(Rajoy es una desgracia para España. Deseo equivocarme. ¡Ojalá!
Pero lo que es aún más grave, es que el 'repuesto', es decir, el PSOE es, todavía, peor. ¿Por qué? Porque la enfermedad del gasto público es mucho más grave. Que ya es decir. Porque Mariano ha fracasado en el recorte del gasto público, como paso previo a la bajada de impuestos. Rubalcaba es peor. Terrible.
No sé lo que va a pasar, pero dudo de que podamos terminar, sin sobresaltos importantes, esta legislatura.)
La mayor deuda pública del siglo
La deuda pública española roza ya el 90% del PIB,
un nivel no visto en España desde principios del siglo XX. En concreto,
el conjunto de las Administraciones Públicas acumuló un endeudamiento
de 922.828 millones de euros el pasado trimestre, equivalente al 88,2%
del PIB. En los últimos doce meses, la deuda ha crecido en 148.000
millones, un 19% interanual, aproximándose así al nivel previsto
inicialmente por el Gobierno para todo el ejercicio (91,4% del PIB).
El actual nivel de deuda y, lo que es aún más importante, el brutal ritmo de crecimiento que sigue registrando esta partida ponen de manifiesto, una vez más, que la tan cacareada austeridad sigue siendo un mito que tan sólo reside en la palabrería del Gobierno y en las denodadas críticas de la oposición. El sector público sigue gastando mucho más dinero del que ingresa por vía fiscal, lo cual, unido al coste del rescate bancario, ha terminado disparando la deuda hasta un nivel muy peligroso. No en vano, el creciente coste de los intereses no deriva del aumento de la prima de riesgo y, por tanto, de la presión de los malvados especuladores, sino del ingente volumen de deuda acumulado, consecuencia directa de una clase política irresponsable y manirrota.
De ahí, precisamente, que no tenga ningún sentido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insista en llevar a cabo una receta cuyos resultados han sido nefastos. El PP, ahora de la mano del PSOE tras el pacto acordado con Rubalcaba, presionará a Bruselas para que suavice aún más los imprescindibles ajustes que debe llevar a cabo España para conseguir eliminar la brecha presupuestaria. Tras retrasar una vez más el cumplimiento de los objetivos de déficit, Rajoy insiste ahora en la necesidad de que la UE inyecte más dinero público en España para construir nuevas infraestructuras, subvencionar la contratación de jóvenes parados o tratar de reactivar el crédito.
Es decir, una especie de Plan E, sólo que esta vez europeo. Por desgracia, el presidente parece no percatarse de que este tipo de fórmulas –más gasto y más deuda– no sólo no solventará los problemas estructurales de la economía nacional sino que, además, en caso de aprobarse, desincentivará la implantación de reformas y recortes que siguen siendo claves para mejorar la competitividad de las empresas y la sostenibilidad de las cuentas públicas. La deuda pública ha crecido en más de 540.000 millones desde 2007, sin que ello haya contribuido a mejorar un ápice la crisis sino todo lo contrario.
Lo mismo sucede a nivel nacional. La deuda de las comunidades autónomas es la que más ha aumentado en el primer trimestre, casi un 30% interanual, hasta rozar los 190.000 millones, señal de que las Administraciones autonómicas aún tienen un largo camino por delante para poner sus cuentas en orden. Sin embargo, en lugar de presionar a los Gobiernos regionales para que culminen de una vez su necesaria reestructuración, Rajoy se dedica a negociar un déficit a la carta, cuyo efecto será desincentivar la aplicación de los ajustes pendientes a nivel autonómico. España sufre desde hace un lustro una grave crisis de deuda y, por tanto, la solución no es más deuda sino menos. (edit.ld).
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(Soy tan crítico con Rajoy por lo que dice Donges.)
Jürgen
Donges es un gran economista. Recordemos su puesto en el grupo de los
sabios alemanes y en la Universidad de Colonia. Desde su adolescencia
conoce España, y se ha convertido en un excelente experto en nuestra economía. Por ello, conviene destacar toda una serie de
respuestas que dio a Rosalía Sánchez (v. El Mundo del 27 de abril). Son diez los puntos que merece la pena
destacar.
El primero, que choca con multitud de simplismos que se exhiben, es éste: "El Gobierno de Rajoy está haciendo un gran esfuerzo. Con el ajuste fiscal, la reforma del sector bancario y la reforma laboral ha dado pasos esenciales" .
El segundo tiene que ver con lo que el Gobierno ha de alterar de modo implacable; "La agenda de reformas que tiene por delante es todavía larga. Lo importante ahora es no cejar y no dejarse intimidar por las protestas de la calle. Este Gobierno tiene una mayoría parlamentaria y debe hacer uso de ella".
El tercero se refiere al aplazamiento de los requisitos de déficirt. Dijo Donges con gran oportunidad: "El Gobierno tiene que tener mucho cuidado de que en los mercados financieros no vuelvan las dudas sobre el compromiso de sanear las finanzas públicas".
El cuarto: "Por el lado de los ingresos no se pueden descartar nuevas subidas de los impuestos indirectos, que son los que no afectan a la inversión"; y "por el lado del gasto quedan partidas improductivas, como numerosas subvenciones".
El quinto: "Es positivo que [el Gobierno] no haya caído en la tentación de [tomar] medidas puntuales para estimular la demanda interior, que serían un sedante transitorio".
El sexto: "Es positivo actuar por el lado de la oferta, como apoyo al emprendedor, la liberalización de servicios profesionales, la desindexación de la economía y la garantía de la unidad de mercado en España".
El séptimo es una petición al Gobierno para que no cometa el error de descartar una subida del IVA y para que entre en "la reforma de las Administraciones públicas y la privatización, si no eliminación, de muchas empresas públicas existentes sin un objetivo razonable".
El octavo: "El modelo de comunidades autónomas, tal y como se ha venido practicando, no es sostenible porque invita al despilfarro en el gasto público y a una sobrerregulación que no respeta la unidad del mercado nacional".
El noveno, muy concreto: se trata de "un disparate" el "crear obstáculos a la actividad económica por la vía de la inmersión lingüística, como lo practican los nacionalistas catalanes".
El décimo aboga por que los sindicatos se financien exclusivamente "con las cuotas de sus afiliados".
He aquí un decálogo que respalda la postura del Gobierno y la posición de multitud de personas vinculadas con los organismos directivos del Partido Popular, sobre el que recae la responsabilidad de orientar adecuadamente nuestra economía. (Juan Velarde/ld)
El actual nivel de deuda y, lo que es aún más importante, el brutal ritmo de crecimiento que sigue registrando esta partida ponen de manifiesto, una vez más, que la tan cacareada austeridad sigue siendo un mito que tan sólo reside en la palabrería del Gobierno y en las denodadas críticas de la oposición. El sector público sigue gastando mucho más dinero del que ingresa por vía fiscal, lo cual, unido al coste del rescate bancario, ha terminado disparando la deuda hasta un nivel muy peligroso. No en vano, el creciente coste de los intereses no deriva del aumento de la prima de riesgo y, por tanto, de la presión de los malvados especuladores, sino del ingente volumen de deuda acumulado, consecuencia directa de una clase política irresponsable y manirrota.
De ahí, precisamente, que no tenga ningún sentido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insista en llevar a cabo una receta cuyos resultados han sido nefastos. El PP, ahora de la mano del PSOE tras el pacto acordado con Rubalcaba, presionará a Bruselas para que suavice aún más los imprescindibles ajustes que debe llevar a cabo España para conseguir eliminar la brecha presupuestaria. Tras retrasar una vez más el cumplimiento de los objetivos de déficit, Rajoy insiste ahora en la necesidad de que la UE inyecte más dinero público en España para construir nuevas infraestructuras, subvencionar la contratación de jóvenes parados o tratar de reactivar el crédito.
Es decir, una especie de Plan E, sólo que esta vez europeo. Por desgracia, el presidente parece no percatarse de que este tipo de fórmulas –más gasto y más deuda– no sólo no solventará los problemas estructurales de la economía nacional sino que, además, en caso de aprobarse, desincentivará la implantación de reformas y recortes que siguen siendo claves para mejorar la competitividad de las empresas y la sostenibilidad de las cuentas públicas. La deuda pública ha crecido en más de 540.000 millones desde 2007, sin que ello haya contribuido a mejorar un ápice la crisis sino todo lo contrario.
Lo mismo sucede a nivel nacional. La deuda de las comunidades autónomas es la que más ha aumentado en el primer trimestre, casi un 30% interanual, hasta rozar los 190.000 millones, señal de que las Administraciones autonómicas aún tienen un largo camino por delante para poner sus cuentas en orden. Sin embargo, en lugar de presionar a los Gobiernos regionales para que culminen de una vez su necesaria reestructuración, Rajoy se dedica a negociar un déficit a la carta, cuyo efecto será desincentivar la aplicación de los ajustes pendientes a nivel autonómico. España sufre desde hace un lustro una grave crisis de deuda y, por tanto, la solución no es más deuda sino menos. (edit.ld).
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(Soy tan crítico con Rajoy por lo que dice Donges.)
El Decano 2013-05-11
Donges dijo
El primero, que choca con multitud de simplismos que se exhiben, es éste: "El Gobierno de Rajoy está haciendo un gran esfuerzo. Con el ajuste fiscal, la reforma del sector bancario y la reforma laboral ha dado pasos esenciales" .
El segundo tiene que ver con lo que el Gobierno ha de alterar de modo implacable; "La agenda de reformas que tiene por delante es todavía larga. Lo importante ahora es no cejar y no dejarse intimidar por las protestas de la calle. Este Gobierno tiene una mayoría parlamentaria y debe hacer uso de ella".
El tercero se refiere al aplazamiento de los requisitos de déficirt. Dijo Donges con gran oportunidad: "El Gobierno tiene que tener mucho cuidado de que en los mercados financieros no vuelvan las dudas sobre el compromiso de sanear las finanzas públicas".
El cuarto: "Por el lado de los ingresos no se pueden descartar nuevas subidas de los impuestos indirectos, que son los que no afectan a la inversión"; y "por el lado del gasto quedan partidas improductivas, como numerosas subvenciones".
El quinto: "Es positivo que [el Gobierno] no haya caído en la tentación de [tomar] medidas puntuales para estimular la demanda interior, que serían un sedante transitorio".
El sexto: "Es positivo actuar por el lado de la oferta, como apoyo al emprendedor, la liberalización de servicios profesionales, la desindexación de la economía y la garantía de la unidad de mercado en España".
El séptimo es una petición al Gobierno para que no cometa el error de descartar una subida del IVA y para que entre en "la reforma de las Administraciones públicas y la privatización, si no eliminación, de muchas empresas públicas existentes sin un objetivo razonable".
El octavo: "El modelo de comunidades autónomas, tal y como se ha venido practicando, no es sostenible porque invita al despilfarro en el gasto público y a una sobrerregulación que no respeta la unidad del mercado nacional".
El noveno, muy concreto: se trata de "un disparate" el "crear obstáculos a la actividad económica por la vía de la inmersión lingüística, como lo practican los nacionalistas catalanes".
El décimo aboga por que los sindicatos se financien exclusivamente "con las cuotas de sus afiliados".
He aquí un decálogo que respalda la postura del Gobierno y la posición de multitud de personas vinculadas con los organismos directivos del Partido Popular, sobre el que recae la responsabilidad de orientar adecuadamente nuestra economía. (Juan Velarde/ld)
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