Una injusticia auspiciada por una mentira
No es menos cierto, sin embargo, que puede haber errores judiciales completamente independientes a esa lamentable falta de separación de poderes, y que la trayectoria pasada de algunos de los magistrados, aunque hayan votado a favor de la libertad de este asesino enfermo, acredita su independencia.
Lo que nos parece claro es que, ya sea actuando desde su independencia, ya sea haciéndolo como mera corea de transmisión del Gobierno, estos cuatro magistrados han cometido una clara injusticia al conceder una inmerecida libertad condicional a un asesino y secuestrador que jamás ha colaborado con la justicia, que jamás ha pedido perdón por su actividad criminal y que no está en fase terminal, tal y como acaba de confirmar el nuevo informe forense.
Al margen de esto, lo que en modo alguno puede ser calificado de error involuntario es la descarada mentira propagada por el Gobierno de Rajoy para justificar la concesión del tercer grado a Bolinaga, sin lo cual no se habría podido someter a valoración judicial su puesta en libertad condicional.
Perfecto conocedor del artículo 104.4 del reglamento penitenciario, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sabía que faltaba a la verdad cuando afirmó que el Gobierno prevaricaría si no hubiera concedido el tercer grado, como también lo sabía el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuando defendió esa concesión como un "imperativo legal". El último en propagar esa mentira ha sido el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al afirmar el pasado lunes en RTVE: "La ley no quiere que nadie muera en la cárcel".
Con esta melodramática y engañosa afirmación, el presidente del Gobierno deslizó, en realidad, dos falsedades. La primera, la de presentarnos a un Bolinaga –que no está propiamente en la cárcel, sino perfectamente atendido en un hospital penitenciario– en estado terminal, cuando no lo está, tal y como acreditan los informes médicos.
La segunda falsedad es respecto a lo que la ley, más que querer, dictamina. Y es que si la ley dictara que los presos con determinadas enfermedades o por debajo de determinado peso –como Rajoy prefiera– gozaran de libertad condicional, así lo diría. Pero no lo dice. La concesión del tercer grado para reclusos enfermos es puramente facultativa del Gobierno, como lo demuestra no sólo la letra de la ley, también el elocuente hecho de que en España mueren anualmente muchos criminales en hospitales penitenciarios sin que ello suponga, en modo alguno, un quebranto de nuestro ordenamiento jurídico.
Sin embargo, esta mentira del Gobierno es esencial para sostener otra de un calado aun mayor, y que Mariano Rajoy ya contribuyó en su día a forjar, poco antes de las últimas elecciones generales: la de presentarnos el chantajista comunicado de alto el fuego terrorista como una "buena noticia" equivalente a la derrota de ETA y a la llegada de la paz. Entre las condiciones etarras silenciadas por PP y PSOE –al margen de la neutralización de la Ley de Partidos- se cuentan, como "primer paso a la amnistía", el "traslado de presos/as a Euskal Herria" y la "liberación de presos/as con graves enfermedades".
Naturalmente, no creemos que Rajoy –ni siquiera Rubalcaba– estén dispuestos a dar todos y cada uno de los pasos que exige la hoja de ruta etarra. Pero no nos cabe ninguna duda de que con algunos de ellos están tratando de contentar, de mutuo acuerdo, a los que no se van a contentar, y que esa contraproducente política de apaciguamiento lo que va a hacer es entorpecer la auténtica derrota de ETA, así como soliviantar a las víctimas del terrorismo.
(edit.ld)
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