LA CASTA POLÍTICA.

Los jueces denuncian la invasión política de los cargos judiciales

12:48 | 30 de enero, 2010 C. Quesada. (La Gaceta)

Medio millar de magistrados suscriben un manifiesto crítico con los partidos.

Los magistrados dicen que la actual situación se inició en 1985

Madrid.- Más de medio millar de jueces y magistrados han decidido unirse para denunciar públicamente “el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el poder judicial en nuestro país”. Por encima de diferencias ideológicas, todos ellos han firmado un manifiesto en el que, punto por punto, explican “el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político dominante y que aún no se ha detenido ni alcanzado sus último objetivos”.

Reforma de 1985

Para los firmantes, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985 fue el comienzo de todo, cuando se les arrebató su “originario derecho a elegir a 12 de los 21 miembros integrantes del Consejo General del Poder Judicial”. A partir de ese momento, pasaron a ser nombrados por el Parlamento y “rápidamente fueron quedando impregnadas del mismo tinte político las más relevantes decisiones”. Aquello “vulneraba el espíritu constitucional” del poder judicial, asegura José Antonio Ballesteros, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Por su parte, Miguel Ángel Jimeno, de la asociación Jueces por la Democracia (JD), aclaró que cuando se pide independencia, no están pretendiendo que los jueces dejen de estar sometidos a críticas y a algún tipo de control. Lo que exigen, dice, es “que ese control no sea político”.

La “administración del ámbito judicial” es otro de los puntos incluidos en el manifiesto. En este caso, el acaparamiento por parte de la administración central y de las autonómicas de “competencias y funciones instrumentales que siempre habían estado dentro de la órbita natural del poder judicial” vino motivado por la reforma de la LOPJ llevada a cabo en 2003. En relación con este punto, Ballesteros recuerda la huelga de jueces llevada a cabo el pasado mes de octubre como consecuencia, principalmente, de la aprobación de la nueva Oficina Judicial, que fue “un nuevo ataque a la independencia”. Ahora, Ballesteros se muestra satisfecho de que por fin “un gran sector de la carrera judicial apoye las reivindicaciones que durante tantísimo tiempo y en solitario ha venido manteniendo la APM”.

Otra de las ya conocidas reivindicaciones de los jueces es la dotación de medios. “Paradójicamente, este ambicioso proceso de ocupación no ha ido acompañado de una paralela inquietud por mejorar de manera efectiva la penuria de medios personales y materiales”, dicen los representantes de lo que ellos llaman “la cenicienta de los Presupuestos del Estado”, dado que tan sólo se invierte en Justicia un 1% del total presupuestario.

Situación personal

Un panorama desalentador que “ha sumido a la inmensa mayoría de los jueces en un profundo estado de desaliento, impotencia y frustración personal y profesional”, según reza el manifiesto.

Lamentan no haber conseguido “dispensar la tutela judicial con la prontitud, sosiego e independencia que los ciudadanos reclaman y merecen” a pesar de haber sacrificado su “vida personal, social y familiar, poniendo en riesgo la propia salud”.