viernes, 25 de septiembre de 2009

AROMAS DEL OASIS.


Cuando en marzo de 2008, ABC destapó que el Govern había gastado en 2007 más de 31 millones de euros en 1.583 informes encargados a dedo a personas afines a PSC, ERC e ICV, la crisis económica no se había disparado y, al tratarse de trabajos cuyo importe no superaba en su mayoría los 12.000 euros -forma de eludir el concurso público-, el Govern puso sordina al asunto, que atribuyó a una pataleta de la oposición.

Investigación de Fiscalía
Pero la decisión de la Fiscalía de Cataluña de abrir una investigación -a raíz de la denuncia del sindicato Manos Limpias- sobre unos estudios que respondían a títulos tan estrafalarios como «Seguimiento del escarabajo de las palmeras», «Diseño de parchís y puzzle de la casita de cartón recortable» o «Seguimiento de la concha brillante», obligó al propio Ejecutivo catalán a encargar una auditoría que fue elaborada en cuatro meses, pero que el conseller de Economía, Antoni Castells, ha tardado ocho meses en presentar.

De los informes que durante este tiempo han trascendido, buena parte de los cuales han sido divulgados por este diario, se podía intuir que ni eran útiles ni su precio estaba justificado. Sobre todo porque algunos de ellos eran simples copias de páginas de Internet o cuatro folios mal redactados.

Asimismo, los trabajos podían haber sido elaborados por funcionarios de la Generalitat sin necesidad de contratar a personal externo, algo que también consta en la auditoría que el pasado martes explicó Castells a los grupos parlamentarios.

Lo que ese trabajo de fiscalización no entra a valorar es si el tripartito ejerció el amiguismo en esos encargos, pues entre los autores de los mismos figuran, entre otros, la ex diputada de ICV Bet Font -la empresa en la que trabaja ahora hizo seis informes por 124.000 euros-, así como Enric Pujol Casademont, que figuró en las listas electorales de ERC por Girona. También se beneficiaron de los encargos Elisabet Comín Oliveres -elaboró dos informes-, que formó parte de las listas electorales del PSC, y el ex asesor del PSOE, Juan Ignacio Marcos Lekuona, denunciado años atrás por el PP por cobrar 12.000 euros del Consejo Insular de Menorca por un informe vacío de contenido.

El tripartito tampoco está decidido a depurar responsabilidades por estas irregularidades, aunque cabe recordar los ceses que la izquierda forzó en el Gobierno de CiU por un caso similar.
Quizá la Fiscalía sí se pronuncie al respecto.
(María Jesús Cañizares/Barcelona/ABC)
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Quizá. Si fueran del Partido Popular....

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