CASO 'FAISÁN'.
Madrid.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha decidido pedir ayuda económica a los ciudadanos a través de las redes sociales para poder recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que condena a los mandos policiales Enrique Pamiés y José María Ballesteros a un año y medio de prisión por el chivatazo a ETA en el bar Faisán.
El colectivo de víctimas, personado como acusación popular en la causa, ha hecho esta petición a los ciudadanos a través de su cuenta oficial en Twitter, así como mediante la de su presidenta, Ángeles Pedraza.
Recurrir la sentencia tendría un coste de entre 10.000 y 12.000 euros, según han explicado fuentes de la AVT, que dadas sus dificultades económicas ha decidido recurrir a los ciudadanos que quieran apoyar a las víctimas para lograr sumar este montante.
Pedraza ha criticado este miércoles la decisión de la Audiencia Nacional y ha animado a buscar a los últimos responsables del chivatazo a ETA, que ha adelantado que están actualmente "sentados" en el Congreso de los Diputados cobrando un sueldo de todos los españoles.
Pero además, ha censurado que los jueces aleguen que los condenados trataban de no entorpecer el proceso de paz y ha recordado que tras el soplo a la organización terrorista, ETA mató aún a trece personas más.
(LaVozLibre).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FALTAN LOS RESPONSABLES POLÍTICOS.
Una suave condena de 1,5 años de prisión por encubrimiento a los acusados de dar el chivatazo en el bar Faisán no justifica una condena real de lo que supuso el chivatazo a ETA en 2006.
Hay que recordar que los dos policías acusados y ahora condenados por dar el chivatazo a ETA fueron responsables de evitar una operación policial contra el entramado de extorsión de ETA durante la negociación entre ETA y el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Es decir, los responsables directos del chivatazo evitaron la detención de parte de los dirigentes de GEZI, aparato de finanzas y recaudación de ETA, dinero que se ha utilizado para asesinar a muchas víctimas del terrorismo, entre ellas mi padre, Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía.
El chivatazo a los responsables de GEZI no evitó que, dos meses después, se produjera su detención, pero sí favoreció que el dinero que iba a ser intervenido el día del chivatazo (54.000 euros) fuera a parar a las manos de Ainhoa Ozaeta y Jon Salaberría quienes se convirtieron en los responsables del aparato de finanzas de ETA cuando fueron detenidos en Francia Soledad Iparraguirre y Mikel Antza, a finales de 2004.
Por eso, cuando leo la sentencia en la que se les absuelve del delito de colaboración con ETA ,y que dice textualmente: "No estamos ante una acción directa de los acusados para favorecer la actividad de la banda terrorista, sino que fue guiada por la finalidad de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA", me pregunto si los magistrados entienden por "entorpecer" el evitar muertes que, precisamente, no se evitaron, ni en 2006, ni en 2007, ni en 2008, ni en 2009 ni en 2010.
Es decir, se trata de una justificación de lo injustificable. Unos jueces no pueden dictar sentencias que justifiquen las acciones equivocadas de un Gobierno, en este caso el socialista de Rodríguez Zapatero, ya que también tendrían que haber dicho lo mismo con los acusados del GAL y no lo hicieron, gracias a Dios, por lo terrible que supuso la acción de este grupo paralegal.
El chivatazo a ETA no ha evitado asesinatos posteriores de la organización terrorista, tampoco ha servido ni sirvió para que ETA decretara la última pantomima del "fin definitivo de la violencia". El chivatazo fue una terrible ignominia, un desprecio absoluto a las víctimas del terrorismo, una cobardía de un Gobierno que no tiene parangón. ¿Cómo un Gobierno se puede poner a disposición de una organización terrorista antes que de sus víctimas? Esta es la terrible pregunta que cada día me hago, sin encontrar la más mínima respuesta.
Dignidad y Justicia recurrirá en casación la sentencia, porque entendemos que una sentencia de encubrimiento se queda coja y es insuficientemente justa para el delito que verdaderamente se cometió y nunca debió ni deberá volverse a cometer: que una parte del Ministerio de Interior se ponga a disposición de ETA. Creo que nadie podrá dudar ya de que el chivatazo se produjo, de que fue en periodo de gobierno de Zapatero y de que las herramientas del mismo fueron unos policías nacionales.
Sin embargo, no vemos que ninguno de los responsables de estos funcionarios policiales hayan dado la cara aún por ellos. Después de que se haya demostrado que un grupo del Ministerio de Interior, dirigido entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba, haya sido culpables de tan terrible ignominia, tendrían que dar muchas explicaciones el que fuera director general de la Policia, Víctor García Hidalgo, el exsecretario de Estado Antonio Camacho y el propio Rubalcaba, como responsable y superior político de los condenados.
¿O los dejarán tirados como una colilla? Seguro que les dejan tirados.
(Daniel Portero/ld)
Hay que recordar que los dos policías acusados y ahora condenados por dar el chivatazo a ETA fueron responsables de evitar una operación policial contra el entramado de extorsión de ETA durante la negociación entre ETA y el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Es decir, los responsables directos del chivatazo evitaron la detención de parte de los dirigentes de GEZI, aparato de finanzas y recaudación de ETA, dinero que se ha utilizado para asesinar a muchas víctimas del terrorismo, entre ellas mi padre, Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía.
El chivatazo a los responsables de GEZI no evitó que, dos meses después, se produjera su detención, pero sí favoreció que el dinero que iba a ser intervenido el día del chivatazo (54.000 euros) fuera a parar a las manos de Ainhoa Ozaeta y Jon Salaberría quienes se convirtieron en los responsables del aparato de finanzas de ETA cuando fueron detenidos en Francia Soledad Iparraguirre y Mikel Antza, a finales de 2004.
Por eso, cuando leo la sentencia en la que se les absuelve del delito de colaboración con ETA ,y que dice textualmente: "No estamos ante una acción directa de los acusados para favorecer la actividad de la banda terrorista, sino que fue guiada por la finalidad de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA", me pregunto si los magistrados entienden por "entorpecer" el evitar muertes que, precisamente, no se evitaron, ni en 2006, ni en 2007, ni en 2008, ni en 2009 ni en 2010.
Es decir, se trata de una justificación de lo injustificable. Unos jueces no pueden dictar sentencias que justifiquen las acciones equivocadas de un Gobierno, en este caso el socialista de Rodríguez Zapatero, ya que también tendrían que haber dicho lo mismo con los acusados del GAL y no lo hicieron, gracias a Dios, por lo terrible que supuso la acción de este grupo paralegal.
El chivatazo a ETA no ha evitado asesinatos posteriores de la organización terrorista, tampoco ha servido ni sirvió para que ETA decretara la última pantomima del "fin definitivo de la violencia". El chivatazo fue una terrible ignominia, un desprecio absoluto a las víctimas del terrorismo, una cobardía de un Gobierno que no tiene parangón. ¿Cómo un Gobierno se puede poner a disposición de una organización terrorista antes que de sus víctimas? Esta es la terrible pregunta que cada día me hago, sin encontrar la más mínima respuesta.
Dignidad y Justicia recurrirá en casación la sentencia, porque entendemos que una sentencia de encubrimiento se queda coja y es insuficientemente justa para el delito que verdaderamente se cometió y nunca debió ni deberá volverse a cometer: que una parte del Ministerio de Interior se ponga a disposición de ETA. Creo que nadie podrá dudar ya de que el chivatazo se produjo, de que fue en periodo de gobierno de Zapatero y de que las herramientas del mismo fueron unos policías nacionales.
Sin embargo, no vemos que ninguno de los responsables de estos funcionarios policiales hayan dado la cara aún por ellos. Después de que se haya demostrado que un grupo del Ministerio de Interior, dirigido entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba, haya sido culpables de tan terrible ignominia, tendrían que dar muchas explicaciones el que fuera director general de la Policia, Víctor García Hidalgo, el exsecretario de Estado Antonio Camacho y el propio Rubalcaba, como responsable y superior político de los condenados.
¿O los dejarán tirados como una colilla? Seguro que les dejan tirados.
(Daniel Portero/ld)
No hay comentarios:
Publicar un comentario