DEMAGOGIA E INMIGRACIÓN.

DEMAGOGIA E INMIGRACIÓN.

GRUPO RAMON LLULL

Por inmigración ilegal se entiende la migración de personas o grupos a través de las fronteras sin cumplir las exigencias legales del país de destino. Las fronteras, cabe recordar, no son solamente terrestres sino también aéreas y marítimas. Durante los gobiernos del Partido Popular (1996-2004) se tomaron medidas para regular la inmigración ilegal, fomentándose los acuerdos de repatriación y los convenios internacionales relativos a control de flujos migratorios.

Según la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, los ayuntamientos deben incorporar al padrón municipal a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio. En principio, para empadronarse basta la tarjeta de residencia o el pasaporte. En la práctica, ha bastado, en muchos casos, un billete de autobús. Todo ello a pesar de que la Ley de Extranjería exige, en tales casos, la repatriación. Por si no fuera suficiente este galimatías, está legalmente prohibido contratar a los inmigrantes ilegales.

Habida cuenta de que todos los partidos se han acusado mutuamente de los efectos provocados por la inmigración ilegal conviene recurrir a la hemeroteca. En julio de 2003, Gaspar Llamazares (IU) ofrece "papeles para todos" para restituir el derecho y la justicia en materia de inmigración. Sin embargo, el diputado y responsable de inmigración de CiU, Carles Campuzano, aseguraba en julio de 2009 que "el PP es uno de los principales responsables del descontrol de la política de inmigración en España en estos últimos años". Debía referirse a los años 1994-2004. No obstante, desde 1996 hasta el 2000 el gobierno de José María Aznar contó con el apoyo parlamentario de los 16 diputados de CIU. Por su parte, en julio de 2008, el socialista Jesús Caldera aseguró que "si no hay empleo, los inmigrantes no pueden venir; creo que eso lo entiende todo el mundo y es una posición razonable y sensata". El responsable de Ideas, la fundación del PSOE que pretende ser referencia del pensamiento progresista en todo el mundo, aseguró que España cuenta hoy con una política que regula los flujos migratorios "desde la legalidad". El ex ministro socialista criticó a los gobiernos de José María Aznar al afirmar que cuando el Partido Popular estaba en el poder (1996-2004), los inmigrantes que entraron en España lo hicieron de forma ilegal. "Ahora hay contratos en origen, un régimen general y un acuerdo con los empresarios y los sindicatos para establecer los puestos de trabajo de difícil cobertura que se ofrecen al exterior", señalaba Caldera.

En todo caso ahora empezamos a tocar las consecuencias de esta política inmigratoria. Lo sucedido en la ciudad catalana de Vic es una pequeña muestra de lo que se está fraguando con el complejo problema de la inmigración. La situación no sería tan complicada si la derecha española tuviera más claros algunos principios. Mariano Rajoy ha afirmado recientemente que no es necesario empadronarse para recibir asistencia sanitaria o escolarizar a los menores. Al parecer Rajoy no quiere ser menos que la izquierda y ha añadido que se trata de "derechos garantizados por la condición de ser humano". Aceptemos que, como frase, es atractiva, pero falsa. Se requiere, para su efectividad real, que tales derechos estén recogidos en una legislación nacional.

No basta invitar a cenar a todo el barrio: hay que tener dinero para pagar la cena. Nadie duda de que el problema migratorio sea complejo, pero es obvio que se ha manejado de forma irresponsable. Estos comportamientos irresponsables aparejan consecuencias no deseables. Una de ellas es la aparición de un inicial "lepenismo", representado por el partido "Plataforma per Catalunya". Liderado por Josep Anglada, obtuvo en las pasadas elecciones locales cuatro concejales en Vic, el 18% de los votos. Este partido "anti-inmigración" expresa, entre otras cosas, el miedo, la preocupación y el malestar de muchos ciudadanos ante los efectos negativos del demagógico "papeles para todos" y del "efecto llamada".

Ante esta realidad, una típica reacción de personas que se autocalifican de progresistas es la de acusar a los ciudadanos que quieren controlar la inmigración ilegal de "racistas" y "xenófobos". Este tipo de acusaciones, lejos de solucionar el problema, lo acentúan puesto que no lo reconocen. Recordemos el caso del Frente Nacional (extrema derecha) de Jean-Marie Le Pen. Fundado en octubre de 1972, esta fuerza política se ha consolidado como el primer partido obrero de Francia, con más intención de voto que el Partido Comunista o el Partido Socialista.

En efecto, los mismos que ayudaron a empeorar el problema en España, por su actitud demagógica (el famoso "papeles para todos") persisten en su autoengaño, no queriéndose percatar de que muchos franceses que votan al Frente Nacional lo hacen preocupados por la inmigración ilegal, el paro y la inseguridad ciudadana. No son nazis despiadados. Muchos de sus votantes viven en barrios conflictivos, bastante degradados, con fuerte presencia de inmigrantes ilegales. Son por tanto los que más directamente tienen que sufrir las consecuencias negativas de esta situación. Los que viven en barrios más elegantes disfrutan de un contexto económico y social que no les enfrenta diariamente con estos problemas. Ni ellos, ni sus hijos en edad escolar.

En España hay, aproximadamente, un millón de ilegales. O si se prefiere, un millón de "sin papeles". Dar a los inmigrantes ilegales el mismo trato que a los inmigrantes legales parece una invitación a violar la ley. ¿Para qué molestarse en cumplir la ley si tratan igual a unos y a otros? Por muchas obligaciones sociales que se impongan a los ayuntamientos, la mayoría de ellos no está en condiciones de hacer frente a tales gastos. Los ayuntamientos han arruinado a miles de empresas por no pagarles los servicios prestados. No tienen dinero. ¿Seguirán empadronando ilegales a costa de subir más impuestos o endeudarse más todavía?

Los políticos no pueden suponer que los ciudadanos son tan desprendidos y generosos como Teresa de Calcuta. Los políticos no están para crear problemas sino para solucionarlos. No es necesario copiar a Dinamarca, que quiere una inmigración limitada a los alemanes y algunas nacionalidades de Europa del Este. Pero tampoco parece conveniente persistir en el demagógico "papeles para todos". Además, es fundamental distinguir entre los inmigrantes (ilegales o no) que aceptan nuestros valores constitucionales, y los que no. Solamente estos últimos representan un serio problema.