Brazos caídos en la Fiscalía ante la corrupción socialista en Andalucía
(CONFIDENCIAL PD).- ¿Porqué la Fiscalía ha 'cajoneado' durante siete meses una grabación que constata los sobornos de cargos públicos andaluces a diversos empresarios de Andalucía mientras plantea recursos al instante de haberse producido archivos en CC.AA del PP?
Daría la sensación de que existen regiones de España intocables para la Fiscalía.
Hace un mes, la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunciaba un recurso de la Fiscalía al mismo tiempo en el que se producía el archivo de la causa contra la Comunitat. Sin embargo, la Fiscalía no ha movido ficha siete meses después de que dos empresarios denunciaran sobornos por parte de cargos públicos en el caso Mercasevilla, del que es Presidente el Alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. * Al parecer ni De la Vega, ni Caamaño consideran grave un caso que se ha provocado un tsunami de dimisiones.
Como informaba Época en su múmero de esta semana, siendo Chaves todavía Presidente de la Junta de Andalucía, dos empresarios pusieron a disposición de Presidencia de la Junta una grabación en la que cargos públicos les pedían 450.000 euros por la adjudicación de un proyecto. Nueve días después, la grabación se envió a la Fiscalía.
En las grabaciones los políticos socialistas piden el dinero para la Junta de Andalucía (“de todas las subvenciones que habitualmente recibimos siempre hay que destinar una parte, una especie de impuesto, a donde la Junta en cada momento nos dice (..) La Junta nos dice que esto es para los niños saharauis y yo me lo creo. Serán para carteles de Felipe González pero yo me creo que es para los niños saharauis”).
En España se persigue a las CCAA gobernadas por el PP y se olvidan en los cajones las evidencias de casos gravísimos que afectan a CCAA gobernadas por el PSOE. Según las cintas y según las personas que intervienen -que son cargos públicos-, el PSOE estaría financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta de Andalucía e incluso estaría prestando las fundaciones de la propia Junta para que se blanquease el dinero con el que se financian las campañas socialistas, según los políticos que intervienen en estas cintas.
La inacción provocó que el PP presentará una querella que fue admitida a trámite por el juzgado número 6 de Sevilla quien reclamó diligencias a la Fiscalía e imputó cuatro personas, estrellas, al delegado provincial de empleo de la Junta y a dos directivos de Mercasevilla. La cadena de dimisiones provocada por el tsunami de Mercasevilla evidencia que algo no se hizo bien. El único que no ha dimitido es el alto cargo de la Junta de Andalucía.
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