El PSOE no era consciente de la fractura que abriría la sentencia del Estatuto en Cataluña, se lamentó ayer el primer secretario del PSC y máximo responsable del discurso del socialismo catalán, Miquel Iceta, en declaraciones a TV3, pero está poniendo remedio, concluyó. Y la primera medida para frenar la hemorragia de votos y credibilidad del equipo liderado por José Montilla pasa inexcusablemente por el Consejo de Justicia de Cataluña, ese que el Tribunal Constitucional (TC) vetó del texto del Estatuto, cuya recuperación «sólo» depende de una reforma de una ley orgánica.
Concretamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que el Gobierno de Rodríguez Zapatero parece más dispuesto que nunca a modificar. Lo que no se hizo en cuatro años de desarrollo estatutario lo precipitará ahora la sentencia del TC y la radical reacción catalana en su contra.
Así se desprende de las palabras del secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, quien ayer señaló que no hay impedimento legal para crear consejos territoriales de Justicia de ámbito autonómico porque «el Constitucional no dice que no se pueda» sino que para hacerlo es necesario reformar la LOPJ.
Tras conocer la sentencia del TC, el Gobierno catalán se apresuró a señalar que, en el ámbito de la Justicia, el Alto Tribunal simplemente cuestiona la legitimidad del Estatuto para imponer a las Cortes la reforma de una ley orgánica, pero no la posibilidad de descentralizar la Justicia si efectivamente se reforma esa ley. Y ese es el argumento que ha «comprado» el Gobierno para aplacar la ira del PSC y de CiU, a la que necesita para acabar la legislatura y con la que confía en que le será más fácil pactar si a partir de otoño vuelve a gobernar desde el Palau de la Generalitat.
Recuperar el Estatuto
«En esta nueva era de estatutos de autonomía», señaló Moreno, los consejos de justicia territoriales serán «un mecanismo de gobierno del Poder Judicial en las comunidades autónomas». Una descentralización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si se cumplen las previsiones del Estatuto catalán, con la que se harían realidad las promesas tanto de Zapatero como del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, a José Montilla, en el sentido de que el Gobierno hará todo lo necesario para recuperar por la vía de las reformas legales los aspectos del Estatuto recortados por el Constitucional.
En el marco de un curso de verano de la Universidad Complutense sobre los «XXV años de vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial», el Gobierno practicó uno de sus deportes favoritos, el lanzamiento de un globo sonda, esta vez sobre la reforma de la Justicia, para calibrar la respuesta política a su proyecto —de ahí que Chaves se guardara mucho el miércoles de concretar cómo se satisfarían las exigencias de Montilla—. Y la reacción, a juicio de lo afirmado por los juristas presentes en la Universidad de Verano, fue todo lo adversa que cabría esperar.
Vocales y magistrados coincidieron en defender que el «único» órgano de gobierno del Poder Judicial es el CGPJ y que, en todo caso, sólo sería posible la constitución de consejos de justicia autonómicos como órganos «consultivos» y no «de gobierno».
El vocal del Consejo del General del Poder Judicial José Fernández-Carnicero González señaló que «la vía de desconcentración —que propone el Estatuto catalán— es impropia porque sólo es aplicable a órganos administrativos y no a órganos políticos». En este sentido, el vocal del CGPJ Felíx Azón Vilas apuntó que, según el Constitucional, «sí cabrían» consejos territoriales de justicia, pero «otra cosa son las competencias que tendrían y cómo se organizaría ese órgano siempre y cuando se aprueben y se constituyan».
Para Pío Aguirre Zamorano, también vocal del CGPJ, «el Consejo es uno y cada autonomía no puede tener el suyo», por lo que a su juicio no se pueden crear consejos territoriales vía modificación de la LOPJ. «Otra cosa —señaló— es que en la Ley Orgánica se diga que, por ejemplo, el Consejo delega alguna facultad en las Salas de Gobierno, a las que se puede cambiar de nombre». Además, advirtió de que, si el Legislativo promulga una ley que sortee la sentencia del Alto Tribunal en esta materia «sería un fraude de ley» y por tanto la norma en el TC «será declarada inconstitucional».
En la misma línea, el ex portavoz del CGPJ y magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Enrique López, propuesto por el PP para el Tribunal Constitucional, recalcó que «el CGPJ es único porque así lo dice la Constitución y sólo caben técnicas de desconcentración, nunca de descentralización».
Al margen de la oposición de los máximos representantes de la magistratura, la reforma de la LOPJ debería hacerse con el beneplácito del PP y los populares ya han manifestado su oposición a esta propuesta, por lo que la única opción sería tejer una mayoría alternativa con las minorías nacionalistas que volvería a marginar al PP en una reforma clave del Estado. (ABC)
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