"¿Qué tienen los niños catalanes que los haga distintos del resto y exija otra ley?"
(PD).- El primer paso de la secesión en Cataluña se ha materializado con la aprobación de la Ley de Educación que no sólo impone el catalán y margina al castellano, sino que se basa en el adoctrinamiento de los escolares. Varias asociaciones cívicas han solicitado al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad para detener esa canallada. Para Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, se trata de "un golpe de Estado que hace tabla rasa con el ordenamiento jurídico español" que busca "formar catalanes antes que ciudadanos".
¿Espera que prospere este recurso?
Primero tenemos que esperar la decisión del Defensor del Pueblo, pero confiamos en que, de la misma manera que se recurrió el Estatut, se recurrirá una Ley que es desarrollo de dicho estatuto, que se atribuye de manera arbitraria y unilateral una serie de competencias en materia educativa.
¿Cómo se ha llegado a esta contradicción?
Porque el Constitucional no cumple con su obligación y retrasa tres años su decisión sobre el Estatut. Pero lo más sorprendente es cómo el Parlament puede aprobar una ley como ésta que es la secesión educativa de Cataluña. Es un golpe de Estado que hace tabla rasa con el ordenamiento jurídico español. Para ello tiene que soslayar la existencia de dos leyes orgánicas como la LODE y la LOE, que no son ni siquiera mencionadas. El problema es que se puede ignorar cualquier ley española y que el ministro de Educación mire para otro lado. Los nacionalistas sabemos lo que son, pero que sea consentido por el Estado es sorprendente.
¿Por qué cree que el ministro se ha lavado las manos en este asunto?
Porque el Gobierno de Zapatero depende ya no sólo de los nacionalistas, sino de la facción del PSOE catalán, el PSC. Son decisivos para que Zapatero gobierne y como a éste le trae sin cuidado cualquier cosa que no sea seguir en el poder, pues cede lo que hay que ceder. Es un reto del PSC respecto a Zapatero: presionan en puntos sensibles y colaboran con partidos como ERC, que busca la independencia.
No se trata simplemente de un reparto de poder político, lo que sacrifica son los derechos de la ciudadanía. Por eso acudimos al Defensor del Pueblo porque además vemos con estupor la pasividad del principal partido de la oposición, al que habría que llamarle PPOP: Partido de la Principal Oposición Permanente. Con independencia de la constitucionalidad o no del Estatut, esta ley es inconstitucional en sí misma ya que desarrolla el derecho de la Educación. El artículo 81.1 exige el rango de ley orgánica para cualquier ley que desarrolle un derecho fundamental. Esto hace añicos el blindaje que han dispuesto los ingenieros jurídicos del Parlament. Por eso, que haya pasado desapercibido tanto para unos como para otros es bastante sospechoso, porque no creo que sean tontos, pero canallas sí.
¿Cómo afectará desde el punto de vista educativo?
Rompe con la unidad del sistema educativo español y crea uno separado e impide que un escolar se desplace a Cataluña. ¿Qué tienen los niños catalanes que los haga distintos del resto y exija otra ley? La respuesta es sencilla: se trata de catalanizar a los escolares, de "arraigarlos" a su país. Cualquier objetivo que tenga como fin arraigar es adoctrinamiento, no formación. Por eso necesitan un sistema separado, porque el sistema español no garantiza el adoctrinamiento, sino todo lo contrario. Lo que interesa es formar catalanes antes que ciudadanos.
¿Qué escenario podríamos encontrar en cinco o diez años?
Un escenario catastrófico. Hemos comprobado que la imposición del catalán causa dificultades terribles. Según el informe PISA, el rendimiento escolar de los estudiantes inmigrantes en Cataluña baja en cuarenta puntos respecto al resto de estudiantes inmigrantes en España. Y también afecta a castellanohablantes.
Luego, si miras los libros de texto te das cuenta que no se propone la formación de los escolares; se lanzan consignas. Como dijo uno de los diputados de ERC el día de su debate, esta Ley construye piedra por piedra la independencia de Cataluña.
¿A qué responde el silencio del PP? ¿Teme perder los pocos votos que le quedan en Cataluña?
De esta manera perderán los que le quedan. Aunque han votado 'no', no han dicho una palabra de una cosa tan sencilla. Están al dictado de lo que marca Génova de no irritar a los nacionalistas ya que han pactado con CiU el próximo gobierno si el PP gana las generales. Un líder de la oposición que dice ahora que se pensaría mejor el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut se retrata de una manera muy torpe.
Además, la inmersión lingüística lleva años y no han hecho nada. Es más, el PP pactó con CiU en el 96 el tema de la lengua y luego no recurrió la Ley de Política Lingüística del 98. No sólo no impugnó una ley inconstitucional, sino que ordenó al Defensor del Pueblo que no presentase el recurso en uno de los episodios más bochornosos. Es normal que se pacte, pero es inaceptable que se entreguen los derechos fundamentales de los ciudadanos para mantenerse en el poder. La representación política no es una patente de corso.
¿Siente que las asociaciones cívicas son la única oposición al nacionalismo?
Así es. Intentamos hacer frente a una merma progresiva de libertades que la política institucional es incapaz de atajar. Pensamos que la única posibilidad de que las cosas cambien consiste en que los ciudadanos se movilicen y planteen a la política en general las reivindicaciones necesarias. En otras democracias, los movimientos sociales son decisivos.
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este martes en el Senado que la "realidad" lingüística española es un "punto de equilibrio, un punto medio" entre quienes piensan que el castellano "está prohibido en una parte del territorio nacional" y los que ven "marginadas" las lenguas cooficiales. El presidente ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo es la "defensa de las lenguas cooficiales, pero también la defensa, el apoyo y la protección del castellano".
Europa Press. Madrid
26-05-2009
La política lingüística vuelve a crear polémica. Esta vez, el escenario ha sido el Senado y sus protagonistas el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el portavoz del PNV en la Cámara, Joseba Zubía. El senador vasco acusó al presidente de no haber cumplido con sus intenciones de inicio de mandato en 2004 sobre las lenguas cooficiales, así como de haber demostrado que su discurso de entonces "estaba vacío de contenido". La situación para el gallego, el euskera o el catalán, sentenció Zubía, "no ha mejorado".
Rodríguez Zapatero ha dicho, por su parte, que la "realidad" lingüística española es un "punto de equilibrio, un punto medio" entre quienes piensan que el castellano "está prohibido en una parte del territorio nacional" y los que ven "marginadas" las lenguas cooficiales.
El portavoz del PNV repasó una vez más el informe del Comité de Expertos del Consejo de Europa que habla de la situación de estas lenguas en el Estado y lo empleó para pedir mejoras en educación, en los medios de comunicación públicos, en la Justicia o en la Administración General del Estado, incluidas las Delegaciones del Gobierno. Apuntó a este respecto que sólo el 16 por ciento de los funcionarios estatales en el País Vasco habla euskera.
Joseba Zubía reclamó a Rodríguez Zapatero que tome medidas para cumplir "sus compromisos" y que "haga pedagogía a favor del plurilingüismo real" y para explicar que el apoyo a las lenguas cooficiales no supone marginar el castellano, concluyó.
Rodríguez Zapatero, que aseguró comprender las críticas del PNV, defendió el trabajo del Gobierno en lo que le compete y repasó las distintas medidas legislativas y de otro tipo tomadas, que impulsan el uso de estas lenguas en el acceso electrónico de los ciudadanos a la administración estatal, en la educación, en el Registro Civil, en el permiso de circulación, en las campañas institucionales o en determinados ámbitos de la Unión Europea. Para él, el informe del Comité de Expertos citado por Zubía reconoce sin embargo que el modelo español es un "ejemplo de buenas prácticas".
"Es un modelo adecuado", dijo el presidente. "Estamos en una vía razonable para cumplir con el mandato constitucional", concluyó Rodríguez Zapatero. El jefe del Ejecutivo recordó por último que el Consejo de las Lenguas Cooficiales realizará un informe sobre la situación de estos idiomas en la Administración del Estado que será base para "medidas complementarias". (ElImparcial).
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Quién es más creible, el Presidente del Gobierno o Francisco Caja?
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