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NOTA DE PRENSA. 30 de enero de 2010-01-29
UPyD considera que el despilfarro, la opacidad, el sectarismo y la mentira son los signos distintivos del Consell de Armengol. Pese a la retórica de la política socialista, nada ha cambiado respecto a los tiempos de Maria Antònia Munar.
Los ciudadanos de Baleares están desamparados frente a las instituciones y quienes las gobiernan. Francina Armengol ha mantenido las malas prácticas que con tanto ahínco denunciaba cuando estaba en la oposición.
La concesión de subvenciones por valor de once millones de euros en dos años, la opacidad en el reparto de las mismas, la proliferación de contratos menores y fraccionados con la intención de evitar el concurso público, o la artimaña de recurrir a un procedimiento negociado, sin publicidad, invitando a tres empresas que terminan siendo la misma para otorgarle la insigne tarea de vender lotes gastronómicos de productos mallorquines en los hoteles, son irregularidades en la contratación que se están sucediendo.
Todo ello deja bien a las claras la necesidad urgente de reforzar el área de Intervención, promesa a la que Armengol y sus socios, en su afán de impedir la ruptura del Pacte, se comprometieron y que han incumplido alegando “falta de presupuesto”. Una falta de presupuesto que no afecta, curiosamente, al gasto corriente de la institución.
En el discurso de Navidad, Francina Armengol afirmó que la crisis económica e institucional de Mallorca se debe a “una herencia envenenada que nos ha tocado gestionar” y animó a los ciudadanos a no dejarse caer en “la pasividad y el desencanto”. Muy al contrario, nada ha hecho para corregir el pasado ni para mitigar el escepticismo de los ciudadanos en relación a las instituciones. Además, Armengol mantiene en su equipo de gobierno a políticos imputados como Antoni Pascual, Vicepresidente y responsable de carreteras del Consell.
Se ha mentido a la opinión pública al decir que el recorte del 90% de la ayuda a
UPyD invita a abrir un serio interrogante sobre el sentido de una institución manejada arbitrariamente como “repartidora de subvenciones”, que reduplica funciones que puede asumir el Govern, y que en breve aumentará sus competencias.
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