DERECHOS Y MÁS DERECHOS.

 (En estos dos artículos, podemos ver, por una parte, una cultura de los derechos muy extendida. De ahí que el político demagogo diga que sí, que va a dar más derechos. Que sí, que sí. Que no se preocupen.

Por otra parte, tenemos el comportamiento irrresponsable de las Comunidades Autónomas. Con esta crisis de caballo y una deuda terrorífica siguen aumentando el gasto público. Y yo me pregunto si no tendrá que ver una cosa con otra.

Los políticos autonómicos gastan más porque buena parte de la población está por pedir más derechos y gratuitos. Y universales.

¿Qué va a hacer el político demagogo? En fin, o cambiamos todos o nos harán cambiar a la fuerza. Cuando ya sea muy tarde y todo sea más duro y difícil. Tal vez así aprendamos. Tal vez.)

 ESPAÑA Y LOS DERECHOS.

En vacaciones uno se desvincula un tanto de la actualidad –aunque sólo sea por no tener una conexión decente a internet–, pero a cambio se mezcla más con sus semejantes en playas, piscinas, carreteras y otros entornos de involuntaria pero inevitable interacción social.

Y uno, que tiene cierta deformación profesional, contempla a sus conciudadanos con la mirada con que escruta a los políticos, es decir, no sin cierta mala leche. Lo peor es que, como en el caso de los próceres de la patria, el resultado no es muy positivo.

Así, después de unas semanas de ir por España ojo avizor, creo que el rasgo principal del español medio de hoy en día es su convicción de estar cargado de derechos. Miren, por ejemplo, a los ciclistas que pueblan las carreteras veraniegas: se creen con derecho a circular por mitad de la vía y en paralelo, aunque eso genere un atasco de proporciones industriales, o incluso en alegre pelotón, si son los suficientes.

Ellos, como sagrados usuarios del medio de transporte más querido por el perroflautismo universal, tienen todos los derechos y ninguna obligación, ni siquiera la de llevar casco en ciudad, que eso es malo para el cuero cabelludo –nota al margen: a mí me parece estupendo que cada uno se abra la cabeza a su sabor, pero si a mí como conductor me obligan a llevar cinturón y como motorista no puedo dejar el casco, ¿a qué viene la bula de los ciclistas?

Pero para derecho el de algunos ciudadanos de mi pueblo, que, descontentos con la nueva piscina construida por el alcalde, no sólo lograron que durante un par de veranos funcionasen dos piscinas municipales –en un ayuntamiento de 1.400 habitantes, viva la austeridad-, sino que ahora andan recogiendo firmas, incluso se llegó a hacer una pintada en la pared del ayuntamiento: "Queremos una piscina digna".

Ya ven: la piscina olímpica no es ya sólo un derecho, sino que se convierte en un requisito para la dignidad colectiva del pueblo. La repera.

Un último ejemplo: en una playa gaditana, hace un par de días unos policías municipales requisaban el cargamento de un vendedor ambulante ilegal que ofrecía a los bañistas algún tipo de comida que no llegué a identificar. Por supuesto, la mayor parte de los presentes agradeció su labor a las fuerzas del orden con una sonora pitada y no pocos gritos. "¡Dejadles que se ganen la vida!", decía uno. El derecho a la venta ilegal.

No me cabe la menor duda de que el cien por cien de los que protestaban están convencidos de que, si se produjese una intoxicación alimentaria por uno de esos productos vendidos en la playa, la culpa sería de las autoridades, que no controlan esas cosas lo suficiente. Ellos, obviamente, tienen derecho a comerse lo que les dé la gana y que papá Estado les haga de catavenenos.

Ah, y se me olvidaba el principal de los derechos: que todo esto, y mucho más, tiene que ser gratis.

 (Carmelo Jordá/ld).

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21-VIII-2013

Falacias autonómicas

España sigue contando con un sistema autonómico totalmente insostenible, tanto financiera como políticamente. Sin embargo, el Gobierno lleva meses vendiendo a la opinión pública una imagen irreal y distorsionada de la realidad, enfatizando unos esfuerzos de consolidación fiscal que, en el fondo, son inexistentes. La evolución que han registrado las cuentas regionales durante la crisis demuestra que, lejos de aplicar drásticos recortes públicos para aligerar sus sobredimensionadas estructuras, el gasto público ha aumentado pese a las dificultades económicas y el desplome de la recaudación fiscal. En concreto, las comunidades autónomas gastaron 186.474 millones de euros en 2012, casi un 20% más que en 2007 (unos 30.000 millones), en pleno pico de la burbuja inmobiliaria. Además, sus ingresos han aumentado un 9% durante este período, hasta rondar los 168.000 millones de euros el pasado año.

La frialdad de estas cifras pone de manifiesto, una vez más, las insistentes falacias que giran en torno a los presupuestos autonómicos. La primera, y más importante de todas, es que el volumen de gasto público que manejan las regiones no sólo no ha bajado un ápice sino que se ha disparado durante la crisis. Hoy por hoy, las comunidades autónomas gastan más dinero público que en pleno boom económico, desmontando así la supuesta austeridad y la drástica política de recortes que tanto gusta denunciar a la izquierda. La tan cacareada reducción presupuestaria brilla por su ausencia en el ámbito de las Administraciones Públicas y, especialmente, en el autonómico.

En segundo lugar, cabe recordar que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se escudó en una consolidación fiscal que, en realidad, no existe para tratar de justificar la aplicación de su polémico déficit a la carta durante 2013, por el cual se premia a las comunidades más incumplidoras, y en especial a Cataluña, en perjuicio de las más austeras y responsables, como es el caso de Madrid. No hay excusa ni razón alguna para aplicar semejante injusticia, ya que las cifras demuestran que el despilfarro sigue siendo la tónica dominante en la gestión territorial, y ciertas autonomías se aprovechan del discurso falaz de los recortes para seguir engordando su estructura a costa del dinero de todos los españoles.

 Por si fuera poco, tampoco se sostiene la falacia relativa a que los recortes pueden dañar el crecimiento de las regiones que presentan un mayor déficit. Y la prueba, nuevamente, es Madrid, la primera región que ha logrado salir de la recesión, cumpliendo escrupulosamente los objetivos de déficit y sin subir un solo impuesto. Que algunas autonomías sigan gastando mucho más de lo que ingresan tras más de un lustro de crisis prueba la irresponsabilidad y demagogia que reina en el modelo autonómico.

Así pues, el análisis de las cuentas regionales no deja lugar a dudas. El Estado autonómico, uno de los problemas estructurales más importantes que sufre España, es hoy mayor que antes de la crisis, lo cual ha sido posible gracias a la connivencia del bipartidismo político: el PSOE, primero, permitiendo e incluso alentando el descomunal descuadre de las cuentas autonómicas hasta 2011; y el PP, después, rescatando de forma incondicional comunidades insolventes sin intervenir antes sus cuentas.

 (edit.ld.)