Sábado, 04-07-09 (ABC)
La primera ley educativa catalana ha dejado fríos a sus verdaderos protagonistas. Profesores, estudiantes y padres ven en el texto aprobado, que destierra al castellano de la escuela catalana y diezma los derechos de los hablantes de esta lengua, «una oportunidad perdida» porque entienden que, más allá de encender los ánimos políticos, no resuelve los problemas de fondo de la educación catalana, los que la han arrastrado a posiciones preocupantes en los rankings europeos.
«No nos representa» Profesores y alumnos se debaten entre la preocupación y la indignación un día después de aprobarse la normativa. «No queremos esta ley», coinciden en declaraciones a ABC. Llevan meses levantando la voz para expresar su rechazo al esqueleto vertebrador de esta norma, gestada en las esferas políticas y de espalda a la comunidad educativa.
«Es un día triste para la educación», afirma Montse Ros, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC. OO.. Tanto ella como sus colegas ven claro que la LEC no sólo no acabará con el preocupante fracaso escolar sino que agudizará las diferencias entre la red pública y la privada. De igual modo lo ve Rosa Cañadell, portavoz de Ustec-STEs, que lamenta profundamente que se haya aprobado una norma tan esperada y de tanta trascendencia «de espaldas a la comunidad educativa».
«Han preferido un pacto político a uno social y los alumnos serán los más perjudicados», denunció Cañadell.
Las familias rechazan también el articulado porque, a su entender, «vulnera los derechos y libertades de los padres».
De hecho, la LEC reduce de cinco a un año el derecho a escolarización en lengua materna y lo limita a la atención individualizada, y veta la tercera hora de castellano. El presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonell, dijo ayer que la ley «no ayuda a mejorar la calidad educativa» y la tachó de «inconstitucional». La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) alertó también de que la nueva normativa pactada por PSC y CiU «deja en inferioridad de condiciones a los alumnos catalanes, al minusvalorar el castellano». El sindicato de profesores Anpe lamentó que la ley haya salido del Parlament sin el apoyo de los docentes «que serán los que deberán aplicarla».
En una carta al conseller Ernest Maragall, el sindicato critica que la LEC les culpe de los males del sistema.
De hecho, la LEC reduce de cinco a un año el derecho a escolarización en lengua materna y lo limita a la atención individualizada, y veta la tercera hora de castellano. El presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonell, dijo ayer que la ley «no ayuda a mejorar la calidad educativa» y la tachó de «inconstitucional». La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) alertó también de que la nueva normativa pactada por PSC y CiU «deja en inferioridad de condiciones a los alumnos catalanes, al minusvalorar el castellano». El sindicato de profesores Anpe lamentó que la ley haya salido del Parlament sin el apoyo de los docentes «que serán los que deberán aplicarla».
En una carta al conseller Ernest Maragall, el sindicato critica que la LEC les culpe de los males del sistema.
La nueva ley no sólo ha decepcionado a los agentes sociales, el mundo político seguía ayer convulsionado. La líder de UPyD, Rosa Díez, aseguró que la ley «mutila» los derechos de los ciudadanos y acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de «haberla alentado». Por su parte, el PPC volvió a insitir en que, en función del fallo del Estatut, recurrirán al Constitucional.
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