NUNCA MÁS

NUNCA MÁS.



Tomar un café con el periodista Fernando Lázaro de El Mundo, especialista en cuestiones de seguridad, les costó verse encarcelados y tratados como a los peores delincuentes por alguno de sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Jesús Parrilla y Celestino Rivera no olvidarán lo ocurrido hace ahora siete años, cuando in extremis una fianza de 300.000 euros, reunida por suscripción popular, les permitió pasar las navidades en casa.

Ahora, los responsables de aquel atropello responden en los juzgados de Plaza de Castilla imputados por varios delitos, y lo hacen con la protección especial de la Abogacía del Estado.







Tal y como desvela hoy El Mundo, un total de nueve policías, de los que dos son inspectores jefe y otros dos inspectores a secas, están siendo interrogados estos días en los juzgados de la Plaza de Castilla en Madrid, acusados de los delitos de detención ilegal, falso testimonio, denuncia falsa, falsedad en documentos públicos y delitos contra las garantías procesales y constitucionales.


Todo ello por la detención de los que eran sus compañeros, los citados Parrilla y Rivera, el 4 de diciembre de 2006. Les envió entonces a prisión el juez Juan del Olmo con el respaldo de la Fiscalía, aunque su competencia en el delito de revelación de secretos era más que discutible. El magistrado les intentaba mezclar en una trama de contrabando de explosivos y drogas. En unos meses daría comienzo el juicio por el 11-M, causa que había sido instruida por Del Olmo.






Estos dos agentes pasarían casi un mes en la cárcel, de la que salieron gracias al pago de 300.000 euros de fianza en la víspera de nochebuena. Una fianza, por cierto, sensiblemente superior a la que esos días se imponía, por ejemplo, a Arnaldo Otegi y otros miembros de la ilegal Batasuna por colaborar con banda terrorista. Ahora, el sindicato policial que impulsó la recogida del dinero para dejarles en libertad, la Confederación Española de Policía, ha podido personarse en la causa. Por su parte, los agentes imputados tienen el respaldo del Abogado del Estado.






Lo que ocurre ahora tiene su origen en una sentencia de la Audiencia Provincial que no sólo exoneraba de responsabilidad penal a estos dos agentes, sino que criticaba muy duramente la gestión judicial y policial del caso. A partir de ahí se inicia una acción por la vía jurídica de los policías Parrilla y Rivera contra los compañeros responsables de su calvario, quienes ahora afrontan un incierto horizonte penal. (LD)

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¿Quién dió la orden a estos nueve policías?
¿O actuaron por su cuenta y riesgo?
Recordemos que fue durante el gobierno socialista.