SECRETISMO Y FINANCIACIÓN.

SECRETISMO Y FINANCIACIÓN.

Los cauces formales de comunicación siguen cortados. El secretismo del Ejecutivo respecto a los detalles del sistema financiero está disparando la tensión en las regiones.

El secreto reina en La Moncloa. La nueva financiación autonómica lleva camino de convertirse en el guión más largo jamás orquestado por un Gobierno. Pero los protagonistas siguen sin saber la letra.

Tal como están las cosas, el Gobierno ha prometido el 52% de los fondos extra a Cataluña y Andalucía

El vicepresidente territorial, Manuel Chaves, reapareció ayer para confirmar que el martes que viene habrá Consejo de Política Fiscal y Financiera –ninguna de las autonomías consultadas por EXPANSIÓN han recibido la convocatoria–. Y que cada región, ya sabe sus fondos. Pero no los del vecino.

El Gobierno ha planteado inyectar al sistema 9.000 millones de euros extra. La consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo, aseguraba ayer que su comunidad recibirá “más del 18,56%”. Esto es, más de 1.656 millones. Si se suman a los 3.100 millones que el Gobierno ha ofrecido a Cataluña, suman 4.756 millones. O lo que es lo mismo, la mitad del pastel (52%).

Partiendo de esta base, el conseller catalán de Economía, Antoni Castells, rompió ayer su silencio con su primer mensaje claramente optimista. “Creo que estamos en condiciones de llegar a un acuerdo que hace unas semanas nos hubiera parecido difícilmente asumible”, aseguró.

Valencia sube la puja: de 1.200 millones, como mínimo, pasa a 1.400 millones de euros

Castells, sin embargo, también quiso lanzar una advertencia pública al Gobierno, marcando como imprescindible una de sus principales reivindicaciones, el cumplimiento del principio del Estatut de más calado. El Ejecutivo catalán, avisó, rechazará un modelo que no respete el principio de ordinalidad, por el cual Cataluña mantendría su posición en el ránking de comunidades por recursos por habitante tras aplicar los criterios de nivelación.

Aquí es donde saltan las chispas, porque ¿cómo se mide este ránking? El Gobierno recibió hace unos meses de Castilla y León un documento de la Universidad de Valladolid –ver gráfico– que discute el principio de ordinaliedad de Cataluña y sintetiza de forma gráfica las reivindicaciones de Galicia, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Cantabria, Asturias y La Rioja. Comunidades que han mantenido en los últimos meses encuentros para configurar una posición común.

Éstas creen que ponderar los recursos per cápita atendiendo exclusivamente al número de habitantes es discriminatorio. Mediante este sistema, igualar una comunidad como Cataluña, Valencia o Madrid a la media nacional (de fondos per cápita) conllevaría no ponderar otros factores de alta incidencia sobre el gasto –sobre todo, costes fijos–, como la dispersión, el envejecimiento o la superficie.

Galicia, Castilla y León, La Rioja o Extremadura no descartan plantarse en el Consejo

El principal problema, de momento, es que nadie sabe –tal y como lo manifiestan–, cómo pensará arreglar el Gobierno los ajustes de población. Pero lo cierto es que con uno u otro criterio, hay ganadores y perdedores.

El silencio del Gobierno y el paso del tiempo está extremando las posiciones de las autonomías. “Si no existe un mínimo garantizado no firmaré”, advertía ayer el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Su comunidad exige, al menos, el 7,1% de los fondos, informa A. Basterra, desde Santiago.

Extremadura, Castilla y León, La Rioja o Murcia, también han dejado clara su intención de plantarse en el Consejo de Política Fiscal si no salen satisfechas. Mientras que Valencia, sorprendida por la cifra de 3.000 millones de euros que rechazan algunos partidos catalanes como ERC, subió ayer su apuesta de 1.200 millones de euros a 1.400 millones.

Blanco se niega a cambiar cromos
Las comunidades saben bien que parte del nuevo dinero estará condicionado. Por ejemplo, para pagar el 50% de la Ley de Dependencia que impulsó Zapatero; para tapar el déficit del Estado, o para cubrir nuevos planes como las ayudas al desempleo, compra de coches, etc. Por eso, algunas piden al menos a cambio un incremento de las infraestructuras, a lo que se opone el ministro de Fomento, José Blanco. (Expansión)

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Este es el gobierno de la trasparencia. Deberían aprender todos y todas. Cuéntanos alguna milonga, mi señor. Tragaremos lo que haga falta. ¡Biba el sosialismo! ¡PP fachas!

Sebastián Urbina.