¿JUSTICIA COLONIAL?

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  GIBRALTAR: EUROPA SE LA JUEGA.
  
  Un criterio elemental del derecho internacional, y en realidad de cualquier derecho, es que existen criterios objetivos de justicia que deben prevalecer por encima del poder, de la riqueza o de la fuerza de las armas. Un ciudadano que se vea asistido por la ley y por la razón ha de tener la certidumbre de que su causa se impondrá frente a la de otro con menos derecho, por más rico que éste último sea. 
  
  Y del mismo modo, un Estado que tenga de su parte la justicia objetiva ha de tener la certidumbre de que su posición saldrá adelante por más poderoso que sea el adversario con el que haya de litigar. Todos sabemos que, con frecuencia, la realidad del poder se impone sobre la justicia objetiva. Y sin embargo, se supone que todos estamos de acuerdo en construir un mundo en el que la justicia impere. Ese era uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea, por ejemplo. Gibraltar es una colonia británica en un tiempo en el que ya no hay colonias.
  
  Gibraltar es un injerto de poder económico, militar y político británico en el suelo de un país socio de la Unión Europa y aliado de la OTAN. Gibraltar es, además, un lodazal de tráficos ilegales y de blanqueos de capitales. Y el “gobierno” gibraltareño, por si algo faltara, lleva años haciendo de la ley mangas y capirotes, invadiendo aguas que no son suyas, contaminando litorales que no son suyos, vampirizando finanzas que no son suyas y sacando provecho de tierras que no son suyas. El episodio de los bloques de hormigón es tan grotesco en su desfachatez, y los argumentos de gibraltareños y británicos son tan cínicos en su hipocresía, que sólo cabría esperar un pronunciamiento favorable a España en los foros internacionales, y muy especialmente en la Unión Europea. 
  
  El Gobierno español ha hecho bien al llevar a Bruselas el litigio. Pero parece que Bruselas se muestra renuente a investigar el lodazal gibraltareño, quizá porque teme irritar al Reino Unido de la Gran Bretaña, socio VIP de ese club donde todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Si esto finalmente fuera así, el prestigio de la Unión Europea, ya bastante baqueteado, quedaría arruinado irremediablemente. Y la imagen del Gobierno de Rajoy sufriría un deterioro de consecuencias imprevisibles.
  
  En el contencioso de Gibraltar España se la juega, pero también Europa. La parte positiva del episodio es que nunca se ha hecho tan patente como ahora el anacronismo de la situación de la Roca. La parte negativa puede ser que a nuestro Estado no le queden ya energías ni siquiera para dar esta batalla. Confiemos en que el Ejecutivo, y el resto de los poderes del Estado, entiendan lo que hay en liza: mucho más que un asunto de competencia litoral. Y a Bruselas hay que dejárselo muy claro.
  
  (La Gaceta/editorial.)