LA JAURÍA PROGRESISTA.

EL ATAQUE A DÁVILA, LO ES A LA LIBERTAD.

Nunca se cita a Alfonso Guerra ni a Abril Martorell entre los padres de la Constitución y, sin embargo, lo fueron no menos que los padres oficiales. Uno de los puntos oscuros de nuestra Carta Magna fue precisamente la intervención de ambos juristas en su elaboración. Por acuerdo de Suárez, ambos prohombres se reunían en almuerzos, al margen de las Cortes, para decidir artículos y enmiendas, que luego votaban los diputados por disciplina de partido. Guerra calificaba a Abril de “perfecto patán” en materias jurídicas; no sabemos qué pensaba de él su socio, pero sí que Guerra tenía al menos una idea clara en estas materias: “Montesquieu ha muerto”, según expondría, ya en el poder, con su peculiar donosura.

La muerte de Montesquieu suponía, dicho en román paladino, que la justicia debía estar al servicio del PSOE, no en vano éste venía a dejar España “que no la reconociera ni la madre que la parió”, como también se dignó a aclarar al público el segundo de Felipe González. Es lo que podríamos llamar la doctrina Guerra, adoptada entusiásticamente por su partido. La idea es típicamente marxista –la ideología más totalitaria del siglo XX–, a la que ha sido afecto el PSOE desde su fundación, y no debe olvidarse que ese partido nunca renunció de verdad a ella, pues la conservó como “instrumento crítico y método de análisis”, sin sustituirla por otras doctrinas. Permaneció, por tanto, un marxismo bruto y elemental, uno de cuyos puntos era, precisamente, el entierro de la separación de poderes.

No puede decirse que hayan cumplido plenamente el programa, pues la resistencia de la sociedad ha sido, afortunadamente, considerable; pero sí han logrado debilitar la independencia judicial, introduciendo jueces afectos o serviles, o resueltos a hacer negocio de su profesión, imponiendo fechorías gigantescas como el expolio –que no expropiación– de Rumasa, o una ley totalitaria, anticonstitucional y antijurídica como la llamada de Memoria Histórica, pie para las prevaricaciones de un juez tan siniestro, tan antidemócrata como Garzón. Y tantas otras fechorías mayores o menores, que han convertido a la Justicia en una institución poco prestigiada entre el pueblo español. De hecho, reina una notable inseguridad jurídica.

Hace tiempo pensé recurrir a los jueces por una cuestión de calumnias, pero el abogado a quien consulté me advirtió: “Todo depende del carácter político del juez que te toque”. Así que lo dejé, limitándome a denunciar el caso en los medios que quisieron darme voz. Pero esta gente ha llegado a intentar encarcelarme por mis opiniones sobre la guerra civil y Franco, aunque afortunadamente “no tocó” entonces un juez político de tipo guerrista. Y de vez en cuando vemos a jueces íntegros cortar el paso a los prevaricadores, como viene sucediendo con el caso Garzón. En cambio, la exquisita cautela con que se ha tratado a este juez no se ha aplicado a otro, Ferrín Calamita. En realidad, la justicia se ha vuelto muy arbitraria, y no igual para todos, y éste es uno de los más graves problemas de nuestra democracia, sometida a una peligrosa involución por el partido más nefasto que haya sufrido España en el siglo XX y lo que va de éste.

Muy acorde con la doctrina Guerra está el uso del la Fiscalía del Estado por parte de la vicepresidenta Vega contra Carlos Dávila.

O la fianza brutalmente desproporcionada, quizá una prevaricación en sí misma, impuesta al mismo Dávila por un asunto en cualquier caso menor aun si se demostrara su falsedad. Todo lo cual sólo se entiende si recordamos que el acusado es una voz muy molesta para el poder antidemocrático. Una voz que éste quiere acallar a toda costa valiéndose, para mayor escarnio, de la justicia, una justicia tipo Guerra, no tipo Montesquieu. Por ello, este ataque no lo es sólo a una persona, sino a la libertad de todos, y al que todos debemos reaccionar.

*Pío Moa es escritor e historiador.