martes, 20 de septiembre de 2016

LA BANDA DEL 9-N.


 LA BANDA DEL 9-N.








LOS PEQUEÑOS DETALLES DEL 9-N.

Francesc Homs, como buen nacionalista, es el colmo del descaro, la desvergüenza y el hormigón reforzado a modo de careto. Como se recordará, en los días previos y posteriores al referéndum patatero del 9 de noviembre de 2014, Quico, como le llaman en la comarca de Vich, se mostraba tan ufano como desafiante. En calidad de portavoz del gobierno regional presidido por el Astucias Mas, se choteaba del Tribunal Constitucional, se carcajeaba del Gobierno de España y se limpiaba el trasero con las resoluciones judiciales. Sólo le faltó hacer una pedorreta en rueda de prensa y un corte de mangas en horario de máxima audiencia.

A la manera de los caciques, su palabra y la de Mas y sus cuates eran y son la ley en Cataluña, dominio territorial en el que hacían, hacen y harán lo que les salga de los genitales con un desparpajo alucinante y un cuajo del carajo. A tal punto ha llegado el cachondeo que al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, le han premiado con el puesto de jefe de la oficina antifraude y el fiscal jefe de Cataluña que abogaba por el derecho a decidir, Martín Rodríguez Sol, acabó de número dos de la extinta Unió en las generales del 20-D.

Sí, la Justicia está politizada. Y más en Cataluña, donde el magistrado Joan Manel Abril, que instruyó la causa del 9-N, se ha largado a su otro puesto, el de jefe del consejo del poder judicial de Andorra, tras instruir un sumario en el que con una habilidad pasmosa borró el cargo de malversación para que Mas y las señoras exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega no se vieran en la tesitura de un juicio que podría implicar una liviana condena de prisión que, como es bien sabido, sólo cumplen los pringaos.

Abril, un fenómeno de la judicatura propuesto por CiU en el parlamento catalán, no sólo se olvidó de la malversación, sino de imputar a quien encargó las papeletas y las urnas de cartón (el entonces consejero de Justicia Germà Gordó, esposo de una magistrada del CGPJ a instancias del PSOE), a quien desplegó a los Mossos para preservar el plácido desarrollo de la jornada referendaria (el exconsejero de Interior Ramon Espadaler) y al propio Quico, brazo propagandístico y burocrático del magno acontecimiento. Por no hablar de la fecha que eligió el amaestrado juez para que depusiera Mas, el 15 de octubre del año pasado, que por casualidad coincidía con el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. Menudo baño de masas que se pegó Mas, aunque le sirvió de bien poco cuando la CUP lo arrojó al cesto de los pañuelos de los mocos.

Entonces, como este lunes en el Supremo, la banda del 9-N se llegó hasta las puertas del tribunal para representar el número de los Santos Inocentes con los alcaldes de la vara, los consejeros de la Coronela y la sociedad civil de los chupópteros del proceso. ¡Vaya morro, cuánto cuento y qué escándalo! 

Todo ello con la complicidad imprescindible de un Gobierno merluzo que pone la cama y la pasta del común para que a los organizadores de las diadas, los referéndums y los golpes de Estado no les falte de nada para montarla parda.

(Pablo Planas/ld.) 




 LOS SEPARATISTAS Y EL BRAZO DESARMADO DE LA LEY.

La comparecencia de Francesc Homs ante el Supremo por la ilegal consulta secesionista del 9-N ha puesto por enésima vez en evidencia que la desfachatez de los separatistas no tiene límite. Por un lado, el dirigente nacionalista ha fingido no ser consciente de la comisión de delito alguno, mientras que al mismo tiempo ha desafiado abiertamente al tribunal que lo juzga asegurando: "No nos van a amedrentar".

Por mucho que Homs haya tenido la poca vergüenza de considerar que la sentencia del Tribunal Constitucional que prohibía la consulta "no estaba clara", que solicitaron una "aclaración" y que, ante la falta de respuesta, optaron por cumplir con el "mandato del Parlament", lo cierto es que las repetidas sentencias que el TC emitió contra la consulta secesionista de marras, que fueron nada menos que tres, estaban tan claras como clara era la pretensión de los separatistas de hacerles caso omiso. Ya lo había advertido Artur Mas en 2012: "No nos pararán ni los tribunales ni la Constitución". Y, ciertamente, no los pararon.

Pero el colmo de la impostura ha sido cuando Homs ha justificado su negativa a responder las preguntas del fiscal alegando que "la Fiscalía es el brazo armado del PP". Nunca un partido político ha recibido un piropo tan inmerecido como este que le ha lanzado Homs con la intención de denigrarlo. El partido de Rajoy, por ser el partido que ocupaba el Gobierno, debió haber sido el primero en denunciar los hechos con la gravedad que merecían y el primero en instar a la Fiscalía que actuase en contra de los autores. Pero no lo hizo. Lo cierto es que Rajoy –que tiene tanta o más caradura que los separatistas– tuvo la frescura de esperar tres días para comparecer ante los medios para dar luego una versión tan edulcorada y complaciente de los hechos que llegó al extremo de afirmar que la ley se había "cumplido" y que el referéndum que él dijo que no se iba a celebrar "no se había celebrado".

Ya he afirmado en más de una ocasión que quien rehúye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra. Y lo cierto es que la versión de Rajoy respecto del 9-N, en aras de hacernos creer que la ley se cumplía en Cataluña, fue tan condescendiente que la exvicepresidenta de la Generalidad Joana Ortega no tuvo inconveniente poco tiempo después en referirse a ella para defender ante el TSJC su "sensación" de no haber hecho "nada contrario a Derecho" ni ser consciente de haber "desobedecido al TC ni a ninguna otra autoridad del Estado".

Y es que el juicio del 9-N no se lo debemos al Gobierno de Rajoy, sino a la iniciativa propia de un fiscal general del Estado –Eduardo Torres Dulce– que decidió muy poco tiempo después presentar su dimisión. Desde su relevo no se ha vuelto a procesar a ningún golpista, a pesar de las muchas y clamorosas desobediencias que se han venido repitiendo desde el 9-N de 2014. Es más, como recordaba hace poco, la Fiscalía ha retirado de forma absolutamente vergonzosa los cargos por malversación contra Artur Mas.

Si los golpistas catalanes gozan de impunidad es precisamente porque el Poder Ejecutivo ha desarmado al Poder Judicial. A la Dama de la Justicia se le personifica, no por nada, con los ojos vendados, empuñando en una mano una balanza y en la otra una espada. Si el Ejecutivo de Rajoy no se atreve a imponer por la fuerza lo que dictan las leyes y las sentencias, estas servirán para tan poca cosa como para lo que han servido hasta ahora contra quienes por confesión propia han decido emprender un "proceso de desconexión con el Estado".

 Y como la Justicia es también, como decían los romanos, dar a cada uno lo suyo, habrá que decir que lo de violar la ley será cosa de los separatistas, pero que desarmar a la Justicia y rehuir la obligación de hacer cumplir la ley es cosa del Gobierno de España.

(Guillermo Dupuy/ld.)


ANTE TANTA DESVERGÜENZA Y DESFACHATEZ NOS QUEDA LA INSOBORNABLE FIRMEZA DE MARIANO. DISFRUTEN DE LA CONFIANZA QUE NOS DA SU FIRME Y DECIDIDA MIRADA. LOS SEPARATISTAS ESTÁN ACOJONADOS.




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