RUBALCABA.

RUBALCABA: DIMISIÓN O CÁRCEL.

¿En qué circunstancias debe dimitir un ministro? En España, se han visto obligados a hacerlo generalmente por motivos de corrupción. El vicepresidente Alfonso Guerra dimitió en 1991 cuando se descubrió el tráfico de influencias llevado a cabo por su hermano, en un caso de corrupción y comisiones; Julián García Valverde, ministro de Sanidad, dimitió en 1992 por acusaciones sobre su gestión anterior como presidente de RENFE. En 1994, lo hizo Vicente Albero como ministro de Agricultura, acusado de no haber declarado varios millones de pesetas a Hacienda. Manuel Pimentel lo hizo tras descubrirse un caso de corrupción protagonizado por la esposa de un miembro de su equipo.

Respecto a temas y carteras más delicados, destacan la dimisión del vicepresidente Narcís Serra y del ministro de Defensa Julián García Vargas en 1995, por el caso de las escuchas generalizadas llevadas a cabo por el CESID. En cuanto al Ministerio del Interior, Corcuera dimitió cuando el Tribunal Constitucional declaró ilegal su iniciativa estrella, la "ley de la patada en la puerta", en 1993. Y en 1994 Antonio Asunción dimitió cuando su equipo fue incapaz de impedir la fuga de Luis Roldán, acusado de corrupción, y de lograr su rápida detención. Ninguno de éstos dos había obrado ilegal ni ilegítimamente, pero la importancia de su cartera les obligó a ello.

Casos gravísimos, pero que se quedan en pecadillos al lado del caso que afecta a Rubalcaba: la colaboración de miembros del ministerio del Interior con la banda terrorista ETA y su aparato de chantaje y extorsión –parte fundamental del reaprovisionamiento de la banda–, obstaculizando y haciendo fracasar una operación de la Audiencia Nacional.

Si la colaboración de la cúpula de Interior con la banda terrorista, autora de la muerte de centenares de policías y guardias civiles, no es motivo para la dimisión del ministro, no se nos ocurre qué puede serlo. Ni se nos ocurre en qué circunstancias debería dimitir un ministro –cualquiera– a partir de ahora si por un caso así no lo hace el de Interior: ¿cómo justificar una dimisión por escándalos de corrupción a partir de ahora cuando no se dimite por un caso de colaboración con ETA?

Medios de comunicación y clase política actúan como si su dimisión dependiera del descubrimiento futuro de una mayor implicación en este asunto del ministro, lo que es un gran error: una mayor implicación de Rubalcaba en el caso Faisán implicaría, no ya su dimisión –para la que ya hay motivos y hasta tradición política suficientes– sino un horizonte penal. Una mayor implicación de Rubalcaba sólo puede significar que las órdenes de avisar a ETA de la acción policial partieron del propio Rubalcaba, y que sus subordinados sólo cumplían sus órdenes.

Pero en este caso él sería, no el responsable, sino el culpable, y tendría que enfrentarse al delito de colaboración con banda armada que, por ahora, sólo se esgrime en relación con alguno de los miembros de su equipo. Rubalcaba ya ha cruzado el umbral de la dimisión; si está implicado más que lo que por ahora sabemos en el caso Faisán, el umbral será el de las responsabilidades penales, y con ellas la cárcel.

Lo cual, por cierto, nos lleva de nuevo a la maraña de complicidades, lealtades y silencios que caracterizaron a los escándalos de la lucha contra ETA de la anterior época socialista, en la que los ministros encubrían a sus subordinados, éstos protegían a los ministros y el presidente del Gobierno amparaba a todos ellos dificultando las investigaciones, viciando las relaciones con la justicia y los medios de comunicación. ¿Es que los socialistas no pueden llevar una lucha antiterrorista normal? Sí, nosotros también sabemos la respuesta. Pero dudamos de que la sepa Rubalcaba, de quien esperamos y a quien deseamos sólo la dimisión.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.