UPyD.

UPyD exige una auditoría inmediata en IB3

Denuncia falta de profesionalidad en la dirección, monopolio encubierto, financiación deficiente e indicios de presunta corrupción

Palma, 27 de febrero de 2010

Francisco Alegret Crespí, coportavoz de UPyD Baleares y responsable de su grupo de análisis de medios audiovisuales, ha señalado ayer varias de las circunstancias que hacen urgente una auditoría del ente público IB3. Para Alegret, "las revelaciones de los últimos días en torno al presunto papel de Vídeo-U como oficina de colocación y fuente de financiación ilegal de Unió Mallorquina justifican la exigencia de una auditoría rigurosa de IB3, que el presidente Antich debería ser el más interesado en impulsar. UPyD propone reconsiderar el modelo de televisión pública y, en todo caso, la racionalización de su financiación, de sus procedimientos de contratación y de sus contenidos, a la vista de los motivos que hacen de él una empresa dañina para el sector audiovisual de las Islas Baleares, ruinosa para el contribuyente y superflua desde el punto de vista de sus resultados."

Falta de profesionalidad de la dirección de IB3

Según Alegret, "otras televisiones autonómicas optaron por contratar a profesionales del medio televisivo que, retirados de TVE, encuentran en las televisiones autonómicas un medio muy digno de acabar su carrera profesional. Por el contrario, en Baleares se optó por el cargo político: Antoni Martorell, una persona notoriamente carente de cualificación para el cargo pero cuya carrera política estaba directamente vinculada con Maria Antònia Munar."

Monopolio encubierto de dos grandes grupos audiovisuales.

UPyD critica también que "IB3 está en manos de los dos grandes grupos de comunicación de las islas, a saber, los de Sinto Farrús (con SBT a la cabeza) y Pedro Serra. Estos grupos audiovisuales eligen los programas que la cadena va a realizar, el precio que desean por ellos y hasta la forma de cobro. Entre ellos se reparten el pastel y dejan las migajas para el resto de productoras de las islas, de las cuales algunas llevan mas de ocho meses sin cobrar. Ésta sin duda no es manera de generar tejido audiovisual en las islas."

Alegret continúa: "La concesión de contratos de programas a realizar se realiza a puerta cerrada, entre los dos grandes de siempre, sin dar opción al resto de productoras. La aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas exige que se respeten unos principios básicos de publicidad, concurrencia, etc. que podrían dificultar la obtención de las concesiones de programas a estos dos grandes grupos. La ley no se aplica argumentando que la inspiración, el arte y el talento no se pueden medir. De ello deberíamos deducir que los programas de IB3 encierran un talento y una inspiración que sólo pueden aportar estos dos grupos audiovisuales, pero ello se contradice con los pobres resultados en audiencia. Ni hay competencia ni hay resultados."

Más que dudosa y poco operativa financiación del grupo.

"Los presupuestos de IB3", sigue Francisco Alegret, "nunca han sido reales y tradicionalmente se han debido incrementar, anualmente y a finales de ejercicio, casi coincidiendo con las navidades, en 25 millones de euros. Además, parte del dinero de los presupuestos oficiales se le entrega a la cadena en préstamo a largo plazo: pan para hoy y hambre para mañana. Por ello no es de extrañar que dicha cadena arrastre una deuda que (sólo la bancaria) ya ronda los 200 millones de euros, una deuda que pagan con sus impuestos unos ciudadanos que francamente dan la espalda a la programación de la cadena." Alegret, que es miembro del Consejo Territorial de UPyD en Baleares y de su Consejo Político Nacional, asegura que "es necesario tomarse en serio la financiación de la cadena con el objetivo de aportar seguridad a la misma en sus gastos operativos."

La conexión UM-IB3

Días atrás, UPyD ya destacó la "fabulosa telaraña tejida por UM en las empresas públicas audiovisuales". Francisco Alegret hablaba entonces de "colonización" de los medios públicos de radiotelevisión. Según Alegret, "el relato de esta colonización tiene todos los mimbres de una trama organizada. Primero, una empresa sin experiencia audiovisual ligada al imputado Bartomeu Vicens (Studio Media Comunicació), dirigida por su presunto testaferro y también imputado Alfredo Conde, recibe millonarias subvenciones para montar Radio Mallorca, concedidas directamente por la igualmente imputada Maria Antònia Munar, entonces presidenta del Consell. A la vez, empresas ligadas a otro imputado, Miquel Nadal (Vídeo U y Bahía Difusión), cuyo presunto testaferro e idénticamente imputado, Miquel Sard, es primo de la mujer de Nadal, reciben millonarias subvenciones de Munar para montar TV Mallorca. Luego se coloca como presidente de IB3 a Antoni Martorell, forzando a todo un Parlament a votar a un candidato de cualificación muy dudosa como moneda de cambio en las negociaciones del Pacte. Más tarde se contrata como director de Producción Ajena al mismo Alfredo Conde. Y para redondear el círculo, se contrata como directora del equipo jurídico de IB3 a Magdalena Pascual Sancho, socia del despacho de abogados de Nadal e hija de Antonio Pascual, conseller insular de Obras Públicas hasta la reciente ruptura del Pacte y enésimo imputado en este relato." La conclusión, para UPyD, es clara. "Es necesario abrir las ventanas y ventilar: IB3 debe soportar una auditoría con carácter inmediato."