones de terrenos, recalificarlos y venderlos a un precio muy superior. A cambio de estas operaciones, los mediadores habrían recibido "cuantiosas" comisiones ilegales, que oscurecían mediante entramados societarios y financieros.

Según cree el juez, Prenafeta habría obtenido 14,9 millones por estas comisiones, Alavedra se habría llevado 6 millones, 5,8 García y 1,7 Muñoz. Además, Los dos exaltos cargos del pujolismo ocultaron el dinero a Hacienda, y presentaron declaraciones complementarias solo después de que se iniciara la investigación penal.

(Crónica Global)