(Ciudadano español realizando la actividad que más placer le produce (aparte de ver ganar a su equipo de fútbol), ordeñar la teta del Estado. O sea, pasar de la teta de mamá, a la teta de 'papá-Estado'. De otro modo, 'chupar del bote'.
Otros datos. España es el país número uno de Europa en consumo de cocaína. Estamos en la cola de Europa en calidad educativa. Suficiente. No quiero amargarles la tarde.)
País de niñatos.
España
Los españoles prefieren un Estado más intervencionista pese a desconfiar de las instituciones políticas y económicas
Según un estudio de la Fundación BBVA realizado en diez países de la Unión Europea, los españoles son los que más se oponen a los recortes; los que más creen que ‘el Estado debe tener la responsabilidad principal a la hora de asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno’; y los que más apuestan por ‘una sociedad con un amplio sistema de seguridad social, aunque ello implique tener que pagar impuestos altos’. Sin embargo, también son los que peor valoran a sus políticos. (LaVozdeBarcelona).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Periodismo de opinión en Reggio’s
Reinventar el Estado de Bienestar, de Mauricio Rojas en El Mundo.
TRIBUNA: CRISIS ECONÓMICA
La crisis que vive España es, evidentemente, una crisis de su modelo productivo, pero también de su modelo de Estado. Por sus amplias funciones y su gran tamaño, el Estado se ha transformado en un eje fundamental para el progreso en las naciones modernas. Esto resulta aún más evidente si consideramos el peso específico del Estado en materias sociales que abarcan sectores tan estratégicos como educación y sanidad.
España está aquejada de una seria crisis por la fragmentación caótica de sus funciones y la inflación de sus administraciones derivada del Estado autonómico. Esto es obvio. Además, España, en cuanto Estado de Bienestar, adolece de todos los defectos e ineficiencias propias de los sistemas jerárquicos cerrados y planificados.
El Estado de Bienestar, tal como lo conocemos, está haciendo agua por los cuatro costados, pero no por la maldad de los neoliberales o de los mercados sino por sus propios fallos y su desmesura. Por ello la reforma radical del Estado de Bienestar es una tarea tan decisiva, no sólo para mantenerlo en vida sino también para reencontrar una senda de crecimiento que asegure el bienestar futuro. Esta reforma debe, en lo esencial, asumir un gran reto: devolverle a la sociedad civil el protagonismo en política social.
El Estado de Bienestar actual presenta un fallo clave: está pensado como un aparato jerárquico que desde arriba debería resolver las necesidades sociales de los ciudadanos. Se ha enquistado la idea de que las cosas se hacen mejor mediante monopolios públicos y una gran planificación que elimine el caos de la libertad ciudadana. Este planteamiento es responsable de haber privado al Estado de Bienestar de la fuente más vital de progreso de la sociedad moderna: la libertad que hemos conquistado para llevar a cabo nuestras ideas y ponerlas al servicio, compitiendo unas con otras, de quienes estén dispuestos a elegirlas libremente, ya que las consideran provechosas para sus proyectos de vida.
La hegemonía social del Estado, en conflicto con la sociedad civil, ha sido el eje de la formación de los Estados benefactores tradicionales. Esta rémora ideológica se ha convertido hoy en un impedimento al progreso que, para potenciar sus posibilidades, debe buscar una fructífera colaboración entre ambos actores. Esto implica diseñar un modelo de reforma del Estado de Bienestar donde la función estatal básica sea poner a disposición de la sociedad civil instrumentos para que ella misma resuelva sus problemas.
Hace unos 20 años, el país-paradigma del Estado de Bienestar, Suecia, estuvo sumido en una profunda crisis de la cual salió gracias a decididas reformas que hicieron de su viejo Estado benefactor uno renovado, que ha sabido combinar una gran moderación fiscal con una amplia apertura a la cooperación público-privada, la competencia y el empoderamiento de la sociedad civil. Suecia lidera hoy el desarrollo europeo, con altísimas tasas de crecimiento, plena estabilidad fiscal y notables logros en política social.
De esta exitosa experiencia se pueden extraer algunas lecciones útiles para formular una propuesta de modernización del Estado de Bienestar español.
En primer lugar, la reforma del Estado de Bienestar debe ser llevada a cabo por la sociedad. El papel del Estado debe limitarse a abrir la posibilidad del cambio renunciando a su monopolio de la gestión de los servicios públicos y dándole al ciudadano una voz determinante.
Seguidamente, el principal agente de la modernización de los servicios públicos debe ser el ciudadano mismo. Para que ello sea posible, el ciudadano debe recibir la responsabilidad directa por la conformación de la oferta de servicios públicos mediante su libre elección de los mismos. La forma más simple y eficiente de alcanzar esto es un sistema de bonos del bienestar, por el cual el Estado transfiere a los ciudadanos el poder efectivo de configurar, mediante su demanda respaldada por los bonos del bienestar, la oferta misma de los servicios de responsabilidad pública.
En tercer lugar, se requiere pluralismo de proveedores que compitan por el favor ciudadano. La libertad de elección no puede realizarse si no existe una posibilidad real de elegir entre muchas alternativas que compitan entre sí en igualdad de condiciones y que, para su subsistencia, dependan de la elección libre de los ciudadanos. Esto implica separar la responsabilidad pública por el acceso universal e igualitario a ciertos servicios y prestaciones sociales de su gestión. De esta manera se rompen los monopolios públicos, abriendo lo que ha sido un sistema cerrado al dinamismo de la libre competencia.
Y por último, desfuncionarizar los servicios de responsabilidad pública. La modernización del Estado de Bienestar implica romper no sólo el monopolio de la gestión pública sino, además, el de ciertas categorías laborales sobre la prestación de los servicios de responsabilidad pública. La estabilidad en el empleo de quienes prestan servicios que no tienen directamente que ver con el ejercicio de la autoridad del Estado no debe, en el futuro, estar relacionada con asignaciones presupuestarias ni privilegios como la inmovilidad laboral, sino únicamente con la capacidad de atraer la demanda ciudadana y, con ello, el financiamiento público canalizado vía bonos del bienestar.
Todo esto es una realidad en la Suecia de hoy, sin por ello haber disminuido ni un ápice el espíritu solidario que inspira su Estado de Bienestar ni su compromiso como garante del acceso universal e igualitario a servicios de calidad. Las reformas aquí resumidas no han pretendido desmontar el Estado de Bienestar, sino reinventarlo desmontando aquellas jerarquías, monopolios y excesos que lo amenazaban.
Los momentos de crisis pueden ser también momentos de lucidez. Aquello que por mucho tiempo ni siquiera hemos sido capaces de pensar puede transformarse en algo evidente e imperioso para no seguir empantanados. España vive hoy un momento de crisis de tal envergadura que requerirá, para ser superado, de toda la lucidez que seamos capaces de recabar. Y también de la valentía de enfrentar los riesgos políticos de decir lo que se debe y no sólo lo que se puede.
Las propuestas aquí recogidas requieren, básicamente, comprender que la política social del futuro no nos caerá como maná del cielo del poder del Estado. Ni el Estado ni la política pueden hacer tales milagros en un mundo tan cambiante, diverso y complejo como el de hoy. Lo que la política sí puede hacer es más modesto pero no menos importante: crear condiciones propicias para el ejercicio más pleno y más amplio de nuestra libertad.
El paso de un Estado benefactor desde arriba a un verdadero Estado social de Bienestar requerirá, además, de un gran coraje por parte de los políticos que lo hagan posible: el coraje de desprenderse de una importante parcela de poder para devolvérsela a los ciudadanos.
Mauricio Rojas es profesor de la Universidad de Lund (Suecia) y autor de Reinventar el Estado del bienestar. La experiencia de Suecia (Gota a Gota, 2010).
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La crisis que vive España es, evidentemente, una crisis de su modelo productivo, pero también de su modelo de Estado. Por sus amplias funciones y su gran tamaño, el Estado se ha transformado en un eje fundamental para el progreso en las naciones modernas. Esto resulta aún más evidente si consideramos el peso específico del Estado en materias sociales que abarcan sectores tan estratégicos como educación y sanidad.
España está aquejada de una seria crisis por la fragmentación caótica de sus funciones y la inflación de sus administraciones derivada del Estado autonómico. Esto es obvio. Además, España, en cuanto Estado de Bienestar, adolece de todos los defectos e ineficiencias propias de los sistemas jerárquicos cerrados y planificados.
El Estado de Bienestar, tal como lo conocemos, está haciendo agua por los cuatro costados, pero no por la maldad de los neoliberales o de los mercados sino por sus propios fallos y su desmesura. Por ello la reforma radical del Estado de Bienestar es una tarea tan decisiva, no sólo para mantenerlo en vida sino también para reencontrar una senda de crecimiento que asegure el bienestar futuro. Esta reforma debe, en lo esencial, asumir un gran reto: devolverle a la sociedad civil el protagonismo en política social.
El Estado de Bienestar actual presenta un fallo clave: está pensado como un aparato jerárquico que desde arriba debería resolver las necesidades sociales de los ciudadanos. Se ha enquistado la idea de que las cosas se hacen mejor mediante monopolios públicos y una gran planificación que elimine el caos de la libertad ciudadana. Este planteamiento es responsable de haber privado al Estado de Bienestar de la fuente más vital de progreso de la sociedad moderna: la libertad que hemos conquistado para llevar a cabo nuestras ideas y ponerlas al servicio, compitiendo unas con otras, de quienes estén dispuestos a elegirlas libremente, ya que las consideran provechosas para sus proyectos de vida.
La hegemonía social del Estado, en conflicto con la sociedad civil, ha sido el eje de la formación de los Estados benefactores tradicionales. Esta rémora ideológica se ha convertido hoy en un impedimento al progreso que, para potenciar sus posibilidades, debe buscar una fructífera colaboración entre ambos actores. Esto implica diseñar un modelo de reforma del Estado de Bienestar donde la función estatal básica sea poner a disposición de la sociedad civil instrumentos para que ella misma resuelva sus problemas.
Hace unos 20 años, el país-paradigma del Estado de Bienestar, Suecia, estuvo sumido en una profunda crisis de la cual salió gracias a decididas reformas que hicieron de su viejo Estado benefactor uno renovado, que ha sabido combinar una gran moderación fiscal con una amplia apertura a la cooperación público-privada, la competencia y el empoderamiento de la sociedad civil. Suecia lidera hoy el desarrollo europeo, con altísimas tasas de crecimiento, plena estabilidad fiscal y notables logros en política social.
De esta exitosa experiencia se pueden extraer algunas lecciones útiles para formular una propuesta de modernización del Estado de Bienestar español.
En primer lugar, la reforma del Estado de Bienestar debe ser llevada a cabo por la sociedad. El papel del Estado debe limitarse a abrir la posibilidad del cambio renunciando a su monopolio de la gestión de los servicios públicos y dándole al ciudadano una voz determinante.
Seguidamente, el principal agente de la modernización de los servicios públicos debe ser el ciudadano mismo. Para que ello sea posible, el ciudadano debe recibir la responsabilidad directa por la conformación de la oferta de servicios públicos mediante su libre elección de los mismos. La forma más simple y eficiente de alcanzar esto es un sistema de bonos del bienestar, por el cual el Estado transfiere a los ciudadanos el poder efectivo de configurar, mediante su demanda respaldada por los bonos del bienestar, la oferta misma de los servicios de responsabilidad pública.
En tercer lugar, se requiere pluralismo de proveedores que compitan por el favor ciudadano. La libertad de elección no puede realizarse si no existe una posibilidad real de elegir entre muchas alternativas que compitan entre sí en igualdad de condiciones y que, para su subsistencia, dependan de la elección libre de los ciudadanos. Esto implica separar la responsabilidad pública por el acceso universal e igualitario a ciertos servicios y prestaciones sociales de su gestión. De esta manera se rompen los monopolios públicos, abriendo lo que ha sido un sistema cerrado al dinamismo de la libre competencia.
Y por último, desfuncionarizar los servicios de responsabilidad pública. La modernización del Estado de Bienestar implica romper no sólo el monopolio de la gestión pública sino, además, el de ciertas categorías laborales sobre la prestación de los servicios de responsabilidad pública. La estabilidad en el empleo de quienes prestan servicios que no tienen directamente que ver con el ejercicio de la autoridad del Estado no debe, en el futuro, estar relacionada con asignaciones presupuestarias ni privilegios como la inmovilidad laboral, sino únicamente con la capacidad de atraer la demanda ciudadana y, con ello, el financiamiento público canalizado vía bonos del bienestar.
Todo esto es una realidad en la Suecia de hoy, sin por ello haber disminuido ni un ápice el espíritu solidario que inspira su Estado de Bienestar ni su compromiso como garante del acceso universal e igualitario a servicios de calidad. Las reformas aquí resumidas no han pretendido desmontar el Estado de Bienestar, sino reinventarlo desmontando aquellas jerarquías, monopolios y excesos que lo amenazaban.
Los momentos de crisis pueden ser también momentos de lucidez. Aquello que por mucho tiempo ni siquiera hemos sido capaces de pensar puede transformarse en algo evidente e imperioso para no seguir empantanados. España vive hoy un momento de crisis de tal envergadura que requerirá, para ser superado, de toda la lucidez que seamos capaces de recabar. Y también de la valentía de enfrentar los riesgos políticos de decir lo que se debe y no sólo lo que se puede.
Las propuestas aquí recogidas requieren, básicamente, comprender que la política social del futuro no nos caerá como maná del cielo del poder del Estado. Ni el Estado ni la política pueden hacer tales milagros en un mundo tan cambiante, diverso y complejo como el de hoy. Lo que la política sí puede hacer es más modesto pero no menos importante: crear condiciones propicias para el ejercicio más pleno y más amplio de nuestra libertad.
El paso de un Estado benefactor desde arriba a un verdadero Estado social de Bienestar requerirá, además, de un gran coraje por parte de los políticos que lo hagan posible: el coraje de desprenderse de una importante parcela de poder para devolvérsela a los ciudadanos.
Mauricio Rojas es profesor de la Universidad de Lund (Suecia) y autor de Reinventar el Estado del bienestar. La experiencia de Suecia (Gota a Gota, 2010).
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- Instalados en el error.
- En España muchos son partidarios de incrementar el gasto público.
-
Un estudio reciente de la Fundación BBVA sobre valores políticos y
económicos de los europeos revela que los españoles, a la hora de
señalar medidas para combatir la crisis, equivocan notablemente su
perspectiva. Del conjunto de países estudiados, es en España donde una
mayoría más clara es partidaria de incrementar el gasto público y el
intervencionismo estatal con el fin de reactivar la economía y crear
empleo. Mientras que en Francia y Alemania sólo un 28% y un 32% se
inclinan por estrategias keynesianas, en nuestros pagos el porcentaje
sube al 59%.
Esta visión resulta contradictoria con la idea bien establecida de que los culpables del desastre son los bancos, los Gobiernos, los políticos, el Banco Central Europeo y las instituciones comunitarias. Es decir, por un lado se acusa certeramente a la interferencia de los poderes públicos de haber causado las graves dificultades que atravesamos y, por otro, nuestros compatriotas reclaman dosis mayores de este veneno letal. Parece evidente que semejante absurdo responde a una falta de comprensión de los mecanismos de funcionamiento de los mercados.
Este desenfoque obedece a décadas de pensamiento único socialista y a la ausencia en nuestra clase política de un discurso favorable a la responsabilidad individual, el ahorro, la inversión, la competitividad y la actividad empresarial. Se ha dicho, con evidente ánimo de caricatura, pero no sin cierta razón, que hoy gobierna en España la izquierda, que el principal partido de la oposición es la extrema izquierda y que el resto se sitúa en el colectivismo revolucionario o en el delirio antisistema. La conclusión es que nuestro espectro parlamentario está peligrosamente escorado, anomalía que conviene urgentemente corregir.
(Alejo Vidal Quadras/La Gaceta).
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