LA JUSTICIA EN ESPAÑA.

 (Un ciudadano cualquiera fuerza la ventana de una furgoneta y roba tres euros. DIEZ MESES DE PRISIÓN.

Una terrorista, Inés del Río, que ha asesinado a 24 personas, cumple 24 años. O sea, DOCE MESES DE PRISIÓN POR ASESINATO.)

Increíble pero cierto. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha condenado este miércoles 23 de octubre de 2013 a diez meses de prisión a un acusado de forzar la ventana de una furgoneta para introducirse en ella y buscar objetos de valor, si bien lo que encontró fueron tres monedas de euro que finalmente acabó llevándose. En concreto, sobre el inculpado pesa un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa.

La sentencia confirma la que ya dictó el Juzgado de lo Penal número 4 de Palma, y que fue recurrida por el acusado. Su defensa alegaba una vulneración del derecho a la presunción de inocencia por no existir prueba suficiente contra él, y solicitaba su absolución o, de forma subsidiaria, que fuera condenado como autor de un delito de hurto.

(Periodista Digital).
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ETA, proyecto de Estado.

Si Rajoy ha seguido el proyecto de Zapatero, es porque la cesión ante ETA no era el capricho ocasional de un demente, sino una política de Estado en el sentido completo del término, que compromete a todas las instituciones de la nación.

Si el Gobierno Rajoy se ha apresurado a ejecutar sin la menor protesta la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, es porque deseaba aplicarla.

Si el Gobierno Rajoy deseaba aplicar esa sentencia, es porque deseaba beneficiar muy directamente a la vieja guardia de ETA, la de Josu Ternera y los grandes asesinos de los años de plomo.

Si el Gobierno Rajoy deseaba beneficiar a la vieja guardia de ETA, es porque ha seguido a pies juntillas el plan trazado en su momento por Zapatero: cese de la violencia a cambio de réditos políticos y penales.

Si Rajoy ha seguido el proyecto de Zapatero, es porque la cesión ante ETA no era el capricho ocasional de un demente, sino una política de Estado en el sentido completo del término, que compromete a todas las instituciones de la nación.

Si todo el proyecto de Estado que la España actual es capaz de alumbrar respecto a ETA consiste en facilitar a la banda por vía política lo que no pudo conseguir por vía criminal, es porque el Estado contempla positivamente la perspectiva de que una fuerza política rabiosamente independentista, potencialmente violenta y edificada sobre el odio a España y al sistema democrático se haga con el poder, y porque al Estado eso le parece bien mientras no haya sangre en la calle.

Si todo esto es así, es porque el Estado ha olvidado –o ha querido olvidar- que ETA no mataba por gusto de la sangre ajena, sino porque ese era su instrumento para obtener unos fines que no podía obtener por vía pacífica: la ruptura de la nación española.

Si ahora el Estado considera que vale la pena otorgar libertad civil, subvenciones públicas y presencia institucional a una fuerza que a todo trance quiere romper la nación española, entonces es que el Estado no considera prioritario mantener la unidad de la nación, que puede postergarse en beneficio de otras cosas.

Si el Estado posterga la defensa de la unidad de la nación, que en realidad debería ser su único objetivo legítimo, entonces es que el Estado trabaja contra la nación. Corolario: ¿Cuáles son realmente los fines del Estado en España?

¿A qué estamos esperando para regenerar de arriba abajo el Estado?

(Diríjase la pregunta muy específicamente a los políticos que este domingo se dejarán ver en la manifestación de las víctimas. O mejor: a los periodistas que hace cinco años denunciaban la traición de Zapatero y ahora ensalzan a Rajoy por hacer exactamente lo mismo que su predecesor).

  (La Gaceta/José Javier Esparza.).

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TENGO LA SANGRE HELADA.

Fue Pilar Ruiz Albizu, madre del concejal socialista Joseba Pagazaurtundúa, asesinado por ETA en 2003, quien formuló apenas dos años después el augurio sombrío en el que hoy nos reconocemos quienes nunca aceptaremos el trágala de trocar «paz» por dignidad y justicia. «Cerrarás más veces los ojos y harás cosas que nos helarán la sangre», le espetó a Patxi López, cuando éste se sentó a negociar con el terrorista Otegi en un hotel de Bilbao. Eran los albores de un «proceso» ignominioso del que aún no hemos visto el final.

Hablemos claro. José Luis Rodríguez Zapatero redactó a partir de 2004 los términos de un contrato acordado con la banda terrorista, que Mariano Rajoy suscribió tácitamente al cumplir cada una de sus cláusulas. Todo de espaldas a los españoles, por supuesto, sin luz ni verdad ni taquígrafos. Los pistoleros se comprometían a cesar en su actividad armada, muy mermada ya gracias al trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a cambio de lo cual el Gobierno les garantizaba que su tentáculo político regresaría a las instituciones y que los presos, hasta los más sanguinarios, saldrían más pronto que tarde. 

Los documentos que recogen los detalles de ese pacto mencionan expresamente el nombre de Bolinaga (probablemente escogido por ETA por lo repugnante de su historial delictivo, con el fin de poner a prueba la voluntad del Estado) y también la derogación de la doctrina Parot, viejo caballo de batalla de la serpiente. En esa clave hay que entender la precipitada designación gubernamental en 2007 del militante socialista Luis López Guerra para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recurrida en su día por la asociación mayoritaria de jueces, APM, por entender que el personaje en cuestión no cumplía con el necesario requisito de independencia. ¿Independencia para qué? 

Si se pretendía inclinar la balanza en la dirección necesaria para dar satisfacción a ETA, era menester que fuese un magistrado español quien defendiera en Estrasburgo la liquidación de esa herramienta legal imprescindible para enmendar las carencias de un Código Penal franquista que el PSOE no quiso reformar hasta 1995. Y el socialista López Guerra hizo muy bien su trabajo: la doctrina está liquidada; las víctimas, humilladas, y los etarras, exultantes. Esto también lo anunció Pilar Ruiz con una lucidez gélida: «¡Qué solos se han quedado nuestros muertos!». Solos, pisoteados, estafados en su sacrificio por unos dirigentes políticos cuya ingratitud sólo es comparable a su cobardía, hambrientos de memoria y de justicia.

Se nos predica desde ciertos púlpitos de la «bienpensantía» que quienes exigimos para estas alimañas unas penas acordes con sus fechorías confundimos justicia con venganza. Nada más lejos de la realidad. Venganza sería que alguna víctima se hubiese arrogado el derecho a cobrarse ojo por ojo, cosa que milagrosamente no ha ocurrido jamás. Justicia es que robar la vida a una persona no cueste lo mismo que robársela a veinticinco. La aplicación de la doctrina Parot trataba de evitar ese desafuero. Ahora centenares de asesinatos quedarán sencillamente impunes porque los verdugos sólo serán castigados por el primero, y ni siquiera con treinta años. Si eso es velar por los derechos humanos, que venga Dios y lo vea. 

¿Cuál será el próximo paso? ¿La liberación de Otegi a fin de que «lidere el proceso»? ¿El desembarco de Troitiño o De Juana Chaos en el parlamento vasco? Seguiremos viendo cosas que nos helarán la sangre, eso es seguro; tan seguro como que algunos no comulgaremos con estas ruedas de molino. El día 27, a las doce y media, estaremos en la madrileña plaza de Colón, del único lado posible: el de las víctimas de esta democracia ingrata.

(Isabel San Sebastián/Abc)