JUSTICIA. CAT

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  NO SE PUEDE SER JUEZ Y PARTE.
  
  Pongamos que un juez está investigando una trama de corrupción. Pongamos que ese juez ha sido fundador y directivo y es hoy miembro de honor de una fundación. Pongamos que esa fundación recibe una subvención multimillonaria de instituciones ahora gobernadas por las mismas personas a las que está investigando. Lo decente sería que el juez o bien renunciara a la subvención o bien renunciara a investigar el caso que tiene entre manos. Pero nada de eso ha pasado.
  
  Esta es la historia que revela hoy LA GACETA: una fundación cuyo fundador y miembro de honor es el juez Josep Maria Pijuan Canadell, titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que investiga la trama de corrupción del Palau de la Música, recibió una subvención de 677.581 euros por parte de la Generalitat de Cataluña. La fundación en cuestión es el Instituto de Reinserción Social. Y se da la circunstancia de que esta entidad apenas si había recibido ayudas públicas con anterioridad a esta fecha, que viene a coincidir, por un sin duda fatal azar, con el momento en el que el caso Palau pasó a manos del juez Pijuan.
  
   Los datos que revela hoy nuestro periódico pueden ser interpretados de distintas formas. Nuestro diario se limita a exponer los hechos. La interpretación más escandalosa no tiene por qué ser la correcta. Pero aunque sólo fuera por una cuestión de estética, no parece aceptable que un juez se exponga de semejante manera a aparecer como parte interesada en un proceso que él mismo está instruyendo. Del que imparte justicia hay que esperar que se mantenga alejado de aquellos a quienes juzga. Es obvio que este no es el caso.
  
   Para añadir más combustible a la caldera, resulta que a este caso Palau instruido por el juez Pijuan corresponden los borradores de informes policiales filtrados a la prensa en estos últimos días, que apuntan a una presunta evasión masiva de capitales por parte de altos mandatarios de Convergència i Unió.
  
   El juez se ha apresurado a decir que tales informes no le constan como parte del sumario, que él no ha ordenado esas investigaciones y que en todo caso los informes tendrían que haberle sido remitidos. Lo cual ha sido interpretado como un reproche judicial no al presunto delincuente, sino al chivato que revela esos secretos. Tampoco es una buena manera de sostener una imagen de imparcialidad.
  
   El juez Pijuan, por decoro profesional y por respeto a la Justicia y a los ciudadanos que la sufragan, queda obligado a aclarar las informaciones que hoy revela LA GACETA. De lo contrario, inevitablemente parecerá juez y parte. (La Gaceta)