El pasado 26 de junio en Barcelona Zapatero aseguró que el acuerdo en torno a la nueva financiación autonómica era cuestión “de días o semanas”. El presidente quiere que la reforma esté lista para el 15 de julio cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sus dos vicepresidentes de Política Territorial y de Economía se han puesto manos a la obra pero pecan de descoordinación. Sin criterios objetivos claros el camino para establecer un sistema justo y coherente se hace, según los expertos consultados, cuesta arriba.
Blanca de Ugarte
05-07-2009
El pasado 25 de junio el vicepresidente territorial del Gobierno, Manuel Chaves, anunció en el Senado y ante los representantes autonómicos el inicio de una nueva ronda de contactos con las comunidades para cerrar, de una vez por todas, el nuevo modelo de financiación autonómica. El ministro afirmó, como el presidente, que el 15 de julio, cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, estará listo el nuevo y ansiado modelo de financiación. Se cerraría así una discusión que dura ya más de tres años.
A lo largo de las últimas dos semanas hemos visto a Chaves y a Salgado recorrer cada uno por su lado la vasta geografía española en busca de acuerdos bilaterales con las comunidades autónomas. Pero, mientras uno hace y promete el oro y el moro, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía deshace. Así ha ocurrido en Galicia y en tantas otras comunidades. Primero Chaves acuerda con Feijóo incluir el envejecimiento y la dispersión poblacional como criterios de ponderación y, dos días más tarde, durante la segunda parte del partido, Salgado rechaza esta petición. Las promesas de Chaves se convierten en papel mojado cuando interviene Salgado con su cartera, aquella que realmente distribuye los dineros.
Según el experto economista José Barea, es imposible lograr un acuerdo si no se fijan previamente los mismos criterios de poderación para todas las comunidades. Por lo tanto, mal vamos si el Gobierno emplea diferentes en cada autonomía, o lo que es peor, “criterios subjetivos” en los que se tienen en cuenta intereses y afinidades políticas.
La variable básica para determinar las necesidades de gasto, explica Barea, no debe ser otra que la población. Es necesario tener en cuenta sus características demográficas: densidad, volumen de inmigración, dimensión de los núcleos urbanos, dispersión a lo largo del territorio y población en situación de exclusión social… Estos factores determinarán el coste de los servicios sanitarios, educativos y demás prestaciones que precisa la sociedad. La Constitución dicta el principio de igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos siempre teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal y la capacidad de gestión.
La filosofía del actual sistema de financiación respeta los dos preceptos constitucionales básicos en esta materia: la igualdad y la solidaridad. Por ello, otro de los expertos consultados por este periódico, el catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Navarra Eugenio Simón Acosta, coincide con Barea al afirmar que el actual sistema de financiación no es malo pero debe incorporar mecanismos de actualización permanente para atender a las variaciones de demográficas de las comunidades autónomas.
Sin embargo, la reforma del sistema de financiación se ha visto seriamente alterada tras la aprobación en las Cortes del Estatuto de Cataluña. En el último observatorio económico de FAES, los analistas afirmaron que “las disposiciones del nuevo Estatuto suponen un peligro para el principio de igualdad de los españoles, puesto que pretenden restringir la solidaridad interterritorial a los servicios públicos esenciales y que se limite la redistribución territorial”.
Por su parte, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, afirma en un estudio reciente elaborado para la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) que “carece de sentido económico” que los estatutos de autonomía establezcan la inversión del Estado, algo que resulta “más absurdo aún” cuando la suma de los porcentajes comprometidos en estos textos podría rebasar el cien por cien.
Por todo ello, tanto Barea, Simón Acosta como Zubiri consideran necesario alcanzar un pacto de estado entre los principales partidos políticos que centre la reforma del sistema de financiación en el uso de una fórmula objetiva de reparto de fondos. Sin embargo, esto queda muy lejos de la realidad.
A pesar de que en la primera comparecencia de Chaves en el Senado como vicepresidente de política territorial los líderes autonómicos solicitaran la celebración de un conferencia de presidentes, el ministro de momento no ha movido ni un dedo para reunirlos a todos. No interesa. El Gobierno de Zapatero considera mejor verse por separado y llegar a los acuerdos de forma bilateral. De esta manera será muy complicado resolver el rompecabezas de la financiación y lograr un sistema coherente y justo.
La solución tarda en llegar. Los expertos la ven imposible mientras el Gobierno se empeñe en no fijar estos criterios y se mantenga en la ambigüedad de los acuerdos bilaterales. “Zapatero no puede dar a todos lo que quieren, y más con el déficit y la crisis que padece España. Si el gasto se dispara más todavía nos encontraríamos ante una bancarrota sin salida”, augura Barea.
Esta misma semana, el presidente del Gobierno se mostró menos optimista al respecto. “Aún no podemos decir que estemos en el final del trayecto”, afirmó. Un final fijado por él mismo para el 15 de julio y que parece muy difícil de alcanzar.(ElImparcial)
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Las Comunidades Autónomas españolas, encabezadas por sus respectivos presidentes, están tratando de sacar el máximo beneficio posible de los 9000 millones adicionales que propone el gobierno, ya que desde algunas autonomías se está exhibiendo la mala financiación del sistema actual.
Efe. Madrid.
05-07-2009
En la recta final de la negociación del modelo de financiación, las autonomías, más celosas y recelosas que nunca, hacen valer lo que les distingue, sus "hechos diferenciales", porque todas quieren sacar la mejor tajada de los 9.000 millones adicionales que propone el Gobierno.
Así se lo están haciendo saber los presidentes autonómicos a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en la ronda de contactos que inició el día 1 con los de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Desde algunas autonomías se exhibe la mala financiación per cápita del actual sistema y la necesidad de compensarlo, mientras que otras apelan a la insularidad, la dispersión, el envejecimiento, la población escolar, la lengua o el aumento de población y hasta salen a relucir las deudas históricas, coincidentes en muchos casos.
Bien claro lo dijo el presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, para quien es "legítimo" que cada una "trate de enfatizar aquello que crea que le beneficia". Antes de sumarse al acuerdo, Asturias, según Areces, necesita "más concreción" en la propuesta del Gobierno y que las cantidades, "en términos absolutos y relativos", respondan a los deseos de su Ejecutivo.
Éste es un rasgo común en todas las autonomías, nerviosas a esta altura del partido por no conocer las cifras concretas que, una vez diseñados los parámetros y su ponderación, les corresponderán.
Cataluña, que de alguna manera ha obligado a revisar todo el modelo por su nuevo Estatuto que impone al Estado la cesión del 50 por ciento del IRPF e IVA y el 58 por ciento de los impuestos especiales, no ha revelado qué cantidad reclama, pero ha rechazado algunas de las apuntadas, como 2.000 millones.
Su caballo de batalla es que, tras contribuir a la solidaridad interterritorial, no suceda como hasta ahora y se quede con menos recursos por habitante que la media, por lo que pide que se compense su incremento de población y se acote la solidaridad en conceptos como la salud, la educación y los servicios sociales.
De las pocas comunidades que descubren sus cifras, Canarias reclama un incremento de 500 millones de euros, que amplía hasta los 890 si finalmente se cuenta con esos 9.000 millones más. La Comunidad Valenciana considera que debe recibir 1.200 millones más por la actualización de la financiación, a los que suma otros 2.340 por el aumento de población. Baleares cree que el actual sistema es "letal" porque la sitúa 21 puntos por debajo de la media de financiación y exige estar en la media, aunque mantenga "con total entrega" su solidaridad.
Andalucía reclama que prevalezca el criterio de la población y que se pondere la edad escolar -que es la que más ha crecido allí- al menos en un 20 por ciento, aunque la Junta ya ha reconocido que no va a ser la que más gane, pero con este cambio lograría el 18,7 por ciento de los recursos.
Núñez Feijóo salió desconcertado de su entrevista con Salgado, pues un día antes, en su encuentro con el vicepresidente territorial, Manuel Chaves, éste aceptó las variables propuestas, como un aumento en la ponderación del envejecimiento, la dispersión, la emigración y la lengua, lo que no fue ratificado por la vicepresidenta.
También está a la defensiva, e incluso puede votar en contra, Extremadura, como ha anunciado su presidente, Guillermo Fernández Vara, si el modelo alude "al distinto esfuerzo fiscal" de las autonomías o cambia su posición en la financiación per cápita. Ahora es la tercera.
La Comunidad de Madrid aguarda la llamada de Salgado con la esperanza de que el nuevo modelo reconozca el incremento de la población de la región, 1,3 millones de habitantes, toda vez que el texto remitido por el Gobierno en diciembre es ambiguo y "deja muchas cosas en el aire". Tras la entrevista con Salgado, Barreda se mostró "más tranquilo" con el nuevo modelo, por el peso de la población y, dentro de ésta, de la de los mayores de 65 años y los más jóvenes.
Más críptico se mostró después de la reunión con Salgado el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, para quien los criterios del nuevo sistema son positivos para su comunidad, que no fijará su posición definitiva hasta conocer las cifras. Cantabria quiere que el reparto de fondos no se guíe solo por el número de habitantes, así como Castilla y León, que desea que se tengan en cuenta otros criterios complementarios. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, advierte de que con la financiación "no pueden pagarse" favores políticos de comunidades o de partidos "para sustentar el Gobierno de España".
Las comunidades forales, el País Vasco y Navarra, a pesar de que no les afecte el nuevo modelo, vigilan lo que ocurre y están pendientes del déficit, fijado en el 2,5 por ciento para el próximo año para las autonomías. Además, el presidente de Navarra, Miguel Sanz, quiere que el nuevo modelo cuente con "el máximo de satisfacción" entre las autonomías.
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