LA DESVERGÜENZA FISCAL DE CATALUÑA.
Las ambiciones dinerarias de los políticos catalanes no conocen límites. Quieren más y más y, por supuesto, que se lo pague el resto de España, a quien tratan como si fuera una colonia que pueden explotar hasta la saciedad y ellos la metrópoli.
Ocurre que las cuentas públicas catalanas no cuadran ni a martillazos, pero la Generalitat no quiere hacer lo que tiene que hacer y pretende que seamos el resto de los españoles quienes paguemos sus onerosas facturas.
Recientemente, el presidente catalán, Artur Mas, vino a Madrid a pedir al Gobierno no sólo que permitiera a Cataluña endeudarse aún más de lo que ya está, sino también a tratar de sacarle la nada despreciable cifra de 16.000 millones de euros adicionales a todo lo que ya se lleva del Estado. El Ejecutivo de Zapatero consintió en lo primero y le costó, por un lado, que las demás autonomías dijeran que aquí todos somos iguales y que café para todos y, por otro, que los mercados volvieran a desconfiar, una vez más, de la firmeza del Gobierno central a la hora de acometer los necesarios ajustes presupuestarios (esos mismos mercados que opinan que Cataluña es el problema de España).
Ante esta realidad, el Ministerio de Economía se negó a aflojar todavía más la bolsa y le dijo a Mas que recortase el gasto catalán entre un 12% y un 15% y que si quería más dinero, que subiese los impuestos, que para algo está la corresponsabilidad fiscal. Mas ha reaccionado este viernes diciendo que, de subir impuestos, nada de nada, y desde su Gobierno ya han empezado con la cantinela de siempre contra el Gobierno central.
Ocurre, sin embargo, que los problemas presupuestarios catalanes se los han creado ellos solitos. Mas puede decir que no tienen dinero porque el tripartito ha dejado un agujero en las arcas públicas catalanas de dimensiones astronómicas. Pero, aunque eso es cierto, dista mucho de ser toda la verdad.
De entrada, Cataluña es la autonomía con el gasto público por habitante más alto de España, no como consecuencia de los desmanes económicos del tripartito, que también, sino porque Jordi Pujol, correligionario y padrino político de Mas, apostó por más y más gasto público desde que llegó a la presidencia de la Generalitat en 1980.
Es ahí donde se creó un problema que el tripartito no hizo más que agravar y Mas tiene que aceptar las consecuencias, de la misma forma que tiene que asumir la nefasta herencia económica que le dejó Montilla, entre otras cosas porque en el tiempo en que estuvo sentado en los bancos de la oposición nunca denunció las políticas de gasto de sus predecesores en el palacio de la Plaza de San Jaume. Es más, lejos de dar marcha atrás en esas políticas de derroche presupuestario, como la de las ‘embajadas’ catalanas, a Mas le ha faltado tiempo para ‘bendecir’ la ‘embajada’ en Perpiñán. Y lo mismo cabe decir de la inmersión lingüística y demás políticas que quieren separar a Cataluña de España. Pues si esto es lo que persiguen, que lo paguen ellos.
En Cataluña, empero, ocurren todavía más cosas de naturaleza presupuestaria. Esta autonomía, por ejemplo, es la que cuenta con mayores niveles de fraude fiscal de toda España. Pues si Mas quiere más recursos, que sea el primero en perseguirlo, cosa que, por supuesto, nunca hará porque sería para él tan impopular como subir impuestos. Y también hay que decir que si la Generalitat no tiene dinero no es sólo porque lo tiran a manos llenas en políticas más que discutibles y en financiar todo tipo de clientelismos políticos; es, también, porque en su pecado están llevando su propia penitencia.
Con tanta política de inmersión lingüística, tanto rotulado y etiquetado en catalán, están consiguiendo que las empresas instaladas allí se marchen de estampida; discretamente, en muchos casos, pero de estampida. Y claro, sin empresas no hay riqueza, ni empleo, ni impuestos, y así la Hacienda catalana deja de recaudar tanto como debería hasta el punto de que entre el 10% y el 12% de su presupuesto tiene que proceder del fondo de suficiencia del sistema de financiación autonómico.
¿Y quién aporta ese dinero? Pues, ni más ni menos, que una Comunidad de Madrid a la que los catalanes no quieren permitir que baje los impuestos porque temen tanto su competencia como que el fondo de suficiencia se quede sin recursos y ellos tengan que afrontar esa realidad presupuestaria que no quieren contemplar. Dicho lisa y llanamente: que al Ejecutivo regional no se le permite bajar los impuestos a los madrileños para que éstos sigan financiando las políticas secesionistas catalanas. Tiene narices la cosa.
Lo de Cataluña, se mire como se mire, es una desvergüenza fiscal completa. Y, encima, pretenden hacer valer las necesidades de apoyos de los socialistas en el Congreso y en el Senado, así como en el caso eventual de que el PP gane las elecciones pero sin el número de escaños suficientes que le permita gobernar con tranquilidad, para pedir más y más dinero. Y si no es por esas, es por la exigencia del concierto económico, que viene a ser algo así como que toda la recaudación tributaria de Cataluña la gestionan los catalanes y dan al resto de España lo que consideren oportuno, en un gesto y un deseo claro de insolidaridad con quien, en definitiva, consideran su colonia, olvidándose de que si se cierra el mercado español para las empresas con barretina, Cataluña se hunde definitivamente. ¿Para cuándo una reforma de la ley electoral que acabe con la representación y la influencia desmedida sobre España de quien no quiere saber nada de ella y sólo la contempla como a una colonia a la que explotar hasta dejarla exhausta?. (Emilio. J. González/ld)
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