TOLERANCIA CERO.

ETA, MEDIO SIGLO DE TERROR.
Viernes, 31-07-09

EL 31 de julio de 1959, un grupo de jóvenes nacionalistas desencantados con la política acomodaticia del Partido Nacionalista Vasco hacia el régimen de Franco decidió fundar Euzkadi ta Askatasuna, la última organización terrorista en la Europa democrática. ETA ha querido celebrar su macabro 50 aniversario con una oleada de atentados contra la Guardia Civil, dos de cuyos agentes fueron asesinados ayer en la localidad mallorquina de Calviá con una bomba adosada al bajo de su vehículo, después de haber buscado una masacre en Burgos. La sucesión de golpes policiales en España y Francia permitía afirmar que ETA se encontraba débil operativamente, pero tras estos dos atentados consecutivos en veinticuatro horas, ejecutados con un evidente respaldo logístico y eludiendo los servicios de información del Estado, lo realista es preguntarse si esa debilidad es tan cierta como se pensaba.

Precisamente, estos atentados que coronan el aniversario etarra deben servir para conocer la historia de ETA como una condición imprescindible de su derrota. En medio siglo, ETA no ha logrado la independencia del País Vasco, pero ha asesinado a cerca de un millar de personas, herido y mutilado a miles, arruinado la vida de otras tantas familias y cribado ideológicamente el censo de esta comunidad, forzando el exilio de decenas de miles de empresarios, profesionales, periodistas, profesores, intelectuales y ciudadanos de toda clase.

Además, el terrorismo de ETA ha conseguido viciar la vida pública y privada de los vascos, implantando la dictadura del silencio y el relativismo moral entre muchos de ellos, sirviéndose de redes de chivatos en cada barrio y en cada pueblo y acosando hasta la muerte a los pocos que le plantaban cara. Las cosas han cambiado mucho gracias a sacrificios inimaginables, pero no lo suficiente para desmantelar toda la estructura de miedo y odio gracias a la cual ETA ha sobrevivido medio siglo. Porque el gran obstáculo para la derrota de ETA ha sido siempre la cadena de apoyos, de acción o de omisión, que esta organización criminal ha recibido a lo largo de su historia -con o sin democracia-, y entre ellos, principalmente el del nacionalismo en su conjunto, con el PNV a la cabeza, que siempre ha visto a los etarras como los hijos pródigos que abandonaron la casa común por un idealismo disculpable y juvenil, aunque luego compitiera con ellos por el liderazgo abertzale en la misma medida en que usufructuaba políticamente su violencia.

La Iglesia vasca también ha sido protagonista de infames episodios de colaboración con ETA, pero muy propia de esa mezcla demencial de nacionalismo y confesionalismo tan arraigada en el imaginario que impulsó Sabino Arana. La lucha contra el franquismo fue la excusa de una parte de la izquierda española para considerar a ETA como una fuerza de choque necesaria para el cambio de régimen, percepción que fue tan falsa en sus fundamentos como bien explotada por los etarras para legitimarse dentro y fuera de nuestras fronteras. Por su parte, los complejos de culpa que interiorizaron los partidos políticos nacionales en la Transición alumbraron una organización política en el País Vasco basada en la entronización del nacionalismo como propietario natural del poder autonómico y mal menor para apaciguar a ETA. Y, por supuesto, esa parte de la sociedad vasca que defiende o justifica, con pleno conocimiento de causa, la violencia de ETA es también responsable, y no víctima, de esta larga historia de criminalidad.

La amnistía de 1977, el amplísimo estatuto de 1981, la hegemonía nacionalista durante tres décadas o la expulsión de lo español en la educación y la cultura promovida por el nacionalismo han sido estériles. Nada de esto ha servido para derrotar a ETA. Tampoco lo hará creer que sus tensiones internas serán determinantes para su fin. ETA ha tenido escisiones, divisiones -prácticamente una por cada asamblea que celebró en sus primeras décadas- y disidencias desde su fundación. Ni la claudicación ni la guerra sucia son opciones legítimas para un Estado de Derecho, sino la política de tolerancia cero que se implantó desde 1996 y que es la única que puso fin a la resignación ideológica y estratégica que el Estado mantuvo hasta entonces frente a ETA. (ABC)