Las austeridades de Antich
No ha podido ser. La pretensión de Carles Manera de reducir en un 15% los presupuestos de 2010 ha chocado con los exclusivos intereses de los seis partidos que conforman el Pacte. Al final sólo se reducirán un raquítico 4,9%, lo que, aun siendo la primera disminución en lo que llevamos de autonomía, resulta a todas luces insuficiente. Este gasto no se ajusta ni de lejos a los ingresos previstos, lo que redundará en otro fuerte incremento de la deuda acumulada que a día de hoy ronda ya los 3.600 millones de euros entre la CAIB y sus empresas públicas. Unos números nos ayudarán a comprender el despropósito de unos presupuestos destinados únicamente a contentar la insaciable voracidad de los partidos del Pacte.
A falta de conocer la liquidación exacta, fuentes del Govern han estimado que la caída de ingresos en 2009 podría ser de unos 1.000 millones de euros, lo que resultaría en un déficit anual de unos 750 millones de euros. Si el mismo Govern prevé que la economía bajará a un ritmo del 1.5% del PIB el año que viene, con todas las reservas que suponen siempre sus interesadas previsiones, está claro que la recaudación podría desplomarse aún más, sin que, por otra parte, se vea compensada por la anhelada mejora de la financiación autonómica, sólo la quinta parte de la caída de tributos. Si además el propio Manera reconoce que todas las inversiones de 2010 se realizarán a costa de incrementar hasta el límite nuestro endeudamiento (otros 650 millones de euros), el escenario es dantesco. La deuda acumulada al final de 2010 podría superar los 4.500 millones, con unos ingresos anuales estabilizados en torno a los 2.000 millones. El problema de la deuda no sólo radica en el lastre que supone para las futuras generaciones sino que las amortizaciones crecen año tras año, restándose al montante dedicado a las inversiones. Además, el hecho de no tener liquidez hace que estas mismas inversiones tengan que financiarse a largo plazo, resultando mucho más costosas. Véanse, por ejemplo, las carísimas carreteras ibicencas o la de Palma-Manacor, financiadas mediante la fórmula del peaje a la sombra. Lo mismo, corregido y aumentado, ocurre con el hospital de Son Espases cuyo brutal sobrecoste merece capítulo aparte.
En resumen, tenemos una Administración (o conjunto de administraciones) que es un pozo sin fondo donde todo lo que recauda apenas alcanza para su mantenimiento. Una de sus principales funciones, hacer inversiones, se tiene que financiar con deuda. Un nivel de inversiones que en muchos casos no llega a un pobre 15% del presupuesto, como puede constatarse examinando las cuentas de cualquier administración pública. Es cierto que la Administración también ofrece unos servicios, aunque son de tan mala calidad en algunos casos (el exponente más diáfano es la educación, el 25% del gasto de la CAIB), que difícilmente pueden justificarse a un precio tan enorme.
Todos sabemos los motivos del fracaso de la rebaja de un 15% propuesta por Manera: la negativa de los partidos del Pacte a recortar drásticamente los altos cargos, las consejerías y las empresas públicas. Las clientelas partidarias, así como las demandas de los sindicatos, grupos mascota y lobbies de interés que satelizan cada una de las consejerías, se anteponen a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Ya es sintomático que el Pacte siga manteniendo las setenta empresas públicas que creó Matas durante la pasada legislatura. La política de austeridad que pregonan consiste en realidad en suprimir plazas que no ocupaba nadie o eliminar sociedades públicas inactivas. Ningún paniguado a casa. Mucho ruido y pocas nueces. La “poltronitis” es una metástasis que afecta a los viejos partidos y que lleva camino de hundir sin remisión al país entero.
Pensar que los partidos que nos han llevado a esta situación puedan encabezar la regeneración democrática que necesitamos como agua de mayo es construir el futuro sobre arenas movedizas. Seguir confiando en ellos es un grave error. Todavía me asombra ver próceres a derecha e izquierda defender con ardor “a los suyos” conformándose en que los de enfrente son todavía peores. Mismos objetivos, intereses contrapuestos. La verdad insoslayable es que los mayores delincuentes en España son los viejos partidos, responsables además de habernos conducido a la bancarrota económica, educativa, moral e institucional.
Un Estado del Derecho no se sostiene sin una cierta dosis de idealismo. Cuando no queda nadie que defienda los ideales ilustrados que lo sustentan (justicia, verdad, razón, dignidad), cuando el afán de lucro, la moral del éxito, el triunfo social, el cálculo de intereses electoral o la mezquina búsqueda del cocido se enseñorean de toda la clase política, cuando se impone la idea de que todo el mundo tiene un precio, la suerte está echada. España está al borde del abismo: necesita un movimiento de regeneración similar al que barrió a la corrupta clase política italiana con la Tangentopolis de los noventa. Las viejas tecnoestructuras de los partidos son el principal obstáculo para un movimiento de estas características. El nacimiento de nuevas fuerzas como UPyD, que se abren espacio entre un mar de dificultades, es un rayo de esperanza en medio de la podredumbre de los partidos-empresa. Hay que recobrar el idealismo, sobra el apestoso pragmatismo de la vieja política que siempre encuentra sus razones para dejar de lado los ideales democráticos que tienen la obligación constitucional de defender. La solución no reside en cuestionar la democracia, sino en reclamar una mayor profundización de sus mecanismos, hacer que la distancia entre lo que se hace y lo que proclaman sus nobles principios –eminentemente éticos y morales- se acorte. No hay que resignarse. La vieja política no encarna la democracia a la que debemos aspirar. Encarna su corrupción. (Joan Font Rosselló)
No ha podido ser. La pretensión de Carles Manera de reducir en un 15% los presupuestos de 2010 ha chocado con los exclusivos intereses de los seis partidos que conforman el Pacte. Al final sólo se reducirán un raquítico 4,9%, lo que, aun siendo la primera disminución en lo que llevamos de autonomía, resulta a todas luces insuficiente. Este gasto no se ajusta ni de lejos a los ingresos previstos, lo que redundará en otro fuerte incremento de la deuda acumulada que a día de hoy ronda ya los 3.600 millones de euros entre la CAIB y sus empresas públicas. Unos números nos ayudarán a comprender el despropósito de unos presupuestos destinados únicamente a contentar la insaciable voracidad de los partidos del Pacte.
A falta de conocer la liquidación exacta, fuentes del Govern han estimado que la caída de ingresos en 2009 podría ser de unos 1.000 millones de euros, lo que resultaría en un déficit anual de unos 750 millones de euros. Si el mismo Govern prevé que la economía bajará a un ritmo del 1.5% del PIB el año que viene, con todas las reservas que suponen siempre sus interesadas previsiones, está claro que la recaudación podría desplomarse aún más, sin que, por otra parte, se vea compensada por la anhelada mejora de la financiación autonómica, sólo la quinta parte de la caída de tributos. Si además el propio Manera reconoce que todas las inversiones de 2010 se realizarán a costa de incrementar hasta el límite nuestro endeudamiento (otros 650 millones de euros), el escenario es dantesco. La deuda acumulada al final de 2010 podría superar los 4.500 millones, con unos ingresos anuales estabilizados en torno a los 2.000 millones. El problema de la deuda no sólo radica en el lastre que supone para las futuras generaciones sino que las amortizaciones crecen año tras año, restándose al montante dedicado a las inversiones. Además, el hecho de no tener liquidez hace que estas mismas inversiones tengan que financiarse a largo plazo, resultando mucho más costosas. Véanse, por ejemplo, las carísimas carreteras ibicencas o la de Palma-Manacor, financiadas mediante la fórmula del peaje a la sombra. Lo mismo, corregido y aumentado, ocurre con el hospital de Son Espases cuyo brutal sobrecoste merece capítulo aparte.
En resumen, tenemos una Administración (o conjunto de administraciones) que es un pozo sin fondo donde todo lo que recauda apenas alcanza para su mantenimiento. Una de sus principales funciones, hacer inversiones, se tiene que financiar con deuda. Un nivel de inversiones que en muchos casos no llega a un pobre 15% del presupuesto, como puede constatarse examinando las cuentas de cualquier administración pública. Es cierto que la Administración también ofrece unos servicios, aunque son de tan mala calidad en algunos casos (el exponente más diáfano es la educación, el 25% del gasto de la CAIB), que difícilmente pueden justificarse a un precio tan enorme.
Todos sabemos los motivos del fracaso de la rebaja de un 15% propuesta por Manera: la negativa de los partidos del Pacte a recortar drásticamente los altos cargos, las consejerías y las empresas públicas. Las clientelas partidarias, así como las demandas de los sindicatos, grupos mascota y lobbies de interés que satelizan cada una de las consejerías, se anteponen a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Ya es sintomático que el Pacte siga manteniendo las setenta empresas públicas que creó Matas durante la pasada legislatura. La política de austeridad que pregonan consiste en realidad en suprimir plazas que no ocupaba nadie o eliminar sociedades públicas inactivas. Ningún paniguado a casa. Mucho ruido y pocas nueces. La “poltronitis” es una metástasis que afecta a los viejos partidos y que lleva camino de hundir sin remisión al país entero.
Pensar que los partidos que nos han llevado a esta situación puedan encabezar la regeneración democrática que necesitamos como agua de mayo es construir el futuro sobre arenas movedizas. Seguir confiando en ellos es un grave error. Todavía me asombra ver próceres a derecha e izquierda defender con ardor “a los suyos” conformándose en que los de enfrente son todavía peores. Mismos objetivos, intereses contrapuestos. La verdad insoslayable es que los mayores delincuentes en España son los viejos partidos, responsables además de habernos conducido a la bancarrota económica, educativa, moral e institucional.
Un Estado del Derecho no se sostiene sin una cierta dosis de idealismo. Cuando no queda nadie que defienda los ideales ilustrados que lo sustentan (justicia, verdad, razón, dignidad), cuando el afán de lucro, la moral del éxito, el triunfo social, el cálculo de intereses electoral o la mezquina búsqueda del cocido se enseñorean de toda la clase política, cuando se impone la idea de que todo el mundo tiene un precio, la suerte está echada. España está al borde del abismo: necesita un movimiento de regeneración similar al que barrió a la corrupta clase política italiana con la Tangentopolis de los noventa. Las viejas tecnoestructuras de los partidos son el principal obstáculo para un movimiento de estas características. El nacimiento de nuevas fuerzas como UPyD, que se abren espacio entre un mar de dificultades, es un rayo de esperanza en medio de la podredumbre de los partidos-empresa. Hay que recobrar el idealismo, sobra el apestoso pragmatismo de la vieja política que siempre encuentra sus razones para dejar de lado los ideales democráticos que tienen la obligación constitucional de defender. La solución no reside en cuestionar la democracia, sino en reclamar una mayor profundización de sus mecanismos, hacer que la distancia entre lo que se hace y lo que proclaman sus nobles principios –eminentemente éticos y morales- se acorte. No hay que resignarse. La vieja política no encarna la democracia a la que debemos aspirar. Encarna su corrupción. (Joan Font Rosselló)
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