¿QUIÉN ROBA A LOS CATALANES?
Publicamos hoy en Libertad Digital el tercero de los artículos de la serie "Estado SA". Esta tercera entrega lleva por título "Cataluña, Sociedad Ilimitada" y está dedicada a esa comunidad cuyo gobierno nacionalista acaba de solicitar un rescate incondicional de 5.023 millones de euros al Estado.
Esa ingente cantidad de dinero que el gobierno de Artur Mas se ha permitido reclamar, no sólo sin vergüenza, sino con altanería, no va destinado a rescatar a Cataluña, sino a una casta política transversal, que ha hecho del nacionalismo su modo de vida.
Con la excusa de la supuesta construcción nacional, con el victimismo y con el perpetuo enfrentamiento con el Estado y con el resto de las comunidades autónomas, esa casta nacionalista ha construido a lo largo de los años un auténtico chiringuito con pretensiones de mini-estado, en el que nunca falta un puesto u otro para colocar a un amiguete, a una esposa, a una amante o a un correligionario.
Quizá debiéramos decir que la ideología política es el menor de los factores, por cuanto CIU, el PSC, ERC, Izquierda Unida y otros partidos menores se reparten sin rubor una auténtica catarata de puestos de todo tipo, que permite que nadie se quede sin su parte del pastel.
En el plano representativo, además de 135 diputados autonómicos, 130 miembros de las cuatro diputaciones provinciales y 9.132 alcaldes y concejales, Cataluña cuenta con un cuarto nivel, formado por los 1.051 consejeros de los 41 consejos comarcales. Esos representantes políticos están acompañados, a su vez, de una legión de cargos en los respectivos órganos de gobierno: muchísimos miles de directores generales, subdirectores generales, jefes de prensa, jefes de sección, jefes de gabinete, jefes de oficina, jefes de servicio...
Pero el número de puestos de naturaleza política no acaba ahí. Cataluña cuenta, entre todas las comunidades autónomas, con el mayor entramado paralelo de entes de todo tipo (organismos autónomos, consorcios, fundaciones, empresas públicas...). En total, hay más de 1.900 entes que se solapan con las estructuras de la administración y que se solapan también entre sí, pero que permiten colocar a numerosas personas o multiplicar los cargos ocupados por cada representante político.
Para hacerse una idea, entre miembros de patronatos de fundaciones, miembros de consejos de administración y miembros de consejos rectores de consorcios, hay casi 18.000 puestos de libre o cuasi-libre designación.
A su vez, toda esa estructura de mando se apoya en un enorme número de funcionarios y personal laboral: sólo en el nivel autonómico, hay más de 176.000 funcionarios y otros 54.000 empleados en el entramado de entes públicos, lo que da un total de 230.000 personas trabajando para la administración. Si hiciéramos una ciudad con todos los empleados de la Generalitat, sería la tercera ciudad de Cataluña, sólo por detrás de Barcelona y de Hospitalet.
Una de las especificidades de Cataluña es la manera en que se controla a la sociedad civil, integrando a sus representantes en la propia estructura de la administración, a través de dos vías. Por un lado, mediante los consejos rectores, patronatos y consejos de administración de los entes públicos, en los cuales se incorpora a representantes de sindicatos, de organizaciones empresariales y de todo tipo de asociaciones. Por otro lado, la Generalitat dispone de casi 120 consejos asesores y consultivos de todo tipo, desde el Consejo Social de la Lengua Catalana hasta el Consejo Asesor del Pueblo Gitano, pasando por el Consejo Catalán de Fomento de la Paz o el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Más de 2.000 personas integran esos consejos.
No hay aspecto de la sociedad civil que no esté contemplado, y no hay representante de la sociedad que no pueda ser acomodado en un consejo u otro. Lo cual implica, por supuesto, que la administración lo controla todo. En Cataluña no existe sociedad civil, por la sencilla razón de que toda ella ha sido absorbida en el monstruoso aparato de la administración.
Otro de los factores diferenciadores es el aspecto lingüístico, al que la administración catalana dedica ingentes recursos materiales y humanos. Además de la coacción en el nivel educativo, donde se niega a los padres la posibilidad de elegir la lengua de enseñanza, la administración nacionalista ha desarrollado una red de centros de normalización lingüística que cuenta con 915 trabajadores y 350 miembros de sus 22 consejos rectores territoriales.
En conjunto, las administraciones catalanas constituyen una gigantesca tela de araña cuyos tentáculos lo abarcan todo y a todos. Solo en gastos de personal, esa administración requiere anualmente 12.000 millones de euros, más de la mitad del agujero de Bankia.
Los catalanes tienen, por tanto, razón cuando se quejan de que alguien les roba, porque les están robando y mucho. Pero no es España, ni Madrid, el responsable de ese latrocinio, sino una casta voraz que se envuelve en la bandera para mejor repartirse los cargos y el dinero público.
¿Hay derecho, por ejemplo, a que a los catalanes se les cobre un euro por cada receta médica, mientras las distintas administraciones cuentan con más de 20.000 puestos en consejos consultivos, consejos asesores, consejos rectores, patronatos de fundaciones, consejos de administración o consejos de normalización lingüística?
¿Hay derecho a que se retrasen los pagos a las residencias de ancianos mientras la radiotelevisión pública catalana emplea a más de 2.500 personas y chupa 275 millones de euros anuales de los presupuestos de la Comunidad?
¿Hay derecho a que los catalanes tengan que pagar un número exorbitante de peajes para desplazarse por carretera, mientras los cuatro niveles de la administración regional cuentan con casi 2.000 entes cuyas funciones se solapan con las de la propia administración y que tienen más de 50.000 empleados?
¿Hay derecho a que muchas familias catalanas no cuenten con ningún ingreso mientras se paga con dinero público a más de 1.000 personas para montar una red de normalización lingüística subvencionada, con el fin de imponer a esos catalanes una visión monocorde de la realidad social?
A la vista de estos números, no es de extrañar la chulería con la que el gobierno de Artur Mas ha exigido que se le entregue el dinero del rescate. Los nacionalistas necesitan desesperadamente que la vista y la atención de los catalanes se centren en Madrid, no sea que a los sufridos habitantes de Cataluña les dé por fijarse en su administración regional y a alguno se le ocurra decirle a los nacionalistas: "¡Sacad ya vuestras zarpas de nuestro bolsillo! ¡Dejad ya de robarnos!".
(Blog Luis del Pino)
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