PALETOS

EL SENADO Y EL PALETISMO LINGÜISTICO

El autor critica la Ley de Educación en Cataluña porque está basada en un ‘Estatut’, en su opinión, inconstitucional. Considera que la marginación que está sufriendo el castellano nos conduce a una situación de absoluto disparate

Tras la derrota y consiguiente impotencia del ejército francés, en su intento fallido de conquistar Moscú en 1812, las críticas y vituperios contra Napoleón, vencedor de Austelirtz y de Marengo, entre otras batallas, no se hicieron esperar. La humillación que había sufrido, tras las continuas alharacas y elogios a los que estaba acostumbrado, hizo que escribiera una carta a su embajador en Varsovia, en la que incluía una frase que después se ha hecho popular: «De lo sublime a lo ridiculo no hay más que un solo paso».

Pues bien, en un sentido laxo ésta es la frase que habría que aplicar a lo que esta ocurriendo en España con las diferentes lenguas territoriales, en relación con el castellano o español, lengua común y obligatoria para todos lo que posean la nacionalidad española, según lo expuesto en el artículo 3.1 de la Constitución. No voy a entrar aquí en los intentos de excluir la enseñanza en castellano de algunas Comunidades Autónomas que tienen una lengua propia. El debate, con la complicidad de los sucesivos gobiernos nacionales y del cada vez más desprestigiado Tribunal Constitucional, seguirá desgraciadamente todavía durante varios años. Por el momento, Cataluña acaba de aprobar una ley inconstitucional, basada en un Estatut inconstitucional, con la que se quiere establecer el monolinguismo en Cataluña

Ahora bien, nadie sensato dudará de que España es un país con una lengua común en todo el territorio nacional, pero en el que también existen, en algunas Comunidades Autónomas, otras lenguas que hay que amparar y fomentar, pero siempre en el marco de un bilingüismo no igualitario, que enriquece sin duda a los habitantes de esos territorios. Pero digo que el bilingüismo no puede ser nunca igualitario, porque la Constitución establece que « el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». El precepto es claro, pero goza de algunos incovenientes, producto de los complejos de culpabilidad que muchos españoles tenían con respecto a la política lingüística del franquismo, cuando se perseguía a las lenguas y culturas que no eran la del Imperio.

Lo lógico, por lo demas, habría sido, que dicho artículo hubiese expresado claramente que el castellano o el español, era la lengua «nacional» de España, pero nuestros constituyentes afectados por ese síndrome que he señalado, sólo mencionan a España como nación en dos ocasiones: en el Preámbulo y en el artículo 2. Nada más, ni nada menos, pero lo suficiente para que se deduzca que el castellano o español es la lengua nacional de toda España, mientras que las otras lenguas españolas son sólo «cooficiales» en su respectivos ámbitos culturales o territoriales.

No existe, por tanto, ninguna duda de que en las instituciones del Estado central, la lengua que se debe utilizar es únicamente la «nacional», puesto que todos la conocen, mientras que en las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan otras lenguas, se pueden utilizar indistintamente las dos, la nacional y la propia de la Comunidad, cuando así sea.

Esto es lo que dice la Constitución y lo que debería haber sucedido en un país serio y moderno, pero en cambio no ha sido así. Se piensa que el castellano se convirtió en la lengua del Estado (que no de la Nación), por imposición de los gobiernos centralistas y que, por tanto, en las Comunidades Autónomas con lengua propia, ésta debe ser la que se imponga a la lengua centralista, reflexión que roza los límites de la estupidez humana. España como Nación, tiene una lengua nacional, lo que facilita la comunicación de todos los españoles, sean de dónde sean, pero es que el castellano ya no es la lengua de Castilla, sino que enriquecida por aportaciones de las otras lenguas españolas y por contribuciones de los más de 20 países que también la hablan, es ya una lengua universal, y no sólo nacional.

Pero los políticos, sobre todo los nacionalistas, tienen los ojos en la nuca y no en la cara, y no son capaces de darse cuenta, en contra de los intereses de los ciudadanos, de la ventaja que tenemos los españoles en este sentido respecto a otras naciones.

Por eso, cuando en el Senado se reformó su Reglamento el 4 de julio de 2005, como concesión a los nacionalistas, aunque ya había algún precedente en reformas anteriores, se incluyó un artículo que dice asi: «Las intervenciones que se produzcan en las sesiones de la Comisión Genaral de las Comunidades Autónomas podrán realizarse en cualquiera de las lenguas que, con el castellano, tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía. En el diaro de Sesiones se reproducirán íntegramente en la lengua en que se hayan realizado y en castellano».

Artículo con el que el Senado dio le petit pas, que conduce de lo sublime a lo ridículo, porque puede resultar sublime proteger todas las lenguas españolas y usarlas voluntariamente en cada una de las Comunidades Autónomas que posean una propia, pero tener que recurrir a intérpretes para debatir en el Senado, una de las Cámaras de las Cortes que representan a todo el pueblo español, al usar alguna de las otras lenguas españolas, fuera de su ámbito de vigencia y oficialidad, no es sólo inconstitucional, sino, lo que es peor, es francamente rídiculo, por las siguientes razones.

En primer lugar, si la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del Estado (de la Nación, en suma) y que todos los españoles tienen el deber de conocerla, los primeros que están obligados por este mandato son los políticos, procedan de cualquier región o nacionalidad, porque todos ellos representan al pueblo español.

A continuación, porque el artículo 9.1 de la Carta Magna, establece que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y, en este punto, como hemos visto, el mandato constitucional es meridiano.

En tercer lugar, porque el artículo 3.2, afirma igualmente, de manera indiscutible, que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autómas», pero sólo en cada una de ellas, luego fuera del territorio propio dejan de ser oficiales, para pasar a serlo, únicamente, el castellano, que es la lengua nacional y por medio de la cual nos entendemos todos los españoles hasta nuestros dias.

Pero el futuro, si continúan estas concesiones aberrantes a las lenguas autónomicas que las convierten en predominantes, será bastante desalentador, ya que habrá que viajar por España acompañados de un intérprete, cuando los que vivan en Cataluña sólo hablen y entiendan el catalán, los vascos sólo el euskara, y así sucesivamente… En ese momento, si todavía existe una sola Nación, sí serán nececesarios los interprétes, porque desde ahora, con la nueva Ley de Educación, los niños catalanes sólo estudiarán catalán en todos los niveles de la enseñanza.

Por entonces, ya no regirá la Constitución española en todo el territorio nacional, en parte gracias también al empujón que puede suministrar el Tribunal Constitucional con la próxima sentencia sobre el Estatut, que es ya merecedora de los peores presagios, cuando, como ocurría en el franquismo, se está esperando a hacerla pública en el mes de agosto, todos tumbados al sol o a la sombra. Pero esta babelización de España, comenzada por los gobiernos nacionalistas de algunas Comunidades Autónomas, ha sido consagrada por el Senado, en donde ya existen contratados 25 intérpretes, de acuerdo con una curiosa categoría de «fijos discontinuos», que trabajan con gastos pagados, cuando el Senado los convoque, según han explicado, en una magnífica crónica en este periódico, R. Martínez Simancas y J. Gómez.

En definitiva, todo este batiburrillo de las lenguas, mal organizado y peor desarrollado por los diversos gobiernos nacionales, tanto de derechas, centro o izquierdas, lo que han conseguido es que nuestros jóvenes hablen cada vez peor una lengua que les serviría para viajar por el mundo, mientras que, al mismo tiempo, tampoco acaban de dominar la lengua propia de su Comunidad Autónoma. Por ello, hay que repetir que el progreso de un país es inverso a sus tendencias tribales, porque las sociedades más tribales son las menos democráticas y modernas, y las más arbitrarias.

De este modo, los nacionalismos en España son sobre todo tribalismos, con un culto a un pasado, casi siempre inventado, que va en contra del progreso. En consecuencia, lo que establece el citado artículo 3 de la Constitución, en su apartado tercero, esto es, que «la riqueza de las distintas modalidades lingüisticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto o protección», no puede significar en absoluto que exista necesidad de recurrir a intérpretes en el Senado, cuando todos los españoles están obligados, empezando por los políticos, a conocer el castellano o español, que es la lengua nacional. Pues si seguimos por este camino, acabaremos haciendo lo de aquel paisano que asó la manteca. (ElMundo)

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.