(La demagogia de exigir más y más no solucionará los problemas. Al contrario, los agravará. Hay que racionalizar la sanidad pública y hacerla más eficiente. Demagogias aparte.)
SANIDAD PÚBLICA
LA SANIDAD pública española necesita una profunda reforma que haga viable su financiación a largo plazo. Éste es el gran punto de acuerdo de todos los expertos, aunque luego surgen diferencias en cuanto al modelo.
Nuestro suplemento Mercados traza hoy una radiografía del sector sanitario, cuyo gasto ha ido creciendo en las tres últimas décadas por encima del PIB. Uno de los datos más llamativos es que se producen cada año 77 millones de consultas innecesarias, lo que representa un 28% del total. Igualmente, el 30% de las radiografías que se realizan en nuestro país son perfectamente prescindibles.
En conjunto, el sistema público de salud sufre importantes bolsas de ineficiencia, tiende al despilfarro y está mal coordinado y mal gestionado. La lista de espera para recibir un tratamiento quirúrgico asciende a más de medio millón de personas, de los cuales el 10% llevan más de seis meses aguardando. Y ello a pesar de que el Estado gasta unos 60.000 millones de euros anuales en la sanidad, la mayor partida presupuestaria, una cifra que irá aumentando de forma considerable debido al envejecimiento de la población española.
Otro hecho inquietante son las diferencias en el gasto per cápita. El País Vasco invierte 1.552 euros por habitante al año, mientras que Andalucía y Valencia no llegan a los 1.000. Ello vulnera el principio de igualdad en el trato de las Administraciones Públicas. Esta falta de simetría se debe a la descentralización de la gestión en 17 autonomías, que son las que disponen de las competencias en esta materia, de suerte que el Gobierno de la nación se limita a hacer el papel de regulador del sector.
Casi todos los expertos coinciden en que esta fragmentación de la oferta sanitaria es un disparate que encarece los costes, por lo que tarde o temprano habrá que abordar la recentralización de algunos servicios. Ello es especialmente evidente en la adquisición de medicamentos, donde la creación de una central de compras estatal podría suponer un ahorro por encima de los 1.500 millones de euros. También carece de sentido que no haya una tarjeta única ni una base nacional de datos clínicos.
Al igual que ha sucedido con la Seguridad Social, el Gobierno debería nombrar un comité de expertos para empezar a trabajar en una reforma del sector que podría abarcar desde fórmulas de copago a conciertos privados pasando por una mejora en la gestión de los centros. Lo que resulta insostenible es mantener un déficit anual que se aproxima a los 8.000 millones de euros y que pone de relieve que hay que definir un nuevo modelo que sea sostenible financieramente, preservando a la vez la filosofía de servicio público que tiene el actual sistema.
(e-pesimo.Auxiliar 1/El Mundo)
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