El PSOE apoya despilfarrar dinero en traductores para el Senado
El español deja de ser la lengua común de los españoles
Y en la España pseudofederal del zapaterismo rigen unos derechos para los nacionalistas y otros para el resto de los ciudadanos
Socialistas y nacionalistas quieren desterrar al español como lengua común en el Senado. En plena crisis, proponen que los ciudadanos corran con los gastos de la traducción simultánea al gallego, al vasco y al catalán de todo lo que se diga en español en la Cámara alta.
34 senadores del PSC, de CiU, ERC, ICV, PNV, BNG y todo el Grupo Mixto menos UPN presentaron en el registro de la Cámara Alta una propuesta que tiene como objetivo extender el uso de las lenguas cooficiales a plenos, comisiones y la Diputación Permanente para que "prevalezca el derecho de los individuos a expresarse" en sus propios idiomas.
El objetivo no es otro que sus señorías periféricas puedan a todas horas expresarse en ellas... y el resto entenderlas en el único idioma común que todos comparten.
Habida cuenta de que -escribe Ignacio Camacho en ABC en su artículo "Cueste lo que cueste"- tal Babel lingüística, propia del Parlamento Europeo, ocasionará un notable gasto suplementario, los proponentes -todos ellos nacionalistas y miembros del PSC, que viene a ser una redundancia- arguyen que se trata de un derecho y que los derechos «no tienen costes» (sic), por lo que exigen no reparar en ellos; incluso una representante vasca se ha mostrado partidaria de llevar adelante el expediente «cueste lo que cueste».
- Cuestión -o coste- de principios, pues, aunque principio por principio quizá conviniese hablar un poco del principio de austeridad pública, y derecho por derecho podría la brillante minerva euskaldun considerar también el derecho de los contribuyentes a que no se dilapide su siempre escaso dinero.
- En la actualidad, el Senado ya cuenta con traducción vernácula en varios debates de política autonómica (al precio aproximado de 7.000 euros por sesión), algún discurso del presidente y los escritos de los ciudadanos, por lo que no puede decirse que se trate de un derecho laminado en la Cámara.
Ocurre que existe en España una lengua común en la que todos los españoles pueden entenderse, y con arreglo a tal principio y al de la economía pública no cabe considerar la inversión en un servicio de interpretación universal y permanente sino como un despilfarro.
Pero qué sentido tiene hablar de derroche a quienes han hecho del dispendio un sistema, gastando en políticas identitarias caprichosas y a menudo excluyentes millones de euros que detraen sin remordimiento de los servicios básicos para apuntalar su obsesivo designio de «construcción nacional».
Se trata de los derechos, ya saben. Y en la España pseudofederal del zapaterismo rigen unos derechos para los nacionalistas y otros para el resto de los ciudadanos. Incluido, por supuesto, el derecho a priorizar lo superfluo. Cueste lo que cueste.
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QUERIDOS EX-COMPATRIOTAS.
Mi desprecio ya no se limita a la clase política, con las dignas excepciones de rigor. Ahora he decidido que no hay motivo para respetar a los que no nos respetan a los demás.
O sea, los nacionalistas y los socialistas zapateriles exigen para ellos mismos derechos y competencias, y que lo paguemos entre todos. Pero, al mismo tiempo, nos niegan a los demás lo que exigen para ellos mismos. Sus discriminaciones sistemáticas y su negativa a aceptar la libertad de decisión de los demás son un constante atropello a la dignidad de muchos ciudadanos. O sus multas lingüísticas, en la mejor línea totalitaria. La exclusión del español siempre que pueden y pueden casi siempre.
Lo dicho. Repetiré las palabras del novelista americano Dashiel Hammett, al tribunal macartista durante la 'caza de brujas': 'No tengo palabras para manifestar mi desprecio a este tribunal'.
Pues eso, queridos ex-compatriotas. Si ustedes apoyan a los políticos que se enguarran con estas decisiones, u otras similares, careceré de palabras para manifestar mi desprecio. Lo siento, no oigo nada. He colgado el auricular. No me interesan.
Nota.
Entre este personal incluyo a los cobardes como Núñez Feijoó y los que piensan como él.
Sebastián Urbina.
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NUEVO LIBRO DE GUSTAVO BUENO.
En más de 400 páginas Gustavo Bueno somete a examen a la democracia española. "Hay más corrupción en la ley del aborto que en el caso Gürtel o en Filesa", dijo.
Preguntado por la periodista de LDTV Paloma Cuevas por si la corrupción es inseparable de la política, el filósofo afirmó que "las posibilidades de que estén asociadas son muy grandes". Gustavo Bueno puso el PER como ejemplo de corrupción. "Se está pagando a los jornaleros para que voten al PSOE".
Pero la peor parte de sus críticas se las llevó Zapatero. "No lo conozco ni quiero conocerlo y además me importa un pimiento. No le tengo la menor aversión, le tengo desprecio absoluto por las cosas que dice". Recordó cuando el presidente le dijo a Fernández de la Vega que estaba en un "estado de felicidad democrática". "Esto es muy difícil llegar a entender cómo lo puede decir de verdad".
Tampoco Zerolo se libró de sus ironías en relación a los "orgasmos democráticos". "Es muy difícil creer que esto lo dice sinceramente. Es un hombre que tiene la maquinaria lógica desengrasada y entonces quiere hacer una metáfora y dice eso".
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