ANTE UN GOBIERNO ILEGÍTIMO
Recordaré los puntos que hacen ilegítimo al gobierno español actual. Para empezar, su origen está estrechamente ligado a la mayor matanza terrorista perpetrada en Europa. Y no porque ella aumentase la votación a su favor (Rajoy había perdido gran parte de la ventaja con que había emprendido la campaña electoral), sino por la explotación violenta, calumniosa y demagógica que hizo el PSOE de la matanza y el premio que a continuación dio al terrorismo islámico, supuesto perpetrador de la misma.
Pero en el ejercicio del gobierno, Rodríguez y los suyos han ido mucho más allá. Su llamado "diálogo" con los asesinos etarras ya era de por sí ilegal, y aumentaba su ilegalidad al convertirse en franca colaboración con la ETA, a la cual entregó reconocimiento nacional e internacional, dinero, sabotaje a la persecución judicial, reducción drástica de la persecución policial, silenciamiento de las víctimas y, sobre todo, el estatuto catalán, clamorosamente contrario a la Constitución.
Solo estas fechorías –coherentes con el nefasto historial del PSOE, causante principal de la Guerra Civil– muestran la clase de partido que está en el poder, y lo deslegitiman. Pero ha ido aún más allá con su ley llamada de memoria histórica, en realidad de exaltación de la cheka. Dicha ley tiene un doble objeto: por una parte, legitima a los asesinos del terror izquierdista antes y durante la guerra civil, y también, cómo no, a los etarras, presentando a unos y otros como "víctimas", igualándolos a los inocentes que también cayeron en la represión de derechas. Es difícil imaginar una ley más infame, amparadora del crimen, una ley contra el más elemental sentido de la justicia, que califica plenamente a sus promotores.
El segundo objetivo de la ley es la deslegitimación radical del franquismo, y por ello de cuanto procede de él, es decir, la democracia y la monarquía. Esa ley anula el espíritu y la letra de la transición, así como la reconciliación alcanzada bajo aquel régimen, que permitió, precisamente, la evolución relativamente tranquila a una relativa democracia. Esa ley pesa como la mayor amenaza involutiva sobre nuestra convivencia en libertad, unida a la corrosión de la independencia judicial y al arruinamiento de la Constitución por medio de hechos consumados. Ruina en la que colabora el PP de Rajoy.
Durante años, la mayor parte de la gente ha preferido cerrar los ojos ante estos desmanes o buscarles atenuantes. Pero admitirlos es admitir la bananización de la democracia alcanzada en la transición, democracia defectuosa pero en vías de enmendarse por el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Es admitir que la política se convierta en una especie de patio de Monipodio, en el que la ley solo sirva como motivo de irrisión.
¿Qué puede hacer el ciudadano? Un gobierno ilegítimo, en vías de transformarse en régimen gracias a una seudo oposición, puede y debe ser resistido por aquellos para quienes la libertad política significa algo. José Alcaraz, presidente de la AVT antes de que el PP de Rajoy la redujera a la impotencia, habla a menudo de "rebelión cívica".
Esbozos de tal rebelión fueron las masivas manifestaciones de hace unos años, que Rajoy, una vez más, se encargó de anular. Los ciudadanos tienen dos vías: o someterse quejumbrosamente u organizarse a distintos niveles y con objetivos parciales. Pero además es preciso pasar de la mera crítica y elaborar un programa de regeneración democrática que oponga a la demagogia y confusionismo hoy reinantes un análisis preciso de la situación y unas medidas claras y sencillas para corregir las derivas de estos años. Como dije, el mayor delito del actual gobierno fue transformar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en pacto con el terrorismo y los separatismos contra las libertades y la integridad nacional. Aquel Pacto marca la orientación general, y debe desarrollarse. (Pio Moa/Publicado en 'Época')
1 comentario:
Caomo casi siempre, Moa da en el clavo
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