SOCIALISMO REAL
La Guardia Civil ha elaborado un informe en el que indica que el presunto fraude en ayudas al empleo de la Unión Europea (UE), gestionadas por la Junta de Andalucía, asciende a 26.700.000 euros y afecta a 7.100 empresas, según los datos a los que ha tenido acceso ABC. Pese a estas cifras escandalosas, el Gobierno andaluz afirma que no existe «ninguna clase de fraude generalizado en las bonificaciones a empresas».
El reparto de fondos analizado por los agentes benefició a entre quince y veinte mil sociedades, aunque son 7.100 las que habrían cometido irregularidades. Las ayudas europeas para favorecer el empleo repartidas se engloban en un epígrafe llamado «Nuevas contrataciones bajo la modalidad de fijos discontinuos o transformación de contratos temporales en indefinidos»; es decir, son bonificaciones encaminadas a estabilizar el empleo.
Falta de control
Las condiciones para recibirlas eran que durante cuatro años la empresa debía garantizar el puesto de trabajo bonificado en las cotizaciones a la Seguridad Social; en caso de despido del trabajador éste debía ser sustituido por otro hasta la finalización del contrato del primero, es decir, hasta que se hubieran cumplido los cuatro años subvencionados y en teoría cotizados a la Seguridad Social.
Las empresas en las que se han detectado las irregularidades cobraban las bonificaciones y despedían a esos trabajadores, según fuentes de la investigación. La Junta de Andalucía, por su parte, no controlaba que esas altas bonificadas tuvieran la continuidad exigida en el tiempo, cometiendo como mínimo «una negligencia». «Por ahora no se puede hablar de una implicación delictiva del Ejecutivo andaluz en los hechos, pero parece evidente que se ha producido al menos un comportamiento negligente, dado que no se llevaban a cabo las comprobaciones oportunas».
Según los investigadores, en muchos casos el volumen de fraude no alcanzaría la cantidad necesaria para que el hecho sea considerado delito, por lo que se trataría de una infracción administrativa. Los límites para que estemos ante una irregularidad o ante un delito es que el fraude no supere los 120.000 euros, en el caso de que sea una ayuda europea directa, y de 90.000 si es una bonificación de la Junta de Andalucía.
No obstante, se están haciendo gestiones porque aunque algunas empresas no hayan incurrido en un ilícito penal por la cuantía, sí podrían haber cometido un delito de falsedad documental (a la hora de tramitar esas ayudas por ejemplo), o bien haber tenido una continuidad en en el modo de actuar y, por tanto, se las podría acusar de un fraude continuado.
En el caso de las infracciones administrativas, lo investigará la Inspección de Trabajo de la comunidad con la supervisión del Tribunal de Cuentas de Andalucía; mientras que en el caso de los delitos son las Fiscalías provinciales —el fraude se extiende por toda la región— las encargadas de dar continuidad a la investigación y judicializar los casos. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido ya informó hace una semana de que las pesquisas se judicializarían «muy pronto». A partir de ahí, será el juez o los jueces los encargados de determinar si estamos ante infracciones o delitos y si se ha cometido falsedad documental.
La investigación, dirigida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comenzó en 2009, pero los agentes se han retrotraído, en algunos casos, en el análisis documental y de contabilidad hasta los cuatro años que exigía la concesión de las ayudas europeas al empleo.
Multas y cierre del grifo
Como adelantó ABC, la Oficina Antifraude de la Unión Europea (Olaf) participa en esta investigación. Un portavoz del organismo confirmó que se están llevando a cabo pesquisas sobre «las denuncias de irregularidades graves y posible fraude en el Fondo Social Europeo en Andalucía» y que la Oficina está en contacto con la Guardia Civil y la Fiscalía.
Fuentes del caso, subrayan la gravedad de los hechos de confirmarse las cifras manejadas. Dado que se trata de ayudas europeas, si el fraude ha existido, Olaf podría multar a España y exigir la devolución de buena parte de esas ayudas, como ocurrió por ejemplo en el caso del lino. Además ese argumento sería válido para recortar ayudas a nuestro país en un momento crítico. (Kako Rangel/ABC)
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