UPyD.

Al día siguiente de que Standard & Poor’s diera un toque de atención a las comunidades autónomas para frenar el desbarajuste de sus cuentas públicas, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha llevado al Pleno del Congreso el debate sobre el “sobrecoste” de las autonomías.

El pasado 19 de abril, la Fundación Progreso y Democracia, vinculada a UPyD, presentaba un estudio que estimaba en 26.000 millones de euros el despilfarro de las comunidades autónomas, debido no a su existencia per se (UPyD no aboga por su abolición), sino a su empeño por constituirse en una clase de ‘miniestados’.

Por ese motivo, Díez ha interpelado al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, para que el Gobierno ponga coto a la prodigalidad de las autonomías, especialmente en un momento en que el Estado debe afrontar medidas severas para atajar el déficit público, que cerró 2009 con un 11,2% del PIB.

“Las comunidades autónomas concentran el 55% del gasto público, sin control y con opacidad”, ha señalado Díez, que propone que el Gobierno lleve a cabo todas las actuaciones necesarias, dentro del marco constitucional, para poner un techo máximo a las regiones más deficitarias. No hay que llamarse a engaño: Díez no propone recuperar competencias ni reformar el artículo 153 de la Constitución, referente a la actividad de los órganos de las CC AA. Habla, simplemente, de “poner orden donde hay desorden”.

Chaves, por su parte, ha acusado a la diputada de UPyD de espolear el centralismo. “No podemos poner en peligro y atentar contra la autonomía financiera”, ha dicho el ministro, que ha añadido: “No hay manera de imponer un techo de gasto a las CC AA por parte del Gobierno. (…) Eso es propio de un estado centralista”.

Díez no ha tardado en responder al ministro, al aclararle que se trata de imponer los criterios de Maastricht -que (im)ponen un tope de déficit del 3% del PIB- a las CC AA. “Europa no es un estado centralista y nos llama al orden”, ha dicho Díez, aludiendo a las drásticas medidas ‘antidéficit’ tomadas por el presidente Zapatero. O, simplemente, como pone de relevancia la misma existencia de la UE, donde los estados ceden autonomía a Bruselas.

Chaves, indiferente a los datos que barajaba Díez, apeló en la reducción adicional de 1.200 millones de euros que el plan ‘antidéficit’ contempla para las autonomías. Y concluyó: “Lo que está claro es que si queremos avanzar tenemos que eliminar ese tópico que considera el Estado autonómico un estado derrochador”.

En su argumentario, Díez ha sacado a colación, como prueba de la insostenibilidad e ineficiencia del estado autónomico vigente, la proliferación de organismos duplicados como los “defensores del pueblo, órganos consultivos, Tribunales de Cuentas, Servicios Meteorológicos (como si el clima fuera divisible), defensa de la competencia (como si estuviera parcelada), agencias de protección de datos”.

En el mismo sentido que el estudio, que Díez enarbolaba desde la tribuna de oradores, “en España hay más de 100.000 normas, entre leyes y reglamentos en vigor, con contenido económico que dificultan la unidad de mercado”, como pone de ejemplo el mismo BOE, que en 1977 tenía 100.000 páginas y ahora llena 800.000.

Pero la cosa no acaba ahí: canales de televisión autonómicos por doquier, que en 2008 llegaron a tener unas pérdidas de 1.600 millones de euros; el incremento desbocado de fundaciones públicas, que de 2003 a 2008 pasaron de 163 a 541, de las que 344 son autonómicas con una deuda viva de 44.598 millones de euros. Ni qué decir de las empresas públicas, un “sector opaco, con déficit oculto, que está sirviendo”, según Díez, “para financiera la actividad ordinaria de la administración, que carece de activos reales y que es muy poco transparente”.

Hay más datos que prueban el dispendio, como pone de relieve la abundancia de ‘embajadas’ u oficinas de turismo autonómicas en el extranjero o los informes “a precio de oro” que emiten los diferentes consejos consultivos. El de Cataluña, por ejemplo, gastó la friolera de 400.000 euros en 2006, a cargo del erario público, por elaborar siete dictámenes.

Aunque el derroche no sólo está vinculado a las banderas de las pequeñas patrias autonómicas. PSOE y PP, allí donde gobiernan, no han dudado en imitar los excesos nacionalistas que en otros foros denuncian (cuando lo denuncian). Es el caso de la Comunidad Valenciana, cuyas empresas públicas arrastran una deuda de 13.000 millones de euros. O Andalucía, región muy familiar para Chaves (no en balde gobernó la Junta durante veinte años), con 20.000 trabajadores distribuidos entre 54 empresas públicas con un presupuesto de 5.383 millones de euros.

Ante este baño de datos, Chaves sólo supo responder, con indiferencia relativista, “cualquier cifra vale”.

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Chaves, gran político socialista.