11/8/2008.
¿DEMOCRACIA DE MIERDA?
"Nadie se acostumbra a que unos animales te insulten y te amenacen de muerte"
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Fueron rodeados, insultados y amenazados de muerte. La portavoz del PP en Guecho, Marisa Arrúe, relata para Libertad Digital como los proetarras actuaron con total impunidad, ya que ni la Ertzaintza ni la Policía Municipal les defendieron del ataque. No hubo identificaciones y, ni mucho menos, detenciones. Denuncia que su alcalde, del PNV, mira para otro lado mientras que ellos "viven sin libertad". Ejemplos le sobran: "No podemos ir a las fiestas de nuestro pueblo porque se celebran en una zona donde no podemos ni estar".
¿Exagero? Me encantaría, porque querría decir que no es cierto lo que digo. Desgraciadamente no estoy tan seguro de estar equivocado. Me temo, sí, me temo, que tengo razón. ¿Qué significa 'democracia de mierda'?
No pretendo dar una definición como exigirían los analíticos/analíticos. Me conformaré con decir lo siguiente: cuando en una sociedad, supuestamente democrática, los antidemócratas violentos pueden actuar impunemente y las víctimas se ven desprotegidas, tanto por las fuerzas de seguridad, como por la judicatura, como por la mayoría de los ciudadanos, es que estamos ante una democracia de mierda. Sólo un matiz. Añado, 'No siempre, pero sí en en muchos casos'.
Lo que están sufriendo las personas decentes en las Vascongadas y Cataluña, principalmente, es una auténtica vergüenza. A esta vergüenza se añade otra. La sistemática mentira de los informadores y de las autoridades. Muchos de ellos. Se niega todo, y las víctimas de la discriminación y los atropellos se ven, aún, más solas. Hasta que parecen que están locas. ¿Qué dicen? Hasta que en una manifestación pacífica una persona decente recibe una patada en las pelotas, por parte de un nacionalista, y acusan al que ha recibido la patada. Y la policía nacionalista, quiero decir autonómica, mirando a las nubes o mirando y no viendo.
¡Qué asco de país! ¡Qué cobarde y políticamente correcto!
Sebastián Urbina.
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MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS)
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Oficiales (UO) y varios sindicatos policiales se sumaron hoy a las criticas vertidas desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por haber rechazado la incomunicación de un detenido en delito flagrante de terrorismo callejero, negar el registro de viviendas vinculadas al arrestado y ponerlo después en libertad bajo fianza de 6.000 euros. Los representantes de policías y guardias civiles insisten en que el magistrado toma esas decisiones porque no ha sentido "en sus propias carnes" la acción del terrorismo, a diferencia de los agentes y sus familias.
El juez ha pedido hoy amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que ayer el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, le llamara "típico pijo-rojo de los años ochenta que no acaba de entender lo que es el terrorismo". La Comisión Permanente del CGPJ debatirá la cuestión el próximo día 13.
El secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, mostró hoy su "total apoyo" a las declaraciones de Sánchez Fornet e ironizó: "No acostumbro a comentar resoluciones judiciales, por indeseables y repulsivas que me parezcan, caso de ésta".
Asimismo, desde la CEP se destacó lo difícil que resulta detener a un terrorista callejero 'in fraganti', como ocurrió con A.H.B, apresado por unos guardias civiles fuera de servicio cuando acababa de arrojar varios cócteles molotov contra la Subdelegación del Gobierno en Alava. "Que no nos acordemos de este incidente porque reaparezca como miembro de un comando de ETA", añadieron desde la CEP, en referencia al salto a la banda terrorista de un gran número de militantes de la violencia callejera.
"QUE SE VAYA A OTRO TRIBUNAL".
Desde la Unión Federal de Policía (UFP), su portavoz, Alfredo Perdiguero, dijo de Pedraz que "no se sabe si va o viene", al tiempo que recordó cómo el juez de la Audiencia Nacional dejó en libertad a tres etarras acusados de asesinar al político del PP Manuel Giménez Abad después de que su compañero en el Alto Tribunal, Baltasar Garzón, hubiese decidido lo contrario. "No se sabe por qué toma estas decisiones. ¿Tiene miedo? Si e así que se vaya a un tribunal ordinario donde no tema represalias", añadió Perdiguero, en declaraciones a Europa Press.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Instituto Armado, por boca de su secretario general, Alberto Moya, afirmó, en referencia a las palabras de Sánchez Fornet: "Las cosas se pueden decir de muchas formas, pero la verdad sólo tiene un camino".
Moya, en declaraciones a Europa Press, se fijó en el ataque contra la Subdelegación del Gobierno en Vitoria y recordó que los ataques contra edificios públicos, entre otras cosas, "amenazan la vida de los agentes que las custodian". Con la decisión de Pedraz, según Moya, se reafirma la percepción de que "atentar contra policías y guardias civiles sale muy barato en este país".
"EL TERRORISTA DE HOY ESTUVO AYER EN LA KALE BORROKA".
"Nos sorprende que la decisión (de Pedraz) venga de alguien que debería conocer que los terroristas de hoy son los jóvenes de la 'kale borroka' de ayer", añadió el secretario general de AUGC. "Necesitamos el apoyo sin fisuras de la sociedad y de todo el Estado de Derecho. Una operación antiterrorista conlleva mucho trabajo y mucho riesgo", concluyó Moya.
Finalmente, un portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil se alineó con la crítica de Sánchez Fornet, quien ayer dijo que si a lo mejor Pedraz cambiaba de criterio si le atacaban todos los días su casa con cócteles molotov, y afirmó que "para que estos jueces valoren el sufrimiento en el País Vasco de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias lo tendrían sentir en sus propias carnes".
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LA ERTZAINTZA LO SOLICITÓ PARA LA SEGURIDAD DE LOS AGENTES
La Audiencia rechaza colocar a un etarra una pulsera telemática porque podría causar “daños” a su salud
La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición realizada por el Departamento de Interior del Gobierno vasco para que se colocara al preso de ETA Mikel Ibáñez, enfermo de cáncer, una pulsera telemática. La Audiencia considera que la pulsera podría causar “daños” a la salud del etarra.
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(PD).- El alcalde de Tavira, Macario Correia, ha dicho este miércoles que los ciudadanos de la localidad lusa, a unos veinte kilómetros de Andalucía, están hartos de la afluencia de miles de jóvenes españoles para hacer "botellón" en sus playas, y pidió medidas legales para atajarlo como en España.
El regidor indicó que los fines de semana se pueden reunir cerca de 2.000 jóvenes en las playas de la localidad y recalcó que, después de emborracharse, cometen "todo tipo de actos vandálicos".
Correia denunció que estas personas provocan daños materiales en instalaciones públicas y privadas por un valor de unos 200.000 euros al año y que en las noches más frías llegan a hacer hogueras con lo que encuentran a su alrededor.
Explicó que la pasada semana envió una carta al ministro del Interior luso, Rui Pereira, en la que le pide que se aplique en Portugal una legislación igual a la conocida como Ley Antibotellón, aprobada por el Parlamento de Andalucía en octubre de 2006.
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