Actualizado Miércoles , 12-05-10 a las 20 : 02
El Tribunal Supremo ha acordado reabrir el caso por un presunto delito de cohecho impropio contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres ex altos cargos del Gobierno valenciano por el caso de los trajes -derivado de la «causa Gürtel»-, presuntamente por parte de empresas implicadas en la trama de corrupción, algunas de las cuales eran adjudicatarias habituales de la administración autonómica.
El Alto Tribunal tumba de este modo el archivo de la causa ordenada el pasado 3 de agosto por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) y devolverá ahora la causa al TSJ valenciano para que el instructor continúe el procedimiento desde el mismo trámite procesal en que quedó, es decir, en el momento previo a la celebración de una vista dirigida a concretar los hechos objeto de enjuiciamiento.
El Alto Tribunal tumba de este modo el archivo de la causa ordenada el pasado 3 de agosto por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) y devolverá ahora la causa al TSJ valenciano para que el instructor continúe el procedimiento desde el mismo trámite procesal en que quedó, es decir, en el momento previo a la celebración de una vista dirigida a concretar los hechos objeto de enjuiciamiento.
La resolución del Alto Tribunal, de la que hoy sólo se ha dado a conocer un adelanto del fallo, supone la estimación de los recursos presentados por la Fiscalía y por la acusación popular, representada por el PSOE valenciano (PSPV), contra la decisión adoptada el pasado verano de sobreseer la causa abierta al presidente de la Generalitat, al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consejo de Gobierno Víctor Campos y al ex jefe de Protocolo de la Consejería de Turismo.
En el fallo -que se notificará completo en los próximos días- se ordena el reenvío de las actuaciones al instructor de la causa en Valencia «para que continue su tramitación en la forma legalmente procedente».
Fuentes de la Sala Segunda explicaron que el argumento utilizado por el TSJCV para dictar el sobreseimiento no es válido y no desvirtúa la presunta comisión del delito de cohecho impropio por parte de Camps. De hecho, el Tribunal valenciano descartó la existencia del delito a partir del hecho de que el presidente de la Generalitat no realizó ningún acto para favorecer a la empresas del entramado «Gürtel» por el hecho de haber recibido trajes como regalo. Sin embargo, el cohecho impropio no exige la contraprestación por parte del funcionario, sino que se comete por el mero hecho de que la persona que ostenta un cargo público reciba prebendas «en consideración a su función» (art.426 del Código Penal), requisito que sí se cumple en este caso.
Fuentes de la Sala Segunda explicaron que el argumento utilizado por el TSJCV para dictar el sobreseimiento no es válido y no desvirtúa la presunta comisión del delito de cohecho impropio por parte de Camps. De hecho, el Tribunal valenciano descartó la existencia del delito a partir del hecho de que el presidente de la Generalitat no realizó ningún acto para favorecer a la empresas del entramado «Gürtel» por el hecho de haber recibido trajes como regalo. Sin embargo, el cohecho impropio no exige la contraprestación por parte del funcionario, sino que se comete por el mero hecho de que la persona que ostenta un cargo público reciba prebendas «en consideración a su función» (art.426 del Código Penal), requisito que sí se cumple en este caso.
¿Qué ocurrirá ahora?En coherencia con esa idea, el Tribunal Superior valenciano dio «carpetazo» a las actuaciones. Ahora, la causa volverá al instructor José Flors, partidario de abrir juicio oral contra los cuatro imputados por un presunto delito de cohecho pasivo.
El instructor deberá proseguir la instrucción conforme a la ley del jurado. Deberá convocar una vista para concretar la imputación contra los acusados, acordar la práctica de diligencias complementarias si lo considera oportuno y abrir juicio oral. Los acusados serán juzgados por un tribunal popular que estará presidido por el magistrado Climent, adscrito a la órbita socialista por ser el único que no ha intervenido en la causa.
El instructor deberá proseguir la instrucción conforme a la ley del jurado. Deberá convocar una vista para concretar la imputación contra los acusados, acordar la práctica de diligencias complementarias si lo considera oportuno y abrir juicio oral. Los acusados serán juzgados por un tribunal popular que estará presidido por el magistrado Climent, adscrito a la órbita socialista por ser el único que no ha intervenido en la causa.
No obstante, si el CGPJ llegara a un acuerdo para relevar al presidente del TSJ valenciano, Juan Luis de la Rúa, sería el nuevo presidente quien podría presidir el tribunal popular.
Un informe de Hacienda apuntaba a «datos ocultos»La decisión del Supremo se conoce un día después de que viese la luz un informe de la Agencia Tributaria que afirmaba que es «razonable suponer» que el PP valenciano «ocultase» ingresos y gastos con la mercantil Orange Market, dirigida por «El Bigotes». Este informe, que lleva por fecha de entrada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) -en la ramificación madrileña que investiga las contrataciones en el marco del «caso Gürtel»- revela presuntas irregularidades en la contabilidad del PP valenciano. En particular, el informe agrega que «hay una grave omisión de los ingresos obtenidos por prestación de servicios a su principal cliente en 2007, el PPCV».
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Un informe de Hacienda apuntaba a «datos ocultos»La decisión del Supremo se conoce un día después de que viese la luz un informe de la Agencia Tributaria que afirmaba que es «razonable suponer» que el PP valenciano «ocultase» ingresos y gastos con la mercantil Orange Market, dirigida por «El Bigotes». Este informe, que lleva por fecha de entrada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) -en la ramificación madrileña que investiga las contrataciones en el marco del «caso Gürtel»- revela presuntas irregularidades en la contabilidad del PP valenciano. En particular, el informe agrega que «hay una grave omisión de los ingresos obtenidos por prestación de servicios a su principal cliente en 2007, el PPCV».
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Martes , 25-05-10
Uno de los abogados del «caso Gürtel» Ignacio Peláez, que interpuso la querella admitida a trámite contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por intervenir comunicaciones de los cabecillas de esta trama con sus letrados en prisión, acusó ayer ante el Tribunal Supremo a las fiscales Anticorrupción Concepción Sabadell y Myriam Segura de ocultar una prueba clave para la defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa abierta por el presunto regalo de varios trajes por parte de Orange Market.
Así, Peláez presentó ayer una ampliación de su querella inicial en la que solicita al magistrado instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, que impute a las dos fiscales por permitir y beneficiarse de las escuchas acordadas por Garzón y también por ocultar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una grabación realizada al imputado de la «Gürtel» Pedro Crespo en la que éste afirma que Camps se pagó sus trajes.
En su escrito de ampliación de la querella, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita la declaración de las dos fiscales adscritas al caso en calidad de imputadas por los mismos delitos que se instruyen contra Garzón, que son los de prevaricación y contra las garantías de la intimidad.
Conversación
La conversación relativa a Camps habría tenido lugar en el centro penitenciario el 6 de marzo de 2009, en una entrevista entre Peláez (abogado del constructor José Luis Ulibarri) y Crespo, en la que éste señala que el presidente valenciano «se pagó sus trajes» pese a las declaraciones de otra de las imputadas, Isabel Jordán, en sentido contrario. «Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque no es cierto», reza la transcripción.
Según consta en la ampliación de la querella, «las fiscales querelladas tuvieron perfecto conocimiento de que de forma maliciosa no se enviaron estas transcripciones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana». La querella añade que cuando se abrió el secreto del procedimiento seguido contra Camps no constaba en el mismo la grabación hecha a Crespo, «lo que sin duda alguna las fiscales querelladas conocían, pues ya habían tenido noticia de ellas cuando los funcionarios de Policía les dieron traslado de una copia». A juicio de Peláez, al actuar de este modo se privó a la defensa de Camps «de una prueba fundamental y esencial que podía haber aportado no sólo ante el juez instructor, ante el TSJ de la citada comunidad, sino también ante el Tribunal Supremo cuando estas mismas fiscales recurrieron el sobreseimiento que fue acordado por el tribunal superior».
El alto tribunal acordó el pasado día 12 anular dicho sobreseimiento y devolver la causa contra Camps al TSJ de la Comunidad Valenciana para que contnúe siendo investigada. (ABC)
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