LIQUIDAR A LA OPOSICIÓN.
Martes, 21-07-09
DESPUÉS de treinta años de régimen constitucional, parece mentira que algunos no entiendan todavía que en democracia la oposición es tan importante como el Gobierno. Un día sí y otro también, las filtraciones sobre el «caso Gürtel» desvelan detalles más o menos precisos sobre una investigación que debería estar resguardada por el más riguroso secreto. Vivimos tiempos de democracia mediática, de tal manera que la mera sospecha, la ambigüedad interesada o la acusación sin fundamento crean con frecuencia un estado de opinión que conlleva una condena para el afectado, sin posibilidad de defensa. Las garantías jurídicas existen para poner freno a las arbitrariedades del poder.
Cuando desde el propio Gobierno se contribuye a una eventual campaña de desprestigio de la oposición, el Estado de Derecho sufre una grave quiebra y es preciso adoptar medidas inmediatas para que cese ese ataque injustificado. Dadas las circunstancias, es lógica y coherente la reacción del PP contra el Ejecutivo, al estallar el malestar acumulado desde hace mucho tiempo. La oposición utiliza justificadamente un lenguaje duro al hablar de «estado policial», «abuso perverso» y deseo de «aniquilar» al PP. La atribución de posibles regalos de lujo a la alcaldesa de Valencia y ahora las referencias a un ex secretario de José María Aznar son las gotas que colman el vaso, ya saturado, de la razonable indignación del principal partido de la oposición.
Cuando desde el propio Gobierno se contribuye a una eventual campaña de desprestigio de la oposición, el Estado de Derecho sufre una grave quiebra y es preciso adoptar medidas inmediatas para que cese ese ataque injustificado. Dadas las circunstancias, es lógica y coherente la reacción del PP contra el Ejecutivo, al estallar el malestar acumulado desde hace mucho tiempo. La oposición utiliza justificadamente un lenguaje duro al hablar de «estado policial», «abuso perverso» y deseo de «aniquilar» al PP. La atribución de posibles regalos de lujo a la alcaldesa de Valencia y ahora las referencias a un ex secretario de José María Aznar son las gotas que colman el vaso, ya saturado, de la razonable indignación del principal partido de la oposición.
Los mecanismos de control propios del Estado democrático exigen, en efecto, que el ministro del Interior -a cuyo departamento se atribuye la responsabilidad principal de las filtraciones- y también el titular de Justicia comparezcan con urgencia ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los hechos y asumir la responsabilidad que les corresponde. También es imprescindible que los medios de comunicación, desde la legítima búsqueda de informaciones relevantes, transmitan con objetividad las posturas de unos y de otros, otorgando un relieve suficiente a las declaraciones de los afectados, en especial cuando rechazan de forma radical cualquier implicación, como sucede con Rita Barberá.
Una democracia consolidada como la británica tiene medios específicos para reaccionar contra las filtraciones que violan el secreto de las actuaciones policiales y judiciales, llegando en determinados casos incluso a la suspensión de los juicios por jurado.
En nuestro país, la información continua y detallada sobre asuntos que sólo conocen los órganos jurisdiccionales o la Policía Judicial crea una situación objetiva de indefensión y menoscaba gravemente el derecho a la defensa. Históricamente, la presunción de inocencia y las garantías procesales son instrumentos básicos en la lucha por alcanzar los derechos fundamentales y las libertades públicas. Democracia significa pluralismo, libre competencia política y respeto a las reglas del juego, sin utilizar de forma instrumental los mecanismos del Estado.
La denuncia del PP es muy grave y está fundada en argumentos razonables que el Ejecutivo tiene la obligación de desmentir con razones y no con nuevas acusaciones para echar más leña al fuego. La legitimidad del Estado democrático exige una pulcritud absoluta en el comportamiento de los titulares de poderes públicos, obligados a actuar al servicio del interés general y no con la finalidad partidista de liquidar a la oposición. (ABC)
Una democracia consolidada como la británica tiene medios específicos para reaccionar contra las filtraciones que violan el secreto de las actuaciones policiales y judiciales, llegando en determinados casos incluso a la suspensión de los juicios por jurado.
En nuestro país, la información continua y detallada sobre asuntos que sólo conocen los órganos jurisdiccionales o la Policía Judicial crea una situación objetiva de indefensión y menoscaba gravemente el derecho a la defensa. Históricamente, la presunción de inocencia y las garantías procesales son instrumentos básicos en la lucha por alcanzar los derechos fundamentales y las libertades públicas. Democracia significa pluralismo, libre competencia política y respeto a las reglas del juego, sin utilizar de forma instrumental los mecanismos del Estado.
La denuncia del PP es muy grave y está fundada en argumentos razonables que el Ejecutivo tiene la obligación de desmentir con razones y no con nuevas acusaciones para echar más leña al fuego. La legitimidad del Estado democrático exige una pulcritud absoluta en el comportamiento de los titulares de poderes públicos, obligados a actuar al servicio del interés general y no con la finalidad partidista de liquidar a la oposición. (ABC)
1 comentario:
Los medios de comunicación juegan un papel trascendental. Por sus efectos mediáticos, y por las causas económicas, prensa, radio y tv (e internet), son muy responsables de generar esta especie de hipertensión considerable y cotidianamente palpable, siempre que les vienen en gana, respecto al alcance sobre los temas y contenidos que realmente deberían importar.
Quiero decir con esto, que todo se podría llevar con mucha más calma, tanto para unos como para otros, y así, dejar de marear la perdiz, porque posiblemente lo realmente importante no esté en eso.
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