EL «café para todos» de las autonomías no fue un invento tan malo como se desprende de su histórica mala prensa. Aunque acabase propiciando un desparrame virreinal insostenible, sirvió para fraguar un mínimo de cohesión territorial y evitar que cuajase el concepto confederalista de una España de dos velocidades en la que las comunidades llamadas históricas viajasen en vagón de primera y el resto en los furgones de cola. De ahí que siempre le hayan tenido inquina los nacionalistas vascos y catalanes y los partidarios de una nación asimétrica, aliados bajo el mandato de Zapatero en sucesivas intentonas, más o menos exitosas, de darle al modelo territorial una vuelta de tuerca. Cuando no lo han podido lograr por la vía legal han apelado al mercado negro, favorecidos por la inestabilidad de un presidente necesitado de apoyos de alquiler que le han prestado a cambio de sus complacientes favores de pagafantas.
La última —por ahora— de esas recurrentes asimetrías ha sido la autorización de deuda suplementaria a una Cataluña a la que el derroche del tripartito ha dejado ciertamente al borde de la bancarrota. Zapatero no ha cedido por mala conciencia ante el calamitoso saldo del montillatosino porque necesita el respaldo de CiU para apuntalar la legislatura y además no desea ahondar la fosa de su desprestigio en la comunidad que le permitió ganar las últimas elecciones. Pero resulta clamoroso el agravio con otras regiones —Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha— y ciudades —Madrid o Valencia— a las que ha bloqueado el crédito con razonables criterios de ajuste que no han valido igual para todo el mundo. Sin más planificación que el regateo improvisado, el presidente ha otorgado a Artur Mas un privilegio discriminatorio y no va a obtener por ello un agradecimiento deferente porque el nacionalismo es de suyo insaciable y considera que lo acordado es sólo un alivio provisional, apenas una parte de los atrasos que observa en su contabilidad victimista. Haciendo honor a su apellido, Mas aún piensa exprimir a este presidente amortizado y luego tratará de sablear a Rajoy cuando le llegue el turno.
Quedó patente en el ejercicio de gestualidad política escenificado el lunes en Moncloa. Mientras Zapatero, el donante, sonreía de oreja a oreja, el líder catalán salió con calculado gesto de parcial insatisfacción, como si hubiese ido a hacerle un favor al presidente pidiéndole dinero y encima se hubiese conformado con una limosna. Mas compuso un papel perfecto de victimismo displicente, arrancando una franquicia con cara de haberse rebajado a una concesión de dignidad. Ésa va a ser de nuevo la tónica de los próximos años: una queja doliente y a mano tendida del nacionalismo para intentar beberse a solas el café de todos… presentando como una generosa merced el simple hecho de sentarse a la mesa. (Ignacio Camacho/ABC).
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CATALUÑA NO PAGA.
Los hechos ratifican que Cataluña es, hoy por hoy, la comunidad autónoma menos solvente de España junto a Castilla-La Mancha, Murcia y, en otro ámbito, el ayuntamiento de Madrid, cuyos responsables apenas han tardado 24 horas en solicitar al Gobierno central el mismo trato concedido a la Generalidad. Es decir, poder endeudarse a largo plazo con el aval del Estado para hacer frente a sus inminentes compromisos de pago.
Se veía venir. La gestión económica del anterior tripartito ha sido todo un fiasco, hasta el punto de tener que emitir los ya famosos bonos patrióticos para poder pagar las nóminas de los funcionarios autonómicos hasta finales de año, evitando así in extremis el suculento escándalo que ello supondría. De hecho, Montilla ha falseado las cuentas al ocultar el terrible agujero presupuestario que dejaba en Cataluña.
Las primeras estimaciones del nuevo Gobierno que preside Artur Mas avanzan que el déficit público superará los 7.000 millones de euros en 2010, más del doble del objetivo inicial –2.600 millones, equivalente al 1,3% del PIB catalán–. Y la situación este año no será mucho mejor: Cataluña precisa captar cerca de 11.000 millones de euros extra en los mercados para cubrir sus necesidades de financiación, tal y como ha reconocido el propio Mas. Esta cuantía corresponde a los cerca de 3.000 millones de euros que acumula la Generalidad en pagos pendientes de diversa índole, los 2.600 millones de déficit público previsto para 2011 y el vencimiento de entre 5.000 y 6.000 millones de euros de deuda a lo largo del año –en esta partida se incluyen los bonos patrióticos–.
Ante esta dramática situación presupuestaria, Mas ha señalado que "la necesitad de ajuste es fuerte". Evidente, pero ¿en cuánto cifra el president dicho ajuste? Según el Plan de Estabilidad elaborado a tal efecto, la Generalidad tan sólo se compromete a reducir en un 10% interanual el gasto público para 2011, unos 3.000 millones de euros.
Una cifra claramente insuficiente para estrechar la gran brecha fiscal existente. De ahí, precisamente, que Mas haya recurrido a Zapatero para cubrir la diferencia a cambio, eso sí, del ya habitual apoyo parlamentario en el Congreso. Dicho y hecho, el Estado avalará (con el dinero del resto de los españoles) la emisión de nueva deuda catalana. Sin embargo, siendo esto grave, la clave del pacto alcanzado reside en que Mas ha reclamado, igualmente, que la financiación estatal que perciba su comunidad el presente ejercicio sea idéntica a la del año pasado.
¿Y esto que quiere decir? Pues que, simplemente, Cataluña percibirá, vía financiación autonómica, mucho más dinero del que le correspondería en base a la evolución de la recaudación fiscal. De hecho, según las últimas estimaciones de ejecución presupuestaria, la Generalidad percibió del Estado un 37% más en 2010 de lo que realmente tendría que haber recibido. Así pues, Cataluña no pagará sus dispendios sino que será el resto de contribuyentes españoles los encargados de afrontar tales desmanes por obra y gracia del sistema de solidaridad interterritorial. En el juego del café para todos está claro que a algunos éste se les sirve mucho más cargado que a otros. (Manuel Llamas/ld)
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OTRO MOTIVO PARA PEDIR LA INDEPENDENCIA (DE ESPAÑA)
Cada vez que Zapatero se reúne con Mas en La Moncloa para tratar asuntos referidos a Cataluña, los ciudadanos del resto de España salen perjudicados en su soberanía o en su bolsillo sin que ambas circunstancias sean necesariamente excluyentes. Ocurrió con el nuevo estatuto de aquella nacionalidad, antes comunidad autónoma, y ha ocurrido ahora a cuenta de los principios de racionalización del gasto público que ZP exige a las otras dieciséis autonomías.
El artículo 138 de la constitución que ZP juró cumplir y hacer cumplir prohíbe taxativamente la existencia de privilegios económicos o sociales entre comunidades, exigiendo que se trate a todas las autonomías con idéntico criterio en función del principio de solidaridad territorial. Sin embargo, el Gobierno socialista permite a la autonomía más endeudada de Europa aumentar su nivel de deuda, mientras a otras, gobernadas por el PP, les niega el mínimo auxilio para equilibrar sus cuentas en medio de una crisis devastadora. La comunidad autónoma catalana tiene una deuda viva de unos cuarenta mil millones de euros, por unos mil ochocientos en el caso de, pongamos, Murcia. Ambas han incurrido en el mismo porcentaje de déficit durante el año pasado –aunque por distintos motivos–. En consecuencia, a los nacionalistas catalanes se les permite un lanzamiento de bonos patrióticos por 7.000 millones y a los dirigentes populares del sureste se les deniega la posibilidad de pedir prestados 500 millones con los que enjugar la falta de financiación a que el Gobierno central somete a las regiones desafectas.
La consecuencia inmediata es que los auténticos separatistas catalanes, los que queremos realmente la independencia de Cataluña, estamos cada vez más frustrados con la pusilanimidad de Arturo Mas, quién lo iba a decir con ese mentón. Y es que eso de venir a pedir permiso a Madrid para lanzar una salva de bonos patrióticos no es muy compatible con la dignidad exigida al primer mandatario de una nación, como pretende serlo el presidente de la Generalidad catalana. ¿Desde cuándo un país pide permiso a otro para reorganizar sus finanzas? Es más, si Mas aspirara realmente a devolverle a la nación catalana los derechos usurpados por el centralismo ibérico, qué mejor ocasión para proclamar el fin de la sumisión a Madrid que la actual hecatombe financiera provocada en las cuentas catalanas por el tripartito, sobre todo teniendo en cuenta que, según afirma el nacionalismo más ortodoxo, la independencia traería aparejado de forma inmediata un crecimiento económico sin precedentes en su historia.
La solución a esta paradoja es que, evidentemente, ni Arturo Mas ni los nacionalistas talluditos quieren realmente separarse de España, porque se sienten muy cómodos usufructuando el esfuerzo ajeno bajo la amenaza de castigarnos con su indiferencia si no aflojamos la pasta en la medida en que consideran suficiente. Por eso, a aquellos que defendemos la independencia de Cataluña sólo nos queda la esperanza de que las juventudes de los partidos nacionalistas actúen con la honestidad intelectual y la altura de miras propias de la edad, y acaben obligando a sus mayores a cumplir aquello que les llevan prometiendo desde que empezaron la guardería: un país soberano separado de España de forma definitiva. Hay cuarenta y siete mil millones de razones para apoyarlos. (Pablo Molina/ld)
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