(¡Luz y taquígrafos!
Una de los aspectos que diferencian los sistemas políticos autoritarios- y no digamos los totalitarios- de las democracias, es la transparencia y la publicidad.
Excepto en contados casos de seguridad nacional, los políticos no pueden esconder los problemas- mucho más si se trata de graves problemas- que afectan a todos los ciudadanos. No es de recibo tener 'reuniones secretas o discretas' sin dar explicaciones a la opinión pública. ¿O creen que España es su cortijo privado?
La hipotética secesión ilegal de Cataluña, encabezada por los separatistas, es una gravísima cuestión que nos afecta a todos los españoles.
No somos súbditos, somos ciudadanos. Tenemos derecho a saber lo que hace y pretende hacer el Presidente del Gobierno en esta- y otras- cuestión de tanta gravedad. Y tenemos derecho a exigir que el Presidente de Gobierno, que ha jurado o prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución, cumpla con su palabra.
En otro caso, comete alta traición. ¿O ya no tiene importancia pasarse por la entrepierna los juramentos de este tipo? ¿Tan bajo hemos caído?
Y si no tiene agallas políticas para hacer cumplir la ley, que tenga la dignidad de retirarse.
Un motivo más para castigar electoralmente al Partido Popular. Prefiero no hablar de los socialistas y de los comunistas.)
Desafío secesionista: sobra la discreción
El almuerzo que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mantenido este martes en el Palacio de La Moncloa con Josep Antoni Duran Lleida supone el primer encuentro,
que haya transcendido, entre un miembro del Ejecutivo y un dirigente de
CiU desde que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, anunciara la
convocatoria de la ilegal consulta secesionista del próximo 9 de
noviembre.
A pesar de ello, tanto el Gobierno de la nación como los representantes de CiU apenas han informado de lo que se ha tratado en dicha reunión, de la que prácticamente se han limitado a confirmar su existencia.
Ante el gravísimo desafío que ha planteado la Generalidad con esa consulta, y ante la firmeza de Artur Mas a la hora de mantenerlo, no es de recibo que el Gobierno aborde esta reunión de forma discreta, como si de un encuentro entre viejos amigos se tratara. Si el presidente Rajoy quiere hacer honor a su palabra de que la consulta "no se celebrará", hace tiempo que debería haber advertido pública y privadamente a sus convocantes de que no van a estar por encima de las leyes que castigan la desobediencia, la prevaricación y la usurpación de atribuciones.
También debería haber advertido de la malversación de fondos públicos y de la violación de la Ley de Protección de Datos que supone aportar censos y fondos públicos a dicho referéndum. Eso, por no hablar de la intervención que contempla el artículo 155 de la Constitución, artículo precisamente pensado para circunstancias tan graves como las que estamos viviendo.
Está visto, sin embargo, que el Gobierno de Rajoy no se atreve
siquiera a condicionar la ayuda extraordinaria del Fondo de Liquidez
Autonómica a la Generalidad al inmediato abandono de su ilegal proyecto
secesionista, por lo que no debe extrañar que Artur Mas se sienta impune y confiado.
Es más: en vista de la insensata e irresponsable renuencia del Gobierno
a la hora de hacer cumplir la Ley, no debe extrañar incluso que Mas
pretenda que Rajoy brinde una apariencia de "legalidad" a esa consulta que él mismo asegura que no se va a celebrar.
En cualquier caso, la voluntad de la Generalidad de atentar contra el Estado de Derecho ha vuelto a ponerse de manifiesto en la declaración que ha hecho este martes su portavoz, Francesc Homs, quien ha asegurado que no cambiará "ni una coma" del modelo educativo y de la infame inmersión lingüística, como ha ordenado por enésima vez la Justicia.
Mucho se podrá hablar de la negativa de los nacionalistas a cumplir la ley, pero peor aún es que el Gobierno de la nación se lo consienta. Así las cosas, y aunque no se sepa de qué han hablado Santamaría y Duran, puede afirmarse que seguro que no ha sido de fortalecer el Estado de Derecho, que tanto padece con sus desmanes.
(edit.ld)
A pesar de ello, tanto el Gobierno de la nación como los representantes de CiU apenas han informado de lo que se ha tratado en dicha reunión, de la que prácticamente se han limitado a confirmar su existencia.
Ante el gravísimo desafío que ha planteado la Generalidad con esa consulta, y ante la firmeza de Artur Mas a la hora de mantenerlo, no es de recibo que el Gobierno aborde esta reunión de forma discreta, como si de un encuentro entre viejos amigos se tratara. Si el presidente Rajoy quiere hacer honor a su palabra de que la consulta "no se celebrará", hace tiempo que debería haber advertido pública y privadamente a sus convocantes de que no van a estar por encima de las leyes que castigan la desobediencia, la prevaricación y la usurpación de atribuciones.
También debería haber advertido de la malversación de fondos públicos y de la violación de la Ley de Protección de Datos que supone aportar censos y fondos públicos a dicho referéndum. Eso, por no hablar de la intervención que contempla el artículo 155 de la Constitución, artículo precisamente pensado para circunstancias tan graves como las que estamos viviendo.
En cualquier caso, la voluntad de la Generalidad de atentar contra el Estado de Derecho ha vuelto a ponerse de manifiesto en la declaración que ha hecho este martes su portavoz, Francesc Homs, quien ha asegurado que no cambiará "ni una coma" del modelo educativo y de la infame inmersión lingüística, como ha ordenado por enésima vez la Justicia.
Mucho se podrá hablar de la negativa de los nacionalistas a cumplir la ley, pero peor aún es que el Gobierno de la nación se lo consienta. Así las cosas, y aunque no se sepa de qué han hablado Santamaría y Duran, puede afirmarse que seguro que no ha sido de fortalecer el Estado de Derecho, que tanto padece con sus desmanes.
(edit.ld)
No hay comentarios:
Publicar un comentario