SOCIALISMO Y EDUCACIÓN.

DOS CONCEPCIONES EDUCATIVAS.

Se ha cumplido el plazo dado por el Gobierno al Partido Popular para que acepte o rechace la propuesta para un pacto educativo con el PSOE. El documento habría recogido parte de las exigencias del principal partido de la oposición y que sería lo máximo que se permite ceder el Gobierno. Ante la expectación de los medios, María Dolores de Cospedal, escoltada por los consejeros populares de educación, ha comparecido para decir que rechazan la última propuesta gubernamental, y para explicar sus razones. O su razón, pues para todo el tiempo que ha compartido con los periodistas, la secretaria de organización del PP sólo ha transmitido un mensaje: que el Gobierno se ha aferrado al modelo actual, y que éste, que lleva dos décadas aplicándose, ha fracasado. Y el PP no podía pactar en estas condiciones. Así expuesto, el argumento de los populares es difícilmente rebatible.

Lo cierto es que un acuerdo entre los dos partidos en este aspecto es prácticamente imposible. El PSOE ve la política educativa como una de sus prioridades, porque la considera como una vía apropósito para transmitir no su programa, pero sí ciertas ideas que forman parte de su cosmovisión. La educación es, para el PSOE, un instrumento de cambio social. Una concepción que hunde sus ideas en Locke y Helvetius y que hoy forma parte casi indisociable de la izquierda. Además, España ha adoptado otra tendencia, la de la escuela “comprensiva”, que se está abandonando a marchas forzadas en el Reino Unido, donde se concibió y llevó a la práctica. Unamos a ello la incidencia, más reciente, de una pedagogía posmoderna y constructivista, y tendremos todos los elementos de la concepción que tienen los socialistas de la educación.

La aportación de los populares es más pobre y reciente. El centro derecha no le ha dado importancia a la educación hasta que ha comprobado el desastre educativo que hoy es reconocido casi por todos. Pero no acepta la concepción socialista, que por fuerza hace menos hincapie en la instrucción y recala, incluso, en cierta aculturación, que sería un instrumento adecuado para la construcción del hombre nuevo. El PP no tiene pretensiones tan transformadoras, y se conforma con la mejora de la instrucción y la búsqueda de la excelencia, una palabra que chirría al hablar de la educación en España. ¿Qué quiere decir todo ello? Que el acuerdo no se ha producido porque no se puede producir. Porque no es sólo que ambos partidos diverjan en los métodos educativos; es que tienen objetivos sociales muy distintos, y en gran parte contradictorios. Añádase a ello que el PP se ve ya como un partido que puede tocar el poder con la punta de los dedos. Mariano Rajoy acudió a La Moncloa como si fuera un traspaso de poderes. Esperanza Aguirre ha advertido a sus militantes de que deben estar preparados para unas elecciones más prontas de lo esperado. En esas condiciones, se ve con más poder de negociación que en otra tesitura.

Más allá de lo que deseen los partidos políticos, ¿qué es lo que quieren los ciudadanos? La respuesta es compleja, como compleja y abigarrada es la sociedad española. Pero la pregunta importante sería la de qué quiere cada familia para sus hijos. Y más importante que la respuesta que den, es que los padres puedan cumplirla. Y el camino para ello es el de la libertad. La libertad educativa es el modo más seguro para acercar a las familias a sus deseos. Y debería ser considerada con más apremio por parte de los partidos políticos. (Factual)

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PACTO DE ESTADO POR LA FRAGMENTACIÓN.

Si el actual ministro de Educación, Ángel Gabilondo, considera que "España cuenta con un buen sistema educativo" y que nuestro país "es moderno y desarrollado, gracias, en gran parte, al sector educativo", resulta lógico que haya rechazado todas las propuestas de fondo planteadas por un partido como el PP destinadas a reformar sustancialmente el actual modelo.

Sin embargo, el cinismo de Gabilondo no sólo es capaz de hacer un diagnóstico positivo de la desastrosa situación que padece la educación en España sino también de culpar al PP del hecho de que la propuesta final de reforma de su propio ministerio se limite básicamente a reproducir el modelo existente, con pequeñas modificaciones destinadas a satisfacer a los nacionalistas.

Ya resulta lamentable que Gabilondo se haya negado en ese documento a reconocer el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en español, sea cual sea el territorio en el que vivan.

Ya resulta bochornoso que, después de haberse negado a recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Educación Catalana, Gabilondo haya adecuado su propuesta de reforma a esa norma autonómica que consagra el secesionismo en materia de enseñanza. También resulta impresentable, en esa línea, que Gabilondo no haya hecho el mínimo esfuerzo por potenciar las enseñanzas comunes, por impulsar un sistema nacional de evaluación, ni siquiera por garantizar el mantenimiento de los cuerpos nacionales del profesorado.

Sin embargo, por criticable que sea todo lo anterior, lo más bochornoso es que Gabilondo tenga la caradura de afirmar que "sin el PP vamos a ir más lento y vamos a ir menos lejos como pais". Y esto lo afirma el impulsor de un supuesto pacto de Estado por la reforma de la educación que margina de él al principal partido de la oposición, que considera que ya tenemos "un buen modelo educativo" y que las únicas modificaciones que introducen son las destinadas a satisfacer a quienes no consideran a España como su país.

Hay que reconocer, con todo, que algunas de las medidas destinadas a satisfacer a los nacionalistas, fundamentalmente a CiU, pueden ser positivas y coincidentes con las reclamadas con el PP, tales como las destinadas a aumentar las exigencias del rendimiento escolar para pasar de curso, fomentar la diversidad de itinerarios o reforzar la autoridad del profesorado. Sin embargo, Gabilondo ni siquiera permite –al menos, por ahora– al PP apoyar esas medidas por separado, tal y como se han ofrecido a hacer los populares en el Parlamento. A esos extremos de sectarismo ha llegado este ministro que finge y juega a ser un hombre de consenso. (Guillermo Dupuy/LD)

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EL PACTO QUE SÍ HARÍA FALTA.

Terminado el plazo dado por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, para que las organizaciones que pertenecemos al Consejo Escolar del Estado declaremos si asumimos o no el contenido del texto de Pacto de Estado propuesto por el Ministerio, puedo adelantar que la Unión Democrática de Estudiantes no lo firmará.

Ignoremos por un instante toda la palabrería del texto en relación a la necesidad de medios, en cuanto a la importancia de las nuevas tecnologías, etc. La única medida digna de destacar que contiene el texto consiste en flexibilizar el último curso de la Educación Secundaria para que proporcione una alternativa, orientada a la formación profesional, al 30% de alumnos que con el rígido sistema actual acaban engrosando las cifras del fracaso escolar. Lógicamente, se trata de una mejora y, si esta medida se propone, nosotros la votaremos en el Consejo. Es más, lo incomprensible es que, tras veinte años de LOGSE y de generalización del fracaso escolar, los Gobiernos socialistas se hayan negado tan siquiera a corregir superficialmente este sistema.

Ahora bien, se trata de un parche y, aunque se aprobase, seguiríamos ante un sistema rígido y absolutamente contrario a la meritocracia y a los estándares de calidad que le son exigibles.

Esta es la primera razón para no firmar el pacto; no cabe duda de que hacerlo supondría renunciar a cualquier reforma que vaya más allá de lo que contiene el texto y, dado que lo que contiene es un mero parche, firmarlo supondría perpetuar un sistema nefasto. Y perpetuar el sistema LOGSE, renunciar a que algún día un Gobierno distinto pueda cambiarlo, es un precio demasiado alto para lo que no deja de ser una reforma insuficiente, urgentemente necesaria, pero al fin y al cabo superficial. ¿Cree el ministro que es necesario aplicar las ligeras reformas que ha propuesto? Que las aplique, pero que no exija al resto del mundo que, gobierne quien gobierne, la reforma se acaba ahí. La auténtica reforma que necesitamos es un Bachillerato de cuatro años íntegros, con un nivel de exigencia comparable al que había antes de la reforma de los años 70. Un Bachillerato que proporcione una formación cultural, lingüística y científica suficientemente sólida como para que la Universidad pueda centrarse en la especialización, la investigación y la innovación.

La segunda razón se refiere a lo que no contiene el Pacto. En realidad, para flexibilizar el último curso de la ESO no hace falta un Pacto de Estado, es una medida que si se presenta mañana problablemente contará con el respaldo del P en las Cortes. Sin embargo, para lo que sí haría falta un gran Pacto de Estado entre los dos partidos nacionales es para solucionar el otro gran problema de nuestro sistema educativo. Así, junto al ‘agujero negro’ de fracaso escolar que es la ESO y los pobres conocimientos al final del Bachillerato, el otro gran problema es la fragmentación del sistema educativo español en diecisiete sistemas educativos autonómicos y con vocación regionalista. El problema no es ya la absurda imposición de las lenguas regionales como únicas lenguas de enseñanza, sino la regionalización de los programas de estudio y, en fin, de todo el sistema educativo. Y no sólo allí donde gobiernan los partidos regionalistas.

Para lo que sí hubiese sido necesario un pacto entre el PP y el PSOE es para que el Estado, cuyo papel es hoy absolutamente marginal en todo lo que tenga que ver con la educación, haga cumplir la legalidad, garantice un tronco común en el sistema educativo y recupere un margen de competencias que le permita al menos romper el monopolio de las autonomías y abrir o autorizar colegios estatales, que no dependan de las diecisiete comunidades autónomas y que puedan enseñar en español y en otras lenguas internacionales unos temarios nacionales, así como transmitir competencias mínimamente comparables con nuestro entorno europeo. Estas fueron, en síntesis, las propuestas que hicimos llegar –infructuosamente– al Ministerio.

Tras la transferencia de las competencias de educación a las comunidades autónomas, son éstas las que disponen de todo el presupuesto, de todos los centros públicos y de todos los profesores funcionarios; los temarios los aprueba la comunidad autónoma, y también ésta concede –o no– los conciertos a los colegios privados, lleva la inspección, etc. Incluso la Selectividad es autonómica, consecuencia lógica de que los temarios lo sean. Una cosa es mejorar la gestión descentralizando el sistema, o permitir que las autonomías ofrezcan escolarización en lenguas cooficiales para quien lo demande, y otra el suicidio que supone para el Estado retirarse por completo y ceder todo lo que tenga que ver con lo que se enseña, cómo se enseña y quién lo enseña, a las clases políticas autonómicas. Y los principales perjudicados son los ciudadanos, privados de un sistema estatal de instrucción pública y condenados a que sus hijos estudien en un marco exclusivamente regionalista.

Es para ello para lo que haría falta un pacto entre el PSOE y el PP, si no para recuperar totalmente las competencias en educación al menos sí para reactivar la Inspección del Estado, reforzar los contenidos estatales, garantizar la enseñanza en castellano y romper el monopolio autonómico. Sólo un pacto así merecería denominarse Pacto de Estado; lo que ha presentado el Gobierno son tan sólo algunos parches envueltos en grandes dosis de propaganda. (Alvaro Vermoet/LD)