LA IZQUIERDA Y LA AUTORIDAD.

Las menores lo podrán hacer sin consentimiento

El Gobierno mantiene el plazo de 14 semanas para abortar libremente

Madrid, 27 (EP/LB).- El Gobierno aprobó este sábado en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en el que mantiene el plazo de 14 semanas para abortar libremente y que las menores de 16 y 17 años lo hagan sin el consentimiento de sus padres.

Según informó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el texto incluye algunas de las recomendaciones del Consejo de Estado, entre las que destaca el refuerzo de la exposición de motivos. En ésta se reconoce que la vida prenatal “es un bien jurídico que merece una protección eficaz pero siempre teniendo en cuenta la ponderación con los derechos de la mujer embarazada”.

Igualmente, en el sistema de información se ha introducido un nuevo apartado, por el que “se informará a la mujer específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales que conlleva continuar el embarazo o su interrupción”.

Además, se ha modificado el artículo 16, que hace referencia al comité clínico que tiene que valorar aquellos diagnósticos prenatales en los que se detecten enfermedades extremadamente graves e incurables en el feto.

Así, y según queda redactado este artículo, estará formado por un equipo pluridisciplinar de personas expertas en diagnóstico prenatal, y una vez confirmado el diagnóstico por el comité, será la propia mujer la que decida sobre su intervención. Habrá al menos uno de estos comités en cada comunidad autónoma y su funcionamiento se regulará reglamentariamente. Además, se han recogido asimismo todas las propuestas aportadas por la Agencia de Protección de Datos para garantizar la intimidad y la confidencialidad.

Los aspectos fundamentales no cambian, ya que, según el proyecto, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión al menos tres días antes.

De manera excepcional y hasta la semana 22, se podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita.

Uno de los puntos más polémicos y que más se ha debatido es el que propone que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, aunque existe un cierto consenso sobre la conveniencia de informarles.

Según manifestó De la Vega, el proyecto aprobado por el Gobierno es “el que más se ajusta a la realidad social” española. “Es una ley sensata y ajustada a derecho que, más de dos décadas después de la primera legislación, quiere dar respuesta a las carencias”, agregó.

Así, y tras defender que la propuesta del Ejecutivo está “en sintonía” con los países del entorno, subrayó que la voluntad es la disminución de embarazos no deseados. “Que ninguna mujer tenga que enfrentarse a la durísima decisión de abortar”, dijo.

UN AÑO DESPUÉS

La aprobación del proyecto llega poco más de un año después de que Bibiana Aído anunciase la reforma de la legislación en materia de aborto. En este periodo, el debate ha pasado por el Congreso, a través de una subcomisión a puerta cerrada que emitió un informe posteriormente aprobado por la Comisión de Igualdad con la oposición del Partido Popular. El informe coincide con lo propuesto posteriormente por el Gobierno.

Por otra parte, la titular de Igualdad creó un Comité de Expertos del ministerio que emitió otro dictamen, que coincidía mayoritariamente con lo aprobado en el Congreso. Además, Aído mantuvo una ronda de contactos con las asociaciones que habían solicitado reunirse con ellas, entre las que destacaron las de jóvenes, feministas y antiabortistas.

Una vez emitidos los dos documentos y realizadas todas las reuniones, la propia Aído presentó al Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo el anteproyecto de ley para su aprobación. El anteproyecto fue enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado para que emitiesen una valoración al respecto.

Una vez recibidos los dictámenes, el último se hizo público la semana pasada, la ministra de Igualdad elevará mañana el proyecto al Consejo de Ministros para que lo apruebe y comience así el trámite parlamentario de la reforma. (LB)
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¿OVEJAS O CIUDADANOS?

En el anterior 'spot', o como se llame, hago referencia a un chaval que ha pegado a su padre. Se cuentan los pormenores y añado un pequeño comentario. El del chico que pega a su padre y el de la niña de 16 años que aborta a su aire, son ejemplos de una característica típica de la izquierda. Degradar, minimizar o destruir la autoridad de los padres y de los profesores.

En relación con los profesores, hay que introducir un matiz. Si los profesores son de izquierdas y participan del proyecto totalitario de engrandecer a Papá-Estado y minimizar a los padres naturales, no hay problema. El problema está en los profesores que no se dejan.

Algo parecido sucede con los padres. Algunos padres no se oponen a la asignatura Educación para la Ciudadanía, que trata de manipular las conciencias de los adolescentes a favor de una visión 'progresista' de la sociedad. Por tanto, los padres que se oponen a esta asignatura, no son 'progresistas'. Que es lo peor de lo peor.

También es similar a la fuerte subida de impuestos de Zapatero. Dado que son para los 'pobres', el que se oponga es un maldito insolidario. Un mierdoso egoista de derechas. Ya se sabe que nuestro Zapatero es como Robin Hood. Se lo quita a los ricos para dárselo a los pobres. ¡Quién se puede oponer! La gente mala. O sea, la derecha.

Así van las cosas. La cuestión es si usted se dejará engañar o asustar. Es su responsabilidad.

¿Ovejas o ciudadanos?

Sebastián Urbina.
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Los periódicos españoles cargan sin piedad contra el Gobierno socialista

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Zapatero opta por esquilmar al español medio

Las rentas medias y bajas apechugarán con el 96% de la subida de impuestos

La reacción de los periódicos es desoladora para el Gobierno Zapatero. ABC titula "La hora de pagar los platos rotos". El País habla de "Cuentas Oscuras". El Mundo subraya que "El Gobierno hace lo contrario de lo que dice". La Razón opta por "Una subida de impuestos que nos perjudica a todos" y así uno tras otro.
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ALONSO DE LAS HERAS | MADRID

El reforma de la ley del aborto aprobada ayer por el Consejo de Ministros será remitida a las Cortes prácticamente sin modificaciones significativas respecto al anteproyecto previo, pese a las puntualizaciones de los órganos consultivos del Estado, que si bien no son opiniones vinculantes, deben ser tenidas en cuenta antes de aprobarse un proyecto de ley.

Poco caso hizo el Ejecutivo al Consejo Fiscal, que tras deliberar sobre el anteproyecto de la «Ley Aído» dictaminó a finales de junio la inconstitucionalidad del sistema de plazos que contempla dicho texto legal, y que supone la principal novedad respecto a la Ley Orgánica de 1985, vigente en la actualidad. Aunque dicho dictamen -que desaconsejaba el anteproyecto- no fue apoyado por el fiscal general, Cándido Conde Pumpido, ni por otros cuatro miembros del Consejo, finalmente fue aprobado gracias al voto de los otros seis vocales electos.

El principal argumento del Consejo Fiscal para declarar la anticonstitucionalidad de la ley del aborto fue que el sistema de plazos desprotege la vida del «nasciturus»,(el que va a nacer), que jurídicamente protege la Constitución.

El Gobierno tampoco hizo mucho caso a las recomendaciones del Consejo de Estado, principal órgano consultivo del Estado. Aunque el Consejo avaló que las menores de 16 años tengan «la última palabra» sobre la decisión de abortar, también expresó que los padres tienen derecho a conocer la decisión de la hija.

Este órgano hizo igualmente hincapié en la necesidad «ineludible» de otorgar a la mujer que se plantea abortar «información verbal y personalizada en cada caso concreto», mientras que tanto el anteproyecto como el proyecto final recogen que la información previa al consentimiento del aborto sea despersonalizada y se entregue en un sobre cerrado, con el fin de crear un ambiente «exento de presiones» en torno a la decisión. Pese a todo, el Gobierno sí ha incorporado dos recomendaciones del Consejo de Estado: incluir que la vida prenatal «merece una protección especial» así como información sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la intervención.

Otra señal de la falta de consenso social de la «Ley Aído» es que, por primera vez en la historia, el Consejo General del Poder Judicial no ha emitido dictamen sobre una norma legal. El motivo fue la división entre los miembros del CGPJ en sus consideraciones sobre el texto.

En el ámbito de la sociedad civil, diferentes asociaciones provida -que han abanderado desde el principio la oposición cívica a esta reforma de la ley del aborto- denunciaron que el Gobierno apenas ha introducido cambios pese a la polémica desatada tras la aprobación del anteproyecto. Tanto el Foro Español de la Familia como Derecho a Vivir -dos de las cuarenta asociaciones convocantes de la próxima manifestación antiabortista del 17 de octubre en Madrid- consideran la ley como un retroceso social. Concretamente, Derecho a Vivir advierte que, de prosperar esta legislación, no sólo se atentaría contra la vida del no nacido, sino que también «se pondría en peligro a la mujer embarazada desde el punto de vista médico», tal y como aseguró la ginecóloga Gádor Joya, portavoz de la plataforma.

El PP se opone

En el plano político, el Partido Popular fue el único que manifestó abiertamente su oposición al proyecto. La portavoz de esta formación en la Comisión Parlamentaria de Igualdad, Sandra Moneo, aseguró que el grupo parlamentario popular «votará en contra» de la aprobación de esta ley. Moneo considera que la reforma supone un intento de promover el aborto libre. La diputada popular también opina que su contenido traslada la idea de que la terminación del embarazo es «un buen sistema de planificación familiar», lo que contradice los tratados internacionales firmados por España. Los populares creen que las «mínimas» modificaciones que se han introducido en el texto son insuficientes.

Debido a su categoría de Ley Orgánica, el proyecto tiene que ser votado en ambas cámaras legislativas. En el Senado, el grupo socialista podría tener problemas para sacar adelante la ley, debido a su minoría relativa respecto al PP y al papel de los senadores cuyos grupos no se han pronunciado aún o han permitido autonomía en el voto de sus parlamentarios.