La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha acusado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de haber "utilizado en muchas ocasiones los aparatos del Estado en beneficio propio" y en contra del Partido Popular. Según ha recalcado, los socialistas deberían "estar muy arrepentidos" porque han hecho "un flaco favor a la democracia y al principio de división de poderes".
De Cospedal ha dirigido sus críticas a los "mandos políticos" de la Policía y a la Fiscalía General del Estado, cuya imparcialidad "a veces deja mucho que desear".
En el caso concreto del Ministerio Público, ha dicho que se comporta de manera distinta según se trate de cargos del PSOE o del PP. "Creo que la Fiscalía General del Estado en este país actúa arbitrariamente y parcialmente, ya lo sabe todo el mundo", ha enfatizado.
Como ejemplo de ello, ha citado las "instrucciones" que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dio hace un año a la Fiscalía desde su gira por Latinoamérica para que "recurriera el archivo del famoso tema de los trajes" que afecta al presidente del PP valenciano, Francisco Camps.
El PP sale esposado de sus casas
Y la pasada semana, ha añadido, el fiscal de Madrid anunció que recurría el archivo de la causa contra el ex ministro Francisco Álvarez-Cascos, quien dijo en su día que había una "camarilla policial" que falseaba documentos en el 'caso Gürtel'. "¿Por qué se va a recurrir este archivo? -se preguntó De Cospedal-. Porque se trata de un militante del PP".
Asimismo, ha mencionado casos en los que se ha "sacado" a cargos del PP "esposados de sus casas" y se les ha llevado a comisaría "con un despliegue de medios impresionante" para "volver a sus casas al día siguiente". "Es que esto pasa, no es una invención del PP, es que pasa y está pasando", se ha quejado.
La secretaria general del PP se ha mostrado convencida de que "el Gobierno ha utilizado en muchas ocasiones los aparatos del Estado en beneficio propio". Al ser preguntada si los ha usado en contra del PP, ha replicado: "Por descontado".
"Si es que esto ya, lamentablemente, lo sabe todo el mundo. Y eso es algo de lo que debería estar muy arrepentido el PSOE, porque este Gobierno ha hecho un flaco favor a la democracia y al principio de división poderes", ha resaltado.
Archivo del 'caso Bono' sin investigación
Al hilo de su crítica a la doble vara que emplea la Fiscalía, De Cospedal ha recordado la denuncia que presentó el PP para que se investigara el elevado patrimonio del presidente del Congreso, José Bono. Esas denuncias del PP, ha resaltado, se han archivado sin que haya habido investigación.
Preguntada si el PP baraja presentar una querella en el Tribunal Supremo contra Bono, la secretaria general no ha descartado esa posibilidad y ha señalado que su partido seguirá "defendiendo el principio de igualdad ante la ley".
"Vamos a ver exactamente cómo se van produciendo los acontecimientos. Lo que hoy se conoce es que las denuncias que se presentaron se han archivado por la Fiscalía y no ha habido investigación. Veremos cuáles son los pasos que damos", ha apostillado.
Regulación de las escuchas, en el programa
De Cospedal también se ha referido a las supuestas escuchas ilegales a dirigentes de su partido, una denuncia que, según ha recordado, su partido presentó en los tribunales pero que aún no se ha resuelto. Es más, ha subrayado que a ese procedimiento judicial abierto se han ido incorporando nuevas conversaciones "que no tenían por qué conocerse", si bien no ha querido precisar esas conversaciones alegando que es "un tema que está judicializado".
La 'número dos' del PP ha lamentado que el PSOE no apoyara la iniciativa legislativa que el Grupo Popular llevó al Pleno del Congreso para que el sistema de interceptación de comunicaciones (SITEL) se regule por Ley Orgánica y "no vulnere el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad de las personas".
"El PSOE no quiso votar a favor y dijo que eso habría que hacerlo pero que este no era el momento. Por lo visto el derecho a la intimidad de las personas y el secreto de la comunicaciones es algo a lo que tenemos derecho los españoles pero no en este momento, según palabras del propio Gobierno en el debate parlamentario", ha ironizado.
Según ha subrayado, el PP sigue pensando que "hay sistemas de interceptación de las comunicaciones que pueden vulnerar claramente" derechos fundamentales. "Lo dijimos en su día y lo seguimos pensando y por eso presentamos esa iniciativa legislativa en el Congreso aunque la perdiéramos", ha dicho, para avanzar que el PP llevará este asunto a su programa electoral.
En su opinión, cualquier vulneración del derecho a la intimidad es "grave", sin que sea menos grave porque se trate de una persona que se dedica a la política. "Vivimos en un Estado de Derecho, afortunadamente -ha enfatizado-. Creo que España no es un Estado policial, es un Estado de Derecho y tiene que seguir siéndolo". (ElEconomista)
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La tigresa
1 de Agosto de 2010 - 07:13:28 - Luis del Pino
Editorial del programa Sin Complejos del sábado 31 de julio de 2010
El 16 de noviembre de 1984 es asesinado en un restaurante de Irún el empresario vasco-francés Joseph Couchot, a quien las revistas Tiempo, Enbata y Punto y Hora habían relacionado poco antes con las actividades de los GAL. El día anterior a su asesinato, la revista Punto y Hora publicaba una réplica del propio Couchot, en la que desmentía su relación con la trama del GAL y responsabilizaba al director de la revista de cuanto pudiera sucederle a sus familiares, a sus negocios o a su persona como consecuencia del artículo publicado por la revista. Una de las participantes en el atentado fue la etarra Idoia López Riaño, en lo que constituiría su primer asesinato.
El 26 de febrero de 1985 es asesinado en San Sebastián, de un tiro en la nuca, el empresario Angel Facal Soto, propietario de una empresa de remolcadores. Una de las participantes en el atentado fue la etarra Idoia López Riaño.
El 12 de mayo de 1985 es asesinado, también en San Sebastián, de tres tiros en la cabeza, el policía nacional Máximo Antonio García. Una de las participantes en el atentado fue la etarra Idoia López Riaño.
El 25 de abril de 1986, a las 7:15 de la mañana, mueren cinco guardias civiles y otros cuatro resultan heridos de gravedad, cuando ETA hace estallar un coche bomba con 20 kilos de Goma2 al paso del Land Rover en el que viajaban, en la esquina de las calles Juan Bravo y Príncipe de Vergara en Madrid. La explosión acabó con la vida de Juan Carlos González Rentero, Juan Mateo Pulido, Juan Catón Vázquez, Javier Domínguez González y Alberto Alonso Gómez. La explosión destrozó la fachada de la maternidad de Nuestra Señora del Rosario, donde estaban ingresadas en ese momento 55 mujeres y 60 niños. Tres horas después de aquel atentado, PNV y Herri Batasuna iniciaban una ronda de conversaciones. Entre los componentes del comando que perpetró el atentado se encontraban Ignacio De Juana Chaos e Idoia López Riaño.
El 17 de junio de 1986, un comando terrorista compuesto por dos hombres y una mujer ametralla en su coche al comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas, al teniente coronel Carlos Vesteiro y al soldado-conductor Francisco Casillas, cinco días antes de las elecciones generales. Según uno de los testigos presenciales, "uno de los terroristas metió la metralleta por la ventanilla del coche para rematar a Ynestrillas". Se da la circunstancia de que, cuatro días antes del atentado, la revista Cambio 16 publicaba un artículo acusando al comandante Sáenz de Ynestrillas de formar parte de una trama golpista de extrema derecha. Entre los componentes del comando que perpetró el atentado se encontraban Ignacio De Juana Chaos e Idoia López Riaño.
Un mes después, el 14 de julio de 1986, ETA hacía estallar una furgoneta cargada con explosivos y con cinco ollas a presión llenas de tornillería al paso de un autobús de la Guardia Civil, en la plaza de la República Dominicana de Madrid. En el autobús viajaban 54 agentes en prácticas de la Agrupación de Tráfico, de entre 25 y 19 años de edad. Doce guardias civiles fueron asesinados en aquella masacre: Jesús María Freixes, Santiago Iglesias Rodino, Carmelo Álamo, Miguel Cornejo Ros, José Calvo Gutiérrez, Andrés José Fernández Pertierra, Antonio Lancharro Reyes, José Joaquín García Ruiz, Jesús Gimeno Gimeno, Juan Ignacio Calvo Guerrero, Javier Esteban y Ángel de la Higuera López. Entre los componentes del comando que perpetró el atentado se encontraban Ignacio De Juana Chaos e Idoia López Riaño.
Veintitrés asesinatos cuenta, por tanto, en su haber Idoia López Riaño, apodada "La tigresa", una de las etarras con más sangriento historial de una banda terrorista plagada de asesinos sangrientos.
Y a esta terrorista es a la que el ministro Rubalcaba ha decidido acercar al País Vasco, alegando que la buena mujer se ha desmarcado por carta de la estrategia de ETA y que esos beneficios penitenciarios contribuyen a fomentar las divisiones en la banda terrorista. Por supuesto, el ministro no se ha dignado a pedir su opinión a los familiares de esos veintitrés asesinados.
Si estuviéramos ante otro Gobierno, tal vez los españoles podríamos tratar de valorar seriamente esas explicaciones del ministro.
Pero estamos ante un Gobierno que ha protagonizado el intento de imponer a la sociedad española una auténtica rendición ante ETA; un Gobierno cuyo presidente no ha tenido reparos en calificar de "trágico accidente" la voladura de una terminal del aeropuerto de Barajas, con dos muertos incluidos; un Gobierno cuyo presidente se ha atrevido a jactarse, hace apenas una semana, de que su mejor decisión ha sido ese proceso de negociación con ETA; un Gobierno que ha reintegrado al brazo político de ETA a las instituciones; un Gobierno que continúa manteniendo en cuarenta alcaldías a ese brazo político de la banda etarra; un Gobierno que ha tenido la desvergüenza de calificar de "hombre de paz" al jefe de ese brazo político; un Gobierno que ha llevado al Parlamento Europeo una moción de apoyo a las negociaciones con ETA; un Gobierno que ha hecho lo posible y lo imposible por controlar y desactivar a las asociaciones de víctimas y movimientos cívicos opuestos a la negociación; un Gobierno que continúa negándose a derogar la moción parlamentaria que autoriza a negociar con ETA...
Estamos, en suma, ante un Gobierno que ha hecho todo cuanto estaba en su mano por alcanzar un acuerdo con ETA, con lo que esa banda terrorista está hoy más cerca que nunca de conseguir los objetivos por los que lleva ya asesinados a casi mil españoles.
Así que sólo cabe deducir que el acercamiento de la etarra Idoia López Riaño es sólo un paso más, un gesto más, una cesión más, dentro de ese proceso de negociación que se acerca imparable a su consumación definitiva.
Con la particularidad de que, esta vez, el gesto no puede ser más siniestro.
Porque tenemos un Gobierno que no es que se esté manchando la toga con el polvo del camino - según la gráfica expresión que en su día utilizara el Fiscal General del Estado -, sino que está directamente chapoteando, con sus zapatos de Armani, en el inmenso charco de sangre que ETA ha ido dejando en ese camino.
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