Plataforma per la Llengua y Consum Català ofrecen formularios para denunciar la rotulación en castellano
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Desde 2003, las sanciones lingüísticas se han multiplicado en Cataluña. Así lo demuestran las estadísticas de la Agencia Catalana de Consumo, organismo dependiente de la Conselleria de Economía, y que es responsable de las multas impuestas a los comerciantes que no rotulan en catalán.En el año 2003 se pusieron dos multas lingüísticas por un valor total de 1.200 euros. En 2008 se alcanzaron los 209 establecimientos sancionados y el tripartito recaudó 208.200 euros.
La Generalitat dispone de oficinas virtuales que permiten al ciudadano denunciar los establecimientos que no cumplen con la obligación de proporcionar información al consumidor en catalán, infracción que gracias al nuevo Código de Consumo, conlleva multas de 10.000 euros -hasta ahora eran 3.000-.
Pero el tripartito cuenta con la ayuda inestimable de plataformas dedicadas al fomento de la lengua catalana que facilitan la delación a través de sus portales en Internet. Estas asociaciones reciben subvenciones millonarias, en su mayoría procedentes de consellerias dirigidas por ERC, aunque también hay ayudas otorgadas por departamentos socialistas.
Una de las entidades más agraciadas es Plataforma per la Llengua y su rama juvenil, el colectivo Esbarzer, cuya finalidad es trabajar «para promover la lengua catalana como instrumento de cohesión social». Los responsables de esta entidad se jactan de haber tramitado 3.500 quejas contra el Gremio de empresarios del cine, que como se sabe, se oponen a las cuotas de doblaje al catalán que contempla la nueva ley del cine. En esta normativa se prevén sanciones de 75.000 euros.
La web de Plataforma per la Llengua ofrece el enlace «Consulta i queixa´t», donde se puede delatar a los establecimientos que no promueven el catalán. En los últimos tres años, L´Esbarzer-Plataforma per la Llengua ha recibido subvenciones por valor de 1,7 millones de euros.
L´Esbarzer comparte sede con Òmnium Cultural, cuyos dirigentes son miembros del consejo consultivo de Plataforma per la Llengua. Òmnium, impulsora de campañas de inmersión lingüística, fue declarada en 2009 entidad de «utilidad pública» por la Generalitat y, por tanto, disfruta de excenciones fiscales. Entre 2004 y 2008, recibió unas ayudas de 7,6 millones.
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