Día 13/08/2010
EL recorte de la inversión en infraestructuras decretado por el Gobierno Zapatero ha generado una fuerte reacción hostil.
No es para menos en una sociedad adicta al ladrillo y a la obra pública como mecanismo de crecimiento. Una de las consecuencias más nefastas de la entrada de España en la Unión Monetaria ha sido el desmadre de la inversión pública al grito de «más madera, que es casi gratis».
No solo el déficit público, sino también el desequilibrio exterior y hasta el diferencial de inflación son una consecuencia de la especialización productiva de la economía española en un sector típicamente no transable, no exportable. Gonzalo Fernández de la Mora, el ministro franquista que acuñó el término del Estado de Obras para definir lo que otros más ilustrados describieron como el crepúsculo de las ideologías, nunca imaginó que su mejor alumno sería precisamente un presidente socialista.
Pero quien a hierro mata a hierro muere, y todo apunta a que el fin del zapaterismo va a venir de la mano de la corrección del déficit público por la línea de menor resistencia, la obra pública. El recorte ha finiquitado la luna de miel de Gobierno y empresarios, evidenciado las limitaciones del capitalismo clientelar que el líder del Ejecutivo había venido tejiendo con gran esmero y provocado que la tasa de paro se estabilice por encima del 20 por ciento. Puestos a elegir entre enfrentarse a unos empresarios de los que nunca se acabó de fiar o recortar privilegios de una clase política y funcionarial construida al albur del Estado de las Autonomías, Rodríguez Zapatero no lo ha dudado un segundo. Antes morir que reducir el tamaño del Estado.
He de confesar que siento una cierta simpatía por la decisión del Gobierno, pues empiezan a proliferar estudios que tímidamente se atreven a sugerir que España en esto de la obra pública había entrado en rendimientos negativos. Entiéndase bien: negativos, que no decrecientes. Cada euro adicional gastado reducía el tamaño del PIB y no solo contribuía cada vez menos a su crecimiento. Porque los impuestos necesarios para financiarlo, o el coste de la deuda emitida, eran superiores al beneficio aportado. Lo que no quiere decir que no haya obras imprescindibles, cuya rentabilidad pública y privada es palmaria.
No es para menos en una sociedad adicta al ladrillo y a la obra pública como mecanismo de crecimiento. Una de las consecuencias más nefastas de la entrada de España en la Unión Monetaria ha sido el desmadre de la inversión pública al grito de «más madera, que es casi gratis».
No solo el déficit público, sino también el desequilibrio exterior y hasta el diferencial de inflación son una consecuencia de la especialización productiva de la economía española en un sector típicamente no transable, no exportable. Gonzalo Fernández de la Mora, el ministro franquista que acuñó el término del Estado de Obras para definir lo que otros más ilustrados describieron como el crepúsculo de las ideologías, nunca imaginó que su mejor alumno sería precisamente un presidente socialista.
Pero quien a hierro mata a hierro muere, y todo apunta a que el fin del zapaterismo va a venir de la mano de la corrección del déficit público por la línea de menor resistencia, la obra pública. El recorte ha finiquitado la luna de miel de Gobierno y empresarios, evidenciado las limitaciones del capitalismo clientelar que el líder del Ejecutivo había venido tejiendo con gran esmero y provocado que la tasa de paro se estabilice por encima del 20 por ciento. Puestos a elegir entre enfrentarse a unos empresarios de los que nunca se acabó de fiar o recortar privilegios de una clase política y funcionarial construida al albur del Estado de las Autonomías, Rodríguez Zapatero no lo ha dudado un segundo. Antes morir que reducir el tamaño del Estado.
He de confesar que siento una cierta simpatía por la decisión del Gobierno, pues empiezan a proliferar estudios que tímidamente se atreven a sugerir que España en esto de la obra pública había entrado en rendimientos negativos. Entiéndase bien: negativos, que no decrecientes. Cada euro adicional gastado reducía el tamaño del PIB y no solo contribuía cada vez menos a su crecimiento. Porque los impuestos necesarios para financiarlo, o el coste de la deuda emitida, eran superiores al beneficio aportado. Lo que no quiere decir que no haya obras imprescindibles, cuya rentabilidad pública y privada es palmaria.
Andaba yo en estas cavilaciones cuando la realidad local me puso en bandeja la evidencia que necesitaba, en las dos direcciones de despilfarro y despropósito. Es un despilfarro que un camino vecinal recién asfaltado sea levantado para arreglarlo porque el firme muestra algunas arrugas. Es un escándalo porque, además, el tramo asfaltado acababa a escasos cien metros y se convertía en un patatal. Si había que crear empleo local, si sobraba presupuesto de una contrata de saneamiento, se podía haber prolongado el tramo asfaltado, llevando la alegría de la modernidad a unos cuantos vecinos más. Pero la inflexibilidad administrativa no entiende de sentido común. Es un despropósito que uno de los escasos tramos sin autovía de la carretera nacional del Cantábrico que une, o mejor dicho separa, a su paso por Asturias, La Coruña y San Sebastián, un tramo desaparecido en unas inundaciones y sustituido por un camino vecinal, haya sido declarado amortizable al tiempo que se paralizaba la autovía que venía a sustituirlo. Hablamos de un tramo de unos diez kilómetros sin accidente geográfico mayor y cuya suspensión es solo consecuencia de la incapacidad de los responsables de Fomento y los del Principado.
Reducir el déficit público es cuestión de Estado, recortar el gasto en infraestructuras una consecuencia de los excesos e incompetencias socialistas, hacerlo con sentido y sensibilidad parece incompatible con un Gobierno mortecino. (Fernando Fernández/ABC)
Reducir el déficit público es cuestión de Estado, recortar el gasto en infraestructuras una consecuencia de los excesos e incompetencias socialistas, hacerlo con sentido y sensibilidad parece incompatible con un Gobierno mortecino. (Fernando Fernández/ABC)
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