INTERÉS GENERAL DE LA NACIÓN.

 (Aunque los responsables últimos de esta repugnante situación son los políticos que, entre 1973 y 1995, no cambiaron las leyes penales y permitieron que la redención de penas por el trabajo, buena conducta y estudios, rebajara de manera escandalosa las condenas a los criminales etarras y similares, Rajoy podría hacer algo.

Si Mariano fuese un hombre de Estado, apelaría- como ya hizo el Reino Unido en su momento- al interés general de la nación, para no aplicar la resolución del Tribunal de Estrasburgo.

Pero Mariano es otra cosa. Está a la altura de los mediocres y cobardes políticos que, entre 1973 y 1995, no se atrevieron a endurecer las condiciones penales de los asesinos de ETA y similares.

PD. Imagino- aunque desearía equivocarme- que si Mariano se comportara como un hombre de Estado y apelara al interés general de la nación, los socialistas- además de los etarras y compañeros de viaje- protestarían. 

¡Qué asco!¡Qué asco!)

No es obligatorio cumplir el fallo de Estrasburgo.

España no está obligada a cumplir la sentencia su su ordenamiento jurídico no se lo permite.

El convenio que regula la sujeción española al tribunal europeo de derechos humanos no consagra a este último como instancia judicial suprema. El convenio dice expresamente –artículo 41- que “si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”. Esto supone que el convenio acepta, de entrada, que los fallos de Estrasburgo no sean aplicados por contradicción con el derecho de cada país. Carlos Ruiz Miguel lo ha explicado muy bien: “España está obligada a hacer todo lo que su ordenamiento le permita hacer para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no a lo que el ordenamiento jurídico español no le permite”.

Otros países europeos, en circunstancias semejantes, han optado por no cumplir todos los fallos. Es el caso del Reino Unido, que argumentó en su día que eludía el cumplimiento de ciertas sentencias estrasburguesas en nombre del interés general de la nación. Cierto que ese interés general puede prestarse a controversias, pero no debe ser así cuando estamos hablando de estados de derecho consagrados por muchos años de imperio de la ley, como es el caso de España.

Si a pesar de todo esto el Gobierno español insiste en aceptar a pies juntillas la emanación de Estrasburgo, no habrá más remedio que pensar que el ejecutivo de Rajoy contaba de antemano con hacerlo, que esa precisamente es su política –no sólo la de Zapatero- y que la excarcelación de etarras forma parte de los compromisos contraídos por Rajoy y nunca revelados a sus votantes.

(José Javier Esparza/La Gaceta) 

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 QUIEBRA DE CONFIANZA.

La tragedia de lo sucedido ayer no está en Estrasburgo. Donde unos jueces de dieciséis países se dejaron convencer hace un año por un juez español de que había que ayudar a la paz y reconciliación en España. Y que todos ellos podían ser muy útiles en ello si juntos apoyaban la causa de una etarra que, bien asesorada, había llegado a aquel tribunal luchando contra una práctica que consideraba anómala. La práctica era la forma de computar la redención de pena por trabajo.

 En 2006 la inminente salida de la cárcel de un sanguinario terrorista llamado Henri Parot hizo cambiar la forma de contar los días redimidos por jornadas de trabajo en prisión. A descontar no de la condena efectiva sino del total. Con lo que se garantizaba que cumplieran al menos los 30 años de pena máxima. Este cambio, que nada tiene que ver con la condena sino con la reglamentación de su cumplimiento, es el que, movidos por el juez socialista Luis López Guerra, los miembros del Tribunal en Estrasburgo han considerado que vulneraba el principio de irretroactividad. 

Podían haber decidido lo contrario. De hecho estuvieron a punto de hacerlo en la primera sentencia Y, me dicen y me cuentan, habría sido jurídicamente tan impecable como la decisión contraria. Pero el juez español, que fue secretario de Estado en el Ministerio de Justicia con el inefable ministro López Agular, estaba en Estrasburgo para lo que estaba. Allí la lucha antiterrorista había ganado una gran batalla al sancionarse la Ley de Partidos, con la que España estuvo a punto de vencer definitivamente al terrorismo con el presidente Aznar. 

Hasta que el terrorismo, el 11 de marzo del 2004, nos hizo descarrilar. Como segundo hombre en el Ministerio que, aparte de Interior, habría de llevar la larga coordinación con la banda ETA para adaptar las realidades al beneficio mutuo. Y en 2007, reconvertido de nuevo en juez, López Guerra se fue a Estrasburgo a preparar el desmantelamiento de las conquistas de España en la condena y persecución internacional de ETA y sus grupos.

El problema no es ya la sentencia. Ni siquiera la salida de la cárcel de Inés del Río, por mucho que sea un símbolo más para ETA de que su larga lucha ha cuajado y vencido. Y en todos los que saldrán triunfantes y que reafirmarán su mensaje de que gracias a estos héroes se han sembrado las condiciones para que el País Vasco quede firmemente en manos de quienes dominan el terreno, ellos. Que son quienes abrirán y cerrarán la espita de la presión y el miedo para diseñar política y vida cotidiana. Para garantizar que España, su historia y los vascos que se saben españoles nunca vuelvan a tener allí presencia plena ni derechos.

Años antes de las bombas eficaces de marzo de 2011 ya planeaban algunos en caseríos guipuzcoanos lo que ha ido sucediendo. El problema ahora no está en la miseria moral de un Zapatero colaborador del primer enemigo del Estado desde el corazón del mismo. El problema está en el desmoronamiento de la esperanza en que el Gobierno de Rajoy fuera una alternativa real de integridad para los principales desafíos políticos y morales de esta sociedad. 

Ni en la regeneración interna ni en la voluntad de reafirmación de la legalidad nacional frente al separatismo hay estatura ni calidad. No hablemos de grandeza. Ahora se suma la terrible sospecha de que este Gobierno ha asumido el peor legado de Zapatero como propio. Que se han convertido en émulos en lo peor. Cuánto desearían las víctimas, que ayer volvieron a ver morir a los suyos, pero también muchos millones de españoles, que esto se desmintiera.

 

   

(Hermann Thertsch/ABC)