miércoles, 29 de octubre de 2008

EDUCACIÓN SOCIALISTA.

UPyD considera “irrelevantes” y “demagógicas” las medidas de evaluación anunciadas por la consejera Galmés

UPyD quiere valorar las iniciativas recientemente anunciadas por la consejera de Educación y Cultura, doña Bàrbara Galmés. La iniciativa que elabora la Consejería y que “permitirá evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos de cuarto de Primaria, la práctica docente, el trabajo del equipo directivo y el funcionamiento de las instalaciones escolares”, entrará en vigor “previsiblemente” el próximo curso y se desarrollará “al margen del desarrollo normativo de evaluación de los distintos niveles educativos”. La consejera ha aclarado inmediatamente que los sistemas de evaluación de docentes y directivos no tendrán carácter disciplinario ni se traducirán en ránkings públicos, y que “se trata de una iniciativa que aún está por negociarse y consensuarse con el sector”.

Unión, Progreso y Democracia considera, para empezar, que la responsabilidad de la señora Galmés va más allá de convocar de vez en cuando a los docentes y a la prensa para proclamar sus buenas intenciones: no tiene ningún sentido anunciar medidas de las que todavía no se sabe nada porque serán fruto de una negociación cuyo contenido e interlocutores aún no se conocen, y para las que tampoco se ha establecido un plazo determinado. Para esto no se necesita pagarle un sueldo a una consejera de Educación: con el gabinete de propaganda se cubre esta función sin necesidad de más gasto.

Entrando en el asunto de la evaluación, UPyD considera necesario que a los diagnósticos sigan medidas correctoras, en este caso, de la calidad de la docencia: evaluar sin más consecuencias que las meramente informativas es hacer perder su tiempo a profesores y funcionarios y gastar el dinero del contribuyente para nada, duplicando (como es costumbre del Govern) órganos y procesos administrativos. Es de sentido común que toda estrategia de evaluación tenga como consecuencia el cómputo público de méritos profesionales y, en caso justificado, sanciones; si no, estamos hablando una vez más de papel mojado. Que el STEI se pronuncie en contra de cualquier medida de carácter “punitivo” pone una vez más de manifiesto que este sindicato no trabaja desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza, sino desde el corporativismo y la defensa de los privilegios. Ni el Govern ni los sindicatos parecen interesados en una mejora real de la evaluación ni de la calidad educativa.

El verdadero problema de la Educación en España y, por tanto, en Baleares, es una legislación nacional absurda, que parte de una teoría demostradamente errada (la comprensividad), descarta el valor del esfuerzo continuado tanto por parte de los alumnos como de los profesores y fomenta el acomodo en la mediocridad; y un desarrollo legislativo autonómico que profundiza en este disparatado estado de cosas, como demuestran las últimas instrucciones de la Consejería para la implantación del bachillerato LOE, con las que se quieren rebajar aún más los criterios de promoción y, por tanto, el ya ínfimo nivel de la educación. Los certificados de calidad que sólo tienen en cuenta la habilidad burocrática de los profesores, pero en ningún momento la práctica en el aula ni los resultados entre los alumnos, no contribuyen en nada a elevar ese nivel, sino más bien a distraer recursos y dedicación de lo que de verdad importa: la transmisión de conocimientos a los alumnos. La consejera Galmés demuestra estar más interesada en la apariencia de actividad y en el maquillaje de cifras que en proyectos concretos que eleven eficazmente la calidad del sistema educativo.

UPyD valora las medidas de evaluación que anunció anteayer la consejera como irrelevantes y demagógicas y teme que causen sólo un mayor gasto público. UPyD considera que es necesario introducir, tanto entre los alumnos como entre los profesores, mecanismos realistas de evaluación, es decir, exámenes que tengan por objeto la eficacia de la instrucción, de la transmisión constatable de conocimientos; endurecer los criterios de promoción, de manera que la superación de una asignatura por el alumno y la promoción profesional del docente estén estrictamente relacionadas con esa transmisión de conocimientos por medio del trabajo esforzado y así se demuestre mediante pruebas objetivas; la separación temprana de los itinerarios del bachillerato y la formación profesional; y el reforzamiento de la autoridad de los profesores en el ámbito escolar. Toda medida que no apunte en estas direcciones podrá calificarse de papel mojado.

Palma, 29 de octubre de 2008

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