(Si cree que exagero, en qué se basa? ¿Cómo llamaría a los que permiten este expolio?)
TRAIDORES.
¿Cómo les llamaría usted?
Un grupo de investigadores, historiadores y juristas denuncian a Libertad Digital que un alto cargo de la era Zapatero sigue entregando documentos a la Generalidad de Cataluña además de bloquear la devolución de los papeles que se transfirieron ilegalmente. Hay batallas que muchos daban por perdidas porque duermen en el olvido. Pero lejos de tocar a retirada, hoy cobran más sentido que nunca.
No es de chiste el asunto, ni mucho menos, pero sí permite empezar con la típica adivinanza: ¿en qué se parece el expolio del Centro Documental de la Memoria Histórica, conocido como "el caso de los papeles de Salamanca" a la última sentencia contra la Doctrina Parot del TDHE? Según el portavoz de los historiadores, archiveros, investigadores, fun cionarios y juristas, que mantienen las tiendas de campaña en pie en esta contienda, en el Ministerio de Cultura habría también un "López Guerra" dando continuidad a "la labor de Zapatero en favor de los separatistas catalanes".
Recordemos que Luis López Guerra es el magistrado socialista que votó a favor de la derogación de la doctrina Parot porque el actual Gobierno del PP lo mantuvo en su puesto.
Libertad Digital pidió a Policarpo Sánchez, el portavoz que hace la denuncia, que identifique al "infiltrado". Contesta: "Severiano Hernández Vicente, que para que nos entienda todo el mundo, es quien manda en los archivos en España. Cambia el Gobierno y esta persona sigue ocupando el mismo cargo que le otorgó Zapatero y sigue reuniéndose con el gobierno catalán para decidir qué documentos se les entregan". Según Policarpo, Hernández Vicente, subdirector general de Coordinación Bibliotecaria, es miembro del Patronato que votará antes de Navidad la salida de otras 500 cajas de documentos del Archivo Nacional.
¿Y En qué se diferencian ambos casos? Esta pregunta es más fácil. "Es terrible que en 24 horas acatemos una sentencia de Estrasburgo y en 10 meses nos sea imposible hacer cumplir a Cataluña una sentencia de un tribunal español", se lamenta Sánchez.
El 31 de enero el Tribunal Constitucional, sentencia 20/2013, exigía a la Generalidad la "restitución a sus propietarios o sucesores" de los documentos entregados entre 2006 y 2011 que no le pertenecen, es decir, aquellos papeles que ni fueron incautados durante la Guerra Civil en esta Comunidad, ni son de residentes catalanes. Entre los afectados están, por ejemplo, el PSOE de Asturias, un relojero de la Puerta del Sol de Madrid, cuyo hijo no entiende "qué tiene que ver su padre con Cataluña", y "muchas, muchísimas familias más". Documentos que fueron "un regalo extra de Zapatero, a pesar de haber hecho ya una ley a medida", dice el historiador.
Según este portavoz, del ministro hacia abajo, continúan en su cargos todas las personas que nombró el anterior Gobierno. Por eso, han recurrido directamente al Presidente Mariano Rajoy con una carta, fechada el pasado 19 de octubre, en la que detallan el fraude de ley y le advierten de que "el Centro Documental de la Memoria Histórica está siendo desmembrado para satisfacer aspiraciones nacionalistas".
Pero quizá nunca sepamos qué ha salido y saldrá del Archivo Nacional, se calcula que más de 2 millones de documentos con un alto valor histórico y económico. Dicha ley también está siendo vulnerada en otro punto. Antes de la transferencia, la Ministra Ángeles González-Sinde puso como condición que tenía que haber copia de todo en Salamanca. Pero, al parecer, "No fue error de un técnico, sino que de forma sistemática en decenas de miles de documentos se fotocopió sólo la primera página y no el resto".
Conclusión, según este investigador, "el Gobierno de Cataluña puede contar ahora la historia de España como quiera, porque tiene el original, lo tiene secuestrado, y se niega a hacer la copia que tenía que haber quedado en Salamanca".
Policarpo Sánchez cierra la entrevista para Libertad Digital con esta pregunta: "¿estamos dispuestos a seguir entregando nuestro patrimonio Histórico Nacional Español a un Gobierno que está dando pasos decididos hacia la independencia, hacia la segregación de España?".
Estos expertos se costean ellos mismos la contienda y están a una sola gestión, ante la Consejería de Educación de la Generalidad, de agotar la vía administrativa, entonces, previsiblemente en 2 meses, iniciarán la vía judicial.
(Nuria Richart/ld)
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